Desde Santa Fe

El director provincial del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, dijo que el operativo de la semana pasada en la comisión de Acuerdos de la Legislatura es “otro intento de embarrar la cancha” que asoció a los anteriores: la denuncia del juicio político que terminó en el archivo y un “sumario administrativo ficticio” en el MPA para suspenderlo en su cargo por supuestos hechos cuando era ministro de Seguridad, pero que se frenó por el amparo judicial. “Ahora van por otra” escalada –dijo- en referencia al legajo disciplinario a una funcionaria de su área, que le apunta a él. “Entonces, si el reprochado soy yo -adelantó-, me encantaría ser convocado” a la Legislatura para “decir lo que tengo que decir”.

“Durante todo el año pasado, dijeron que yo era el Jaime Stiuso de la provincia, que tenía carpeteados a políticos, empresarios, funcionarios judiciales, legisladores, que los había espiado ilegalmente, que les había chupado el teléfono y las comunicaciones", recordó Sain. "Acá dicen las cosas así y no pasa nada. Es extraño. Cualquier periodista, editorialistas de medios importantes, dirigentes políticos y hasta el propio fiscal regional (Carlos) Arietti cuando hace la denuncia con la que abren el sumario en el MPA dice que yo hago inteligencia ilegal sobre todas estas personas. No hubo una sola prueba. Nunca, de nada. Y ahora, la única escucha que había sido denunciada por un funcionario del Organismo de Investigaciones, que era una (presunta) escucha ordenada por mí de manera ilegal resultó ser una escucha legal, que pidió un fiscal y autorizó un juez en una investigación sobre una estructura de poder donde se escuchaba a un criminal. Todavía no se ventiló ese audio en una audiencia imputativa, pero ya lo van a ver”.

El segundo paso fue agitar sospechas por un supuesto “uso indebido” de la escucha: “Que la persona que había llevado a cabo esa investigación dentro del Organismo de Investigaciones me informaba de todo esto a mí, que era el ministro de Seguridad. No hay ninguna prueba material de todo eso. Lo dejó muy claro la auditora general del MPA (María Cecilia Vranicich) cuando expuso” ante la comisión de Acuerdos.

-¿Quiénes intentan embarrar la cancha? –le preguntó un colega de radio Delta.

-Sectores de la UCR que se fueron del Frente Progresista liderados el diputado Maximiliano Pullaro. Sus diputados son los que están detrás de esto y parte de los chicos que han hecho esta denuncia dentro del Organismo de Investigaciones están históricamente vinculados a ese sector político.

“Acá se armó una puesta en escena” en la Legislatura –insistió Sain. “Pero años atrás (en 2018) escuché al fiscal general (Jorge) Baclini hablar con el entonces ministro (de Seguridad) Pullaro diciéndole que habían acordado que la imputación a un policía cercano a Pullaro se iba a hacer después de las elecciones, pero al final la adelantaron y el ministro le reprochaba eso al fiscal general. Eso lo escuchó todo el mundo. Nadie se escandaliza de eso. Hoy, esa investigación tendría que ser reabierta porque eso sí se escuchó y fue cerrada por algunos fiscales de la ciudad de Santa Fe, que siempre archivan las causas que comprometen a ex funcionarios del Frente Progresista. Hay un fiscal al que llaman el archivador, porque siempre archiva estas causas”, ironizó.

-A la pasada mencionó al senador Armando Traferri –le plantearon.

-Me voy a eximir de opiniones políticas. Lo que describía es un hecho concreto. Traferri es una persona apuntada penalmente de delitos graves, que es senador y tiene fueros, pero esos fueros no impiden que sea imputado y así se va a hacer en la provincia, esa persona es el socio político de un candidato a senador, que es Agustín Rossi. Este es un elemento objetivo –contestó.