En plena campaña para las elecciones legislativas provinciales que se llevarán a cabo el 15 de agosto, es pertinente recuperar algunas discusiones relacionadas al tema que se dieron en los últimos años en el ámbito del Concejo Deliberante de Salta.

Ciertamente, también se debe tener en cuenta que esta campaña en particular se desarrolla en el contexto de la emergencia sanitaria. Sin duda, esta situación reconfigura las estrategias tradicionales, cobrando más relevancia (de la que ya tienen) las publicaciones en redes sociales y el desfile de candidatos en los medios masivos de comunicación.

En 2017 ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad un proyecto de ordenanza para establecer como obligatorio el debate de candidatos a intendente y concejales. Si bien la iniciativa no llegó a tratarse en el recinto, pudo discutirse tanto en las comisiones de trabajo, como en un plenario, del cual participaron representantes de distintos sectores.

En esa reunión, Frida Fonseca, concejala autora del proyecto, explicó que la intención de la iniciativa era “Generar una herramienta democrática y válida para fortalecer los procesos legislativos y ejecutivos de elección”; y también planteó que “en las campañas se pone el énfasis más en la imagen y el marketing y menos en cuáles son las propuestas, los proyectos y las ideas que los partidos tienen en relación a los problemas”.

Una de las cuestiones que se analizó en ese plenario fue la necesidad de un reglamento específico para el buen desarrollo del debate: “Es importante que se definan reglas claras para que el debate sea de propiedad de la comunidad y no de un medio”, manifestó el entonces concejal Ignacio González, en aquella discusión. 

En igual sentido, la edila Lihué Figueroa planteó trasladar a los barrios el intercambio de propuestas entre candidatos: “El debate podría desarrollarse en el ámbito de los Centros Vecinales”, dijo.

Pasaron cuatro años, dos elecciones (2017 y 2019) y, sin embargo, los debates entre candidatos para ocupar cargos ejecutivos y legislativos municipales nunca sucedieron. Ahora el proyecto para establecer su obligatoriedad duerme cómodamente en algún estante del abarrotado archivo del Concejo Deliberante.

Empero, en 2019 se insistió con este tema a través de un proyecto de Declaración de Anhelo. Si bien una iniciativa de este tipo es simplemente una expresión de deseo, en la que el cuerpo deliberativo manifiesta que “vería con agrado” una acción determinada, en este caso, se redoblaba la apuesta inicial: se proponía como obligatorios los debates preelectorales para todos los cargos ejecutivos provinciales y municipales. Pero eso sí, los concejales se autoexcluían de la discusión y pateaban la pelota a la Legislatura, ya que serían los diputados y senadores quienes tendrían que redactar y votar una ley de alcance provincial referida a este tema.

El expediente no llegó a discutirse en las comisiones, ni siquiera registró movimiento alguno. Al parecer, los concejales que conformaron el nuevo cuerpo en 2019 no vieron la iniciativa con el mismo agrado que los de 2017.

Las paredes no se manchan

Pero en ese 2019 sí hubo lugar para otro debate interesante en el edificio deliberativo de la Avenida del Líbano.

En junio llegó al recinto un proyecto de ordenanza para modificar la normativa referida a los anuncios publicitarios públicos y privados (la ordenanza 13.777), introduciendo una serie de artículos para regular la propaganda política-electoral en la vía pública. Uno de los puntos más importantes establecía que los anuncios en cuestión deberían “ser retirados o borrados por el partido (político) responsable en cada caso, en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos posteriores al acto eleccionario”. Por otro lado, el texto fijaba las multas ante el incumplimiento de lo establecido.

Al tomar la palabra en aquella sesión, el concejal Santiago Alurralde, uno de los autores de la iniciativa, explicó que su objetivo era “limpiar y desmanchar la política”. El edil dijo estar “harto de convivir con carteles políticos los 365 días del año”, al igual que “la mayoría de los vecinos a quienes no les gusta que les ensucien la ciudad”. En ese sentido, planteó la existencia de otros métodos más útiles para que los candidatos hagan conocer sus propuestas y que puedan debatirse: “en definitiva, la gente no va a modificar su voto por ver una carita sonriente o una cara bonita en la calle”, aseguró. Finalmente, afirmó que cada vez que comienza la campaña electoral, “Salta la linda se convierte en Salta la sucia”.

Tras las palabras de Alurralde, la concejala del Partido Obrero Cristina Foffani salió al cruce. “Si quieren limpiar la política, el problema no son las paredes, sino los políticos que se llenan los bolsillos y arman fortunas con la plata de los vecinos”, disparó. Luego sostuvo que su partido “no pone caras bonitas” en los carteles y aclaró: “De hecho yo no soy linda; soy bien fiera y vieja”. Pero también aseguró que, durante aquella campaña, el Partido Obrero explicaría “no con caritas lindas sino con pintadas y cartelería”, las intenciones “de los partidos del régimen” de “reventar las condiciones de vida de las masas”. Por último, Foffani denunció la existencia de una “desigualdad brutal” entre los recursos de unos y otros partidos políticos y desafió: “Aunque nos cobren multas, los trabajadores vamos a seguir pintando paredes y poniendo carteles”.

Aquel debate se prolongó por más de una hora y media, con cuarto intermedio incluido, pero finalmente el proyecto volvió a comisión. Un mes después, se trató por segunda vez en el recinto y resultó aprobado.

La ordenanza fue promulgada bajo el número 15.597 en septiembre de 2019 y, desde entonces, se encuentra vigente. En el artículo referido a las penalidades, la normativa prevé multas de hasta $114.000 para los partidos políticos, agrupaciones, frentes electorales, precandidatos o candidatos, que no cumplan con lo que allí se establece como obligatorio: el retiro de todos los anuncios de la vía pública, luego de treinta días de transcurridos los comicios.