Un grupo de vecinos de la ciudad de Totoras inició una demanda de acción de amparo ambiental contra la empresa Bertotti Plásticos S.A.S y contra el propio municipio por contaminación ambiental y por omisión al cumplimiento de sus funciones en materia ambiental, respectivamente. Organizados y representados legalmente por la Asociación Civil Sentido Ambiental, denuncian que la empresa nunca presentó el estudio de impacto ambiental requerido legalmente para instalar la fábrica de plásticos reforzados que funciona a metros de sus viviendas y que los efectos de la contaminación está provocando graves afecciones a la salud de las más de 15 familias que viven en el lugar. 

De acuerdo a lo que se detalla en la demanda, en el 2005 Bertotti Plásticos compró un predio en la calle Suipacha 1600 de la ciudad de Totoras, donde instaló una nueva fábrica en donde comenzó con la fabricación de piletas de fibras de vidrio. Según se explica en la presentación judicial, la industria se encuentra dentro del suelo urbano de la ciudad, a escasos metros de las viviendas pertenecientes a los vecinos demandantes, quienes comenzaron a habitar el barrio en el año 2015 a partir de una adjudicación de lotes por parte de la Municipalidad de Totoras.

“Desde que comenzaron a habitar en el vecindario, padecen numerosos problemas a raíz de las distintas actividades llevadas a cabo por la fábrica: ruidos molestos, olores nauseabundos, irritaciones en la vista y en la garganta, dolores de cabeza, entre otras graves afectaciones a la salud”, se menciona en el texto legal. Desde el año 2017, los vecinos de este barrio ubicado a escasos metros de la Ruta Nacional N° 34 comenzaron sus reclamos ante la Municipalidad de Totoras y ante la falta de soluciones contundentes decidieron judicializar el caso.

Bárbara Ausili, una de las abogadas de la Asociación Civil Sentido Ambiental, explicó a Rosario/12 que pudieron constatar que la empresa no tiene un estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe: “Presentamos una nota ante el Ministerio el año pasado y respondieron que no existe ninguna empresa registrada con ese nombre. Una fábrica de estas características no puede desarrollar su actividad comercial sin un certificado de aptitud ambiental emitido por el Ministerio”, sentenció la letrada. Al mismo tiempo, mencionó que el objetivo de la demanda es “el cese de la contaminación ambiental y la recomposición del daño”, aclarando que no buscan el cierre definitivo de la empresa o la imposibilidad de generar puestos de trabajo sino “el cumplimiento de los requisitos dispuestos por las normas ambientales y la recomposición de los daños”.