Víctimas y familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante la última dictadura cívico eclesiástica militar y sus años previos pidieron a los jueces que integran la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que revean su decisión de devolver al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata el expediente de Juan José Pomares, el ex miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) dos veces absuelto en esa instancia, y lo condenen.

“Aquí estamos, a más de 45 años de los hechos, contemplando atónitos como esta causa va de un lugar a otro sin que los jueces del Tribunal Oral de La Plata hagan lo que ustedes deciden, ni ustedes emitan la condena que de acuerdo a lo que resuelven, corresponde”, expresaron en una carta enviada a los camaristas Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Angela Ledesma sobre la situación de Pomares ante la Justicia.

En 2017, Pomares fue enjuiciado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1976 junto a Carlos “El Indio” Castillo, miembro y cabeza respectivamente de la CNU en La Plata. Los jueces que integraron en calidad de subrogantes el TOF 1 para ese juicio, Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli, condenaron a Castillo, pero absolvieron a Pomares a pesar de que fue reconocido por varios testigos a través de fotografías. En 2019, las querellas de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la Subsecretaría provincial y los organismos de derechos humanos apelaron ese fallo, que recayó en la Sala IV de la Casación. Allí comenzó el ping pong.

“Un año y tres meses después, el 30 de abril de 2019, esta Cámara anuló la absolución, dispuso el reenvío al Tribunal Oral, quien insistió el 8 de junio de 2020 -más de un año después – con la absolución de Pomares. Pasó otro año y el 22 de junio nuevamente resuelven ustedes anular la absolución y reenviar al Tribunal Oral”, resume el grupo de víctimas y familiares de víctimas de esa patota de civiles al servicio del terrorismo de Estado que, amparada en la impunidad que le garantizaban la Policía bonaerense, las Fuerzas Armadas y el poder político, cometió decenas de crímenes.

El hecho de que por lo menos tres sobrevivientes reconocieron a Pomares por foto fue insuficiente para el TOF 1, una valoración de la prueba que la Sala IV de Casación encontró contraria en las dos oportunidades que devolvió el expediente. 

La carta está firmada por Mario Urrera, sobreviviente de la persecución de la CNU --su hermano Horacio fue asesinado-- y familiares de otras víctimas como Carlos Povedano, Patricia Claverie, Adriana Zaldúa, Héctor Frigerio, Ana María Guzner, Lidia Agostini, Roberto Loscertales, Mario Gershanik y Luisa Córica --las firmas fueron creciendo con el correr de los días-- y busca respaldar el pedido de revocatoria de la última decisión de les camaristas, presentado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, para que el expediente no sea devuelto, una vez más al tribunal, sino que sea la propia sala la que dicte una nueva sentencia. Se trata de una parte de las víctimas de la patota que quedaron fuera del juicio de 2017, al que calificaron de “demorado y fragmentado”. La Secretaría de Derechos Humanos nacional solicitó lo mismo a la Casación.

“Nos preocupa esta práctica de la Cámara de no realizar una casación positiva” de los casos que debe resolver, puntualizó la abogada querellante Guadalupe Godoy en relación con los efectos que esas decisiones acarrean en este tipo de causas. “A más de 45 años (de cometidos los crímenes) , terminan siendo una maniobra dilatoria más ya no de las defensas sino apañada por la propia Justicia”, remarcó.

En La Plata, la demora en el recorrido procesal cuenta con el agravante de que en la jurisdicción no hay prácticamente jueces titulares en los tribunales. Para llevar a cabo la orden de la Casación, la integración que el TOF 1 tuvo para aquel juicio en particular debe reunirse, evaluar nuevamente y fallar. “Se genera muchísima complejidad”, sostuvo Godoy.

“¿Cuanto tiempo más tendremos que esperar? ¿Quiénes son los responsables de hacer efectivos los compromisos que el Estado tiene respecto del esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad?”, se preguntaron las víctimas.