Córdoba, La Rioja, Bahía Blanca, Corrientes, Buenos Aires, Misiones. Los relatos de violencia laboral en distintos institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se suman en un aluvión de malestar y miedo. La entrevista colectiva suma 12 testimonios: becarias, investigadoras, Carrera de Personal de Apoyo (CPA), administrativas, varias mujeres y algunos varones cuentan sus experiencias de violencia machista, maltrato y la falta de respuesta -con revictimización- del organismo que concentra la investigación científica del país. “Me causa cierta pena porque todos hablamos con mucho miedo, a no poder mantener nuestra familia, a perder nuestro lugar de trabajo, a que nuestros directivos se nos sigan riendo, a que no podamos llevar el pan todos los días a nuestra casa”, dice uno de lxs entrevistadxs. “Veíamos que no eran situaciones aisladas, que tenía que ver con una mala conducta de un investigador, o investigadora, o de un director o directora, sino que eran situaciones de violencia grave que se estaban replicando en muchos institutos de todo el país”, dice otra de las participantes de la entrevista, para la que piden reserva de sus nombres, ya que se sienten expuestas a la pérdida de su trabajo.

Una encuesta realizada por algunas de las participantes del Colectivo de Trabajadorxs contra las Violencias en CONICET, en noviembre del año pasado, revelaba que “por lo menos el 60% del personal del Conicet, al menos en esta muestra, había sufrido situaciones de violencia laboral y de género a lo largo de su carrera”. Así nació la campaña Con Violencia No hay Ciencia. “Empezamos a hablar de conjunto y decidimos empezar a visibilizar esto a nivel personal e institucional, porque percibíamos que la mayoría de los trabajadores tenían muy naturalizado el tema de la violencia, ya que Conicet es una institución muy jerárquica”, sigue una de las afectadas. Esta semana, además, hicieron circular una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y otras autoridades nacionales, con sus reclamos.

Las12 consultó a la presidenta del Conicet, Ana Franchi, quien enumeró las medidas tomadas para prevenir y sancionar la violencia de género y laboral, y confirmó la cantidad de denuncias existentes. “Actualmente hay 56 investigaciones administrativas en curso, de las cuales 28 fueron presentadas en la Comisión de Igualdades y Trato (CIOT). Todas fueron instruidas por denuncias de violencia laboral y/o de género, 48 se encuentran en etapa de cargo y 8 en etapa de descargo”, dijo la máxima autoridad del organismo. La CIOT es tripartita, además del Estado empleador, la integran los gremios UPCN y ATE. La planta total de Conicet es de 27.000 agentes.

En otra sintonía, diferente a la decena de relatos escuchados, Franchi destacó el funcionamiento de las comisiones interdisciplinarias del Observatorio de violencia laboral y de género, creado en 2017, “que tiene nueve lugares de atención en el interior del país y tres más están siendo preparados para poder inaugurarlos”. Dijo la funcionaria que “este observatorio trabaja con las personas, incluso antes de que hagan una denuncia, sino cuando vienen a hablar, tratando de trabajar con las autoridades. La idea de nuestro observatorio es prevenir, por supuesto sancionar cuando haya una denuncia, pero ir previniendo, porque aun cuando el denunciado tenga una sanción y la persona se cambie de lugar de trabajo, siempre es un costo para la persona que hace la denuncia. Entonces, nuestra idea es por supuesto trabajar con las denuncias, pero tratar de ir creando ambientes más sanos”.

Sanciones en La Rioja

El miedo escaló en las últimas semanas, porque el 5 de agosto se conocieron las sanciones a siete personas del instituto CRILAR de La Rioja, de entre 25 y 15 días de suspensión sin goce de haberes. La historia se cuenta con miradas diferentes.

De un lado, y con temor, las personas afectadas no pueden hablar porque existe el “secreto de sumario”. Una trabajadora que conoce la situación de cerca plantea que todo comenzó con una nota firmada por todos los estamentos del organismo, para pedir que un investigador no fuera nombrado como subdirector del Instituto, ubicado en Anillaco, con dependencia múltiple con las Universidades de Catamarca, La Rioja y el Servicio Geológico Minero. La designación se realizó, y posteriormente, esta persona fue denunciada por violencia de género por una becaria. Se abrió un primer sumario por ese motivo, que no derivó en sanciones. La denunciante fue trasladada a otro instituto, en Córdoba. La situación llegó a la Secretaría de Trabajo de La Rioja. Luego, doce integrantes del Instituto afrontaron otro sumario por “posición antagónica”, entre otras acusaciones. Y allí sí hubo sanciones. Desde la Agrupación Felipe Varela de ATE La Rioja hicieron público un pedido de “nulidad de todo lo actuado” y un proceso “justo con perspectiva de género y sin favoritismos”.

“Eso se inició en 2018”, cuenta una testigo directa. “Durante todo este tiempo los sumariantes revictimizaron, perdieron las pruebas. El sumario dice cosas ridículas está todo mezclado y cada vez que los trabajadores tienen que testificar, se los vuelven a violentar, tanto a los sumariados como a los testigos, cambiando preguntas, cambiando los horarios de los testimonios, haciéndoles repetir o revisitar las zonas a las personas violentadas para que vuelvan a contar lo mismo que ya contaron y después no consignarlo. Sufren un maltrato por haber sido consideradas antagonistas del director”, es el relato de una trabajadora. Cuenta que “en el Instituto se recibió la visita de Miguel Ángel Laborde, integrante del directorio y ante el pedido de todo el personal para que por favor intervenga, amenazó con sumarios”. El proceso disciplinario se inició hacia investigadores, personal de apoyo y becarios, pero finalmente, sólo avanzó contra investigadores.

La versión oficial

El gerente de Asuntos Legales de CONICET, Alan Temiño, dio una versión contrapuesta sobre lo sucedido en CRILAR. “Por lo menos voy a calificarlo como desinformación, porque los que fueron sancionados, que están en proceso de notificación y en las vías recursivas pertinentes, fueron investigados por distintos hechos, y las sanciones tienen que ver con las investigaciones sobre esos hechos, no fue bajo ningún punto de vista una reprimenda por alguna conducta anterior donde ellos se opusieron a la designación de alguna autoridad, eso no es cierto”, dijo Temiño, quien aseguró que la primera investigación por violencia de género “de alguna manera, abrió otras investigaciones, mucho más importantes, que terminaron con las sanciones”. Habló de incumplimientos a reglamentaciones internas y abusos referidos al funcionamiento del CRILAR. Franchi subrayó que “el primer sumario por posible violencia de género terminó con la no sanción de las personas sumariadas, y no fue en ningún momento cuestionado ni recurrido judicialmente por ninguno de los involucrados e incluso tampoco por los mismos gremios”. Temiño enfatizó que las quejas provienen “de un grupo que forma parte de un gremio, porque otros grupos que forman parte de ese gran gremio y el otro gremio no tienen ninguna objeción respecto de lo acontecido en esas actuaciones sumariales. Es una línea de ATE la que está cuestionando”.

De Norte a Sur

La investigadora asistente de Bahía Blanca que da testimonio sufrió violencia laboral, en primera instancia, entre 2008 y 2011. Asegura que “todos conocen su situación” pero prefiere mantener el anonimato debido a que tiene un hijo adolescente y la ciudad es pequeña. Su reclamo llegó a la CIOT y a la Justicia federal. “Uno de los episodios que más me marcó fue cuando en un receso, en las vacaciones de invierno, él (el director del Instituto al que denuncia) llevó a los empujones a mi compañera hasta un balcón en el segundo piso y después, no conforme con eso vino a gritarnos a la oficina. Incluso, cuando yo lloraba, se paraba adelante y le decía: ‘pero mirá cómo llora’. A mí me ha amenazado varias veces con echarme del grupo, y en ese momento yo era el sostén de la familia, tenía una presión muy grande por conservar mi trabajo y además había renunciado a un trabajo importante en una industria para poder entrar en el CONICET”, cuenta esta investigadora que subraya el resultado de “un colapso nervioso” con tratamiento farmacológico psiquiátrico, y una rehabilitación en un instituto de neurociencias en Córdoba. “Mi cabeza es mi herramienta de trabajo, sin contar el costo económico ni la angustia de mis amigos y familiares”.

En 2018, tuvo que participar en concursos con su denunciado como jurado y, en 2020, decidió presentar la denuncia ante la Universidad Nacional del Sur, CONICET y la Justicia Federal. “Todo 2020 estuve comiéndome las uñas, sin una respuesta. En CONICET todavía no tengo ninguna respuesta, salvo que hay un expediente abierto”, dice y subraya que “la asistencia psicológica no existe”.

En el Centro también

Cada situación merece una nota por sí misma: en Córdoba una denuncia por grave acoso sexual en 2015 llevó a una suspensión de un docente de la Universidad Nacional de Córdoba, pero debió ser empujada por las propias denunciantes ante CONICET. “Todo el camino lo fuimos allanando nosotras, porque no había ninguna estructura armada, la CIOT no estaba funcionando. Encontramos la gente, hicimos la denuncia, buscamos la manera de protegernos, hicimos todo”, cuenta una becaria denunciante. “La Universidad avanzó muchísimo, hemos llegado a ratificar la denuncia, presentar testigos, tener vista del sumario y las posibilidades de que esta persona llegue a un juicio académico, que sería el primero en la historia de la UNC. En paralelo, CONICET estuvo absolutamente dormido hasta que nosotros iniciamos un movimiento de todo el instituto con el objetivo de llegar a las máximas autoridades del CONICET y recién ahí, después de dos años, tuvimos nuestro número de sumario”, sigue la joven, quien asegura que la labor de las abogadas sumariantes careció de perspectiva de género, ya que -de tres denunciantes-, quienes fueron maltratadas y debieron someterse a pericias psiquiátricas fueron las dos mujeres.

Formas de actuar

A las situaciones de cada una de las personas denunciantes, según consideran desde el Colectivo de Trabajadorxs contra las Violencias, hay que leerlas en una clave. La CIOT es el lugar idóneo para enviar las denuncias, y una de las críticas es que, tras recibir las pruebas, lo primero que hace la CIOT es “decidir si ese caso es viable o no, sin ningún tipo de explicación y después, no hay comunicación, en la mayoría de los casos, sobre los expedientes que se generan. Pasan meses y años y no hay una instancia de comunicación de cómo sigue este proceso”.

También señalan como una consecuencia directa de las denuncias, dado que las personas denunciadas continúan en su lugar de trabajo, es “la desacreditación de la víctima. Empieza un proceso en el que se pone en cuestionamiento la calidad del empleado, que tiene problemitas, o que quiere desprestigiar al director o a la institución”.

En Corrientes, una persona que sufrió un accidente incapacitante tras una seguidilla de órdenes para manipular una máquina que no estaba en condiciones, lamenta que el director cuestionado por él “sigue como interino en el lugar de trabajo y por compañeros sé que sigue maltratando, sé que sigue hostigando a la gente y el CONICET lo premia sacando al técnico, al investigador o al becario, enviándolo a otro lado”. Este técnico clama: “Estamos en la nada, estamos solos. Tenemos sueldos que están en el límite de la pobreza y tenemos que pagar abogados, psiquiatras, psicólogos, se nos va la vida en esto”.

Avances en perspectiva

La presidenta del CONICET asegura que “las denuncias por razones de violencia laboral y/o de género tienen prioridad a la hora de ser evaluadas, abordadas y tramitadas. El proceso de investigación está normado y debe cumplir con etapas precisas para garantizar su validez. Lamentablemente la pandemia trajo múltiples afectaciones que impactaron en los tiempos procesales, desde la suspensión de plazos administrativos, hasta el impedimento de realizar viajes dentro del territorio nacional para realizar audiencias lo que dificultó la producción de pruebas y el avance de las investigaciones”.

Asegura que “el CONICET puede aplicar diversas medidas de prevención, de protección y de investigación. Existen varias herramientas y medidas protectivas para garantizar la permanencia de las/los agentes afectados y no perjudicar el desarrollo de su proyecto laboral y profesional en el trabajo. Una puede ser un cambio de horario o de lugar de trabajo, en caso de que la persona lo solicite, dando prioridad a lo solicitado por la persona afectada, también interdicción de cercanías, cuando hubiera indicios ciertos y verosímiles de riesgo de reincidencia en situaciones de discriminación o violencia laboral o de género. Cambio de los directores o evaluadores de las personas denunciantes, justificación de las inasistencias, extensión de plazos de vencimientos de entregas, excepciones en los requisitos de selección de directores o directoras, y prórroga en becas”.

Fuera de estas medidas, asegura que “cuando los hechos narrados, no se enmarquen explícitamente en sospechas de faltas ni delitos ni tampoco exista riesgos de la salud psicofísica de la o las personas afectadas, se toman medidas de prevención como charlas informativas para autoridades, campañas de concientización, capacitaciones dirigidas al personal”. Franchi indicó que “se está definiendo el modo de contratación para el dictado de los cursos estipulados por la ley 27.499 que es la ley Micaela”.

La presidenta de Conicet asegura que no hay naturalización de la violencia. “Recientemente, en el concurso de beca que en este momento está el llamado a concurso, se ha incorporado en las bases que tanto para ser director de beca, o de un investigador o una investigadora o codirector, no puede presentarse alguien que cuente con dos o más investigaciones en curso relacionadas con hechos de violencia de las cuales ya tenga conocimiento. Tampoco puede presentarse quien tenga dos sumarios en curso, y tampoco pueden ser jurados”, subrayó. Al preguntarle por qué no se restringe esa posibilidad a quien tenga una sola denuncia por violencia, plantea que “son sumarios en trámite, no que tienen resolución, por eso estamos poniendo dos. Distinto sería si tuviera la sanción”.

Sobre la actitud del CONICET, Franchi enfatiza que “la denuncia se lleva adelante. Si la situación es muy complicada y la persona pide cambiar de lugar de trabajo o de director o directora de trabajo, eso se acepta. Pero no es la sugerencia que se da. Hay más de 50 denuncias en trámite y las sanciones salen. Ha habido sanciones muy fuertes, lo que pasa es que no se publican”.