El gobierno autorizó este viernes cuatro aumentos del 9 por ciento para las empresas de medicina prepaga, tres de los cuales se aplicarán este año y uno en enero de 2022. Esta medida generó polémica por el impacto que puede llegar a tener sobre el índice de precios y, sobre todo, en el bolsillo de los y las trabajadoras.

Según consta en la resolución 2125/2021 publicada en el Boletín Oficial, los primeros tres aumentos se aplicarán de manera consecutiva y acumulada en los meses de agosto, septiembre y octubre; y luego habrá una última suba en enero del año que viene. Contando las subas autorizadas de 3,5 por ciento en marzo, 4,5 por ciento en abril y 5,5 por ciento en mayo, las compañías terminarán por ajustar sus cuotas en 47,8 por ciento hacia fin de año. Con el de enero de 2022, llegará al 61,1% de aumento acumulado en menos de un año.

Con los precios actuales, una familia integrada por un matrimonio y dos hijos entre 6 y 12 años deben destinar entre 8.300 y 23.797 pesos de sus ingresos a la medicina prepaga, dependiendo del tipo de servicio que contrate y de acuerdo al relevamiento del portal MiObrasocial. Aplicando el aumento autorizado, que con los cuatro ajustes acumula una suba del 41,1 por ciento, los precios quedarían en 11.711 pesos para contratar una cobertura económica, y de 33.577 pesos para las coberturas más caras.

El texto que lleva la firma de la ministra de Salud,  Carla Vizzotti, justifica el aumento al señalar que las empresas del sector "han informado el incremento de sus costos desde la fecha del último aumento de cuotas autorizado". "Al observar la variación que sufrieron los costos en salud, resulta necesario contemplar que los mayores costos del sector y la valiosa y necesaria inversión que han debido realizar los prestadores para hacer frente a la pandemia y evitar el colapso del sistema sanitario", añadió.

"El incremento aprobado no compensa la inflación acumulada para este periodo, pero los aumentos aprobados desde 2016 a 2019, acumulan más que la inflación para el mismo periodo", asegura al respecto la economista directora de CEPA Julia Strada.

Cuestionamientos

Si bien uno de los argumentos más fuertes del sector al momento de pedir la autorización de aumentos tuvo que ver con el cuasi congelamiento de las cuotas durante el 2020, ya que hubo un solo aumento del 10 por ciento en diciembre, fuentes del sector sindical observan que los aumentos salariales de todos los sectores significan aumentos en los ingresos de las prepagas.

"Es por la triangulación: todos los trabajadores aportan el 8,1 por ciento de sus salarios a las Obras Sociales que luego derivan a distintas prepagas. El aumento de los salarios les significa también un aumento", afirman. Es que del total de la población argentina, 6 millones de personas utilizan servicios de medicina prepaga. De este universo, 4,8 millones utilizan aportes para pagar total o parcialmente la cuota. Apenas 1.2 millones de personas abonan la totalidad de la tarifa en forma particular (sin aportes, con plata de su bolsillo). "Es mentira que estuvieron congelados", completan.

Por otra parte, a principios de este año el gobierno otorgó 227,7 millones de pesos a las obras sociales para compensar, de manera excepcional, las caídas en las recaudaciones de diciembre respecto de marzo que hayan tenido los agentes del seguro de salud en el marco de la pandemia de coronavirus. "Que triangulan hacia las prepagas", aseguran desde el sector sindical y agregan que, además, cuando un trabajador de la prepaga ya sea administrativo o personal médico tiene Covid, el Estado se hace cargo de los costos a través de la ART.

La resolución publicada en el Boletín Oficial agrega que los costos del sector "fueron también mitigados a través de distintas medidas asistenciales propiciadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, como ser el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la postergación o reducción del pago de aportes y contribuciones de la seguridad social o el Programa de Recuperación Productiva (Repro 2), con impacto directo en muchas entidades del sector", pero resalta que "sin perjuicio de la asistencia financiera excepcional otorgada a los Agentes del Seguro de Salud y los aumentos de valor de cuota autorizados a las Entidades de Medicina Prepaga, corresponde adoptar medidas que contribuyan a dotar de mayores recursos a los prestadores contratados por ellos".

La economista de Ecolatina Agostina Amynorec observa que la medida no sorprende en un contexto en el cual, este año, parte de los precios regulados comenzaron a recuperar el terreno perdido en 2020. Y realiza un comentario acerca del impacto que este aumento puede generar en el índice general de precios: " la estructura pondera (gastos en salud) bastante más en Gran Buenos Aires que en el resto del país, con lo cual va a tener una incidencia bastante mayor en esta región con respecto al resto". Se trata de 3.18 por ciento frente al 1,79 por ciento en la región pampeana, 1 por ciento en Cuyo, 0,8 por ciento en la patagonia y 0,7 por ciento en el noroeste.