Las organizaciones que vienen rechazando la construcción de un barrio de torres de lujo en Costanera Sur consideran “alentador” que este jueves haya habido un freno al proyecto en la Legislatura porteña. “Nos da esperanza, aunque sabemos que somos David contra Goliat”, sintetizó la historiadora urbana María Rosa Gamondés, quien integra la Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo de la Comuna 4. La historia continuará en la calle (con una recorrida por la zona este sábado) y en la Justicia, ya que el gobierno porteño apeló la medida cautelar que detuvo momentáneamente el avance de la iniciativa y solicitó su levantamiento.

Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad --una de las cuatro organizaciones responsables del amparo que derivó en aquella cautelar-- calificó de "histórico" lo ocurrido. “Los legisladores se vieron obligados a respetar una orden judicial, lo cual resulta bastante extravagante, pero todos los días previos venían sosteniendo que no se iban a sujetar a la sentencia, con el argumento de que nadie podía impedir a la Legislatura cumplir con sus funciones”, analizó.

La resolución del juez Guillermo Scheibler estableció que debía haber una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental antes del tratamiento de un proyecto de estas características. “El debate político y urbano tendría que darlo primero la ciudadanía, y con información, para que luego los representantes decidan. Pero ellos no querían escucharla. Siguen sin querer hacerlo”, protestó Baldiviezo, en diálogo con Página/12. Para el abogado, quedaron planteadas “dos formas de entender la democracia”: “Un sector piensa que la democracia son los legisladores y los intereses inmobiliarios, y que la Legislatura está por sobre la Constitución y tratados internacionales. Las organizaciones y un par de jueces la entienden como participativa y ambiental”. Cuestionó que el proyecto de Costa Urbana esté avalado por un informe técnico de tan sólo 19 páginas, así como también la amenaza de juicio político por parte de los legisladores del oficialismo porteño al juez Scheibler.

Cómo sigue la historia, en las calles y en la Justicia

“Lo que pasó implica un poco más de tiempo para que la ciudadanía se entere realmente de cuánto es lo que está en riesgo, de las tierras públicas que se pueden recuperar como acceso al río”, expresó, por su parte, Silvana Canziani, integrante de la Comisión de Vecinos de la Calle Irala y Adyacencias. Las organizaciones ya definieron algunas estrategias para continuar con la lucha. El Observatorio está invitando a hacer una recorrida por la zona el sábado a las 16. Otras organizaciones convocarán a una bicicleteada. "Queremos que este sea un espacio verde, que conviva con la cercana reserva", manifestó Gamondés.

Baldiviezo explicó que la historia continúa en la Justicia. El gobierno solicitó el levantamiento de la cautelar a la vez que apeló la decisión. "En los próximos días vamos a ver qué se resuelve antes", dijo el abogado. Todo está en suspenso, y nada garantiza aún que haya audiencia pública o informe de impacto ambiental, pues no hay sentencia firme.

El planteo estructural de las organizaciones es que el megaproyecto de IRSA quede archivado y en su lugar se traten otras alternativas. Una la presentará este viernes el Observatorio, con más de mil firmas. Otra es de Tierras Ferroviarias. Son similares. A grandes rasgos, estos proyectos apuntan a la expropiación del predio por parte de la Ciudad y su disposición para uso público como área recreativa y espacio verde. “Hay otro proyecto con el que no acordamos, que incorpora vivienda social. Nosotros creemos que la zona no es para vivienda: ni para ricos ni para pobres. Están la central termoeléctrica y el polo petroquímico. Y lo más importante es el aumento del nivel del río. No hay que urbanizar las costas”, detalló Canziani. Se sabe que la oposición de parte de las organizaciones a las torres en Costanera no abarca sólo la dimensión ambiental. "No puede haber un barrio así en un barrio pobre. Es solidificar la exclusión", concluyó Canziani.

Otras lecturas

En sintonía con la mirada de Baldiviezo, se expresaron dos referentes de organizaciones que también presentaron el amparo. Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de Laburantes, sostuvo: "Celebramos que la Legislatura haya decidido respetar la medida judicial que defendió la democracia ambiental al suspender el trámite de un proyecto cuando no se escuchó a la ciudadanía en forma previa como establece la Constitución. Esperamos que en vez de amenazar con destitución al juez respeten nuestros derechos políticos a discutir la defensa de la Costanera y del humedal". Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, manifestó: "La democracia en la ciudad de Buenos Aires es participativa, de acuerdo a la Constitución, y ambiental por el Acuerdo de Escazú. La Legislatura debe primero garantizar los derechos políticos de la ciudadanía que los negocios de sectores inmobiliarios. Sectores legislativos pretenden avanzar sin querer escuchar a la ciudadanía que quiere que en esos predios se cree una nueva reserva ecológica".