El 20 de enero pasado dos trabajadores del Hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán, detuvieron a otros del Samec (Sistema de Atención de Emergencias y Catástrofes) que querían retirar dos ambulancias para trasladarlas a Salta Capital. 

El incidente se desarrolló en el marco de un clima de susceptibilidades exacerbadas porque, en medio de una pandemia, en el hospital se venía trabajando sin recursos ni insumos suficientes, y se pensaba que los vehículos iban a ser retirados y no iban a ser regresados al establecimiento, como pasó más de una vez. Para garantizar que esos recursos iban a ser devueltos se firmó un acta en la que se indicaba que las ambulancias serían restituidas al Hospital luego de ser sometidas a tareas de mantenimiento.

Por los hechos de hace ocho meses, ayer el médico Jorge Gomila y el responsable del Parque Automotor del Hospital norteño, Oscar Román, fueron notificados del inicio de un sumario administrativo en su contra. En el caso de Gomila, la resolución establece que queda suspendido preventivamente (es decir, sin sueldo) “hasta deslindar responsabilidades”.

“Nunca se puede justificar una acción violenta contra las ambulancias y sus choferes”, dijo a Salta/12 Martín Flores, secretario de Servicios de Salud de la provincia. Recordó que en el momento que los trabajadores retuvieron las ambulancias hubo algunos hechos de violencia que terminaron con personal del Samec agredido. 

“Esto no es arbitrario”, contestó al ser consultado sobre si la suspensión de Gomila no implicaba una sanción antes de determinar si era responsable o no por los hechos que generaron el inicio del sumario. Puso de ejemplo lo que sucedió con el médico de Cafayate, Aníbal Baeza, quien recién fue suspendido en su cargo tras la muerte de una gremialista que lo había acusado de violencia laboral. A diferencia de Gomila, antes de tener una reunión en tono violento con la mujer que tras eso entró en un pico de diabetes y falleció, Baeza había sido denunciado en ocasiones anterior por violencia laboral y de género sin que nada ocurriera.

Por otro lado, Flores no pudo responder a la consulta de Salta/12 sobre los motivos por los que únicamente Gomila fue suspendido preventivamente. 

“El interior es el eterno perdedor”

“Se gestiona desde el castigo y el disciplinamiento”, dijo por su parte la secretaria general de ATE en Orán, Julia Pizola. En repudio a la decisión del Ministerio de Salud, se convocó para hoy a las 10 a una protesta en las puertas del Hospital.

A entender de la gremialista, la sanción a Gomila se dispone antes de que se resuelva el sumario. Entendió que el médico nunca antes fue sumariado en los 32 años de trabajo en el Hospital, donde se inició como residente. Tanto Gomila como Román están a la espera de su jubilación.

Pizola recordó que cuando acontecieron los hechos con el Samec en enero pasado “la antesala era la situación de una comunidad muy golpeada por la covid-19 y la cantidad de muertos”. De hecho, Orán fue uno de los departamentos que mayores índices de contagio y fallecimientos tuvo en la primera ola. Frente a esa realidad, Pizola sostuvo que había “un gobierno que miraba para otro lado, sin preparar por meses el sistema sanitario”para afrontar la pandemia.

Asimismo, acusó a las políticas públicas de centralistas, derivando los recursos solo a la capital mientras que el interior “es el eterno perdedor”, cuando se trata de recursos para la salud. “Entonces nos enseñaron a protegernos así, y esa fue la acción de Gomila y Román. Vamos a acompañarlos. No los vamos a abandonar”, sostuvo la médica.

Entendió que existe una suerte de actitud persecutoria desde el gobierno con esta decisión administrativa, dado que “vemos que convocan a un diálogo que no existe y lo que muestran es lo punitivo y la represión”. Para Pizola, es preocupante el mensaje de sancionar antes de resolver un sumario y dijo que espera hoy contar con una masiva convocatoria.

Apelación administrativa

Ayer mismo, Gomila elevó un recurso de reconsideración en contra de la medida tomada por el Ministerio de Salud.

En el escrito afirmó que nunca fue notificado de denuncia alguna en el ámbito administrativo, judicial o fiscal, además de no estar imputado ni acusado de ningún delito. Manifestó que el acto administrativo le causa "daños irreparables sobre todo en una situación básica que es mi derecho a trabajar y mi situación humanitaria de alimentación y obra social”. Consideró que, por lo tanto, la resolución es totalmente ilegal.

También recordó que el Ministerio “es consciente de mi estado de salud”, dado que en dos ocasiones se contagió de covid-19 “por estar en línea de combate en esta pandemia”, por lo que la resolución tomada “pone en riesgo mi vida y la de mi familia”.