Desde Santa Fe

Por primera vez en más de un año, la Cámara de Diputados asumió ayer su “compromiso” de tratar en “forma urgente” el paquete de leyes de seguridad y reforma de la Policía de Santa Fe que Omar Perotti propuso en agosto de 2020, pero que quedó varado desde entonces en la comisión del ramo de la Cámara. La voluntad política se expresó en un plenario ampliado de la propia comisión de Seguridad que reunió al presidente de Diputados Pablo Farías, jefes de bloques y otros legisladores y solicitó al gobernador un “plan de contingencia” ante la “situación que atraviesa el Gran Rosario” y la inmediata convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad y a las bancadas parlamentarias de ambas Cámaras para tratar la crisis.

En el debate participaron 17 legisladores que después firmaron un documento conjunto, quince de ellos del Frente Progresista y el arco opositor, más las diputadas peronistas Matilde Bruera y Lucila De Ponti. Precisamente, Bruera planteó que la Cámara debía asumir la “responsabilidad pública” de tratar las leyes de seguridad y reforma policial que Perotti remitió en agosto de 2020, pero que “están cajoneadas” en la comisión desde hace un año. “Son leyes que propone un cambio estructural en materia de seguridad y organización policial para abordar los problemas que tiene la provincia en esta materia”, dijo la legisladora. Y planteó que “parte de los problemas de hoy” en Rosario y Santa Fe obedecen a la mora de la Cámara en “avanzar en una reforma profunda del sistema de seguridad”. La propuesta de Bruera no fue aceptada por sus pares.

Sin embargo, unos minutos después el diputado radical Fabián Palo Oliver propuso lo mismo, que la Cámara debía asumir la responsabilidad de tratar la reforma de seguridad que planteó Perotti y ese hecho debía constar en la declaración conjunta que se conoció después. Su moción fue apoyada por su colega del PJ, De Ponti. Y así sucedió, en el documento de ayer, el plenario expresó el “compromiso de abordar en forma urgente y trabajar mancomunadamente con el Poder Ejecutivo para generar los consensos necesarios en torno a las modificaciones legislativas sobre los cambios estructurales con implicancias en el mediano y largo plazo que están en debate o las que puedan proponerse”, dice. El "compromiso" se compatibilizó con otras propuestas:

*Junta de Seguridad. Solicitaron al gobernador “la urgente convocatoria de los bloques parlamentarios de ambas cámaras y de la Junta Provincial de Seguridad, como lo establece el decreto 024/15”. O en su cao, a "ámbito institucional que considere adecuado para garantizar la articulación de los tres poderes de la provincia y otros actores institucionales a los fines de consolidar el trabajo permanente y sostenido en materia de seguridad”.

*Plan de contingencia. Es necesario “desplegar en el territorio todos los recursos humanos y de equipamiento con los que cuentan las fuerzas provinciales de seguridad”, dice el documento. Y sugiere integrar una “mesa de trabajo de asuntos penitenciarios” para coordinar la tarea entre los ministerios de Gobierno y de Seguridad.

*Fuerzas federales. La Cámara exigió al presidente Alberto Fernández “el refuerzo de las fuerzas federales en nuestra provincia” y que informe cuántos efectivos operan en el territorio santafesino y “las tareas que cumplen”. “Es fundamental la planificación de tareas y de recursos a través de un comando unificado permanente”, dijo. Y anunció que solicitará una audiencia a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic para tratar el tema.

*Investigaciones. “Sostenemos la necesidad de fortalecer las estructuras de investigación y persecución de delitos como el lavado de activos, comprometiéndonos en el debate presupuestario 2022 a hacer hincapié en este objetivo”, planteó el documento. Y en esa línea insistió que “se ejecute de manera urgente lo aprobado en el Presupuesto 2021 para seguridad pública y servicio penitenciario, así como los recursos extraordinarios remitidos por el Poder Ejecutivo nacional”.

*Diálogo político. “La comisión de Seguridad se encuentra abierta al diálogo con vecinos e instituciones de los barrios y las ciudades que enfrentan a diario esta realidad y cuya participación es fundamental para las soluciones que se propongan”, expresó. “La complejidad de la situación y el dolor y el miedo que atraviesan a gran parte de nuestra sociedad requieren de la respuesta unánime de todos los poderes del Estado y, con esa responsabilidad, reiteramos nuestra disposición al trabajo conjunto”.

El documento fue firmado por Farías, los siete integrantes de la comisión de Seguridad (los radicales Juan Cruz Cándido y Sergio Basile, los socialistas Lionella Cattalini y Pablo Pinotti, el macrista Gabriel Chumpitaz, Amalia Granata y la diputada peronista Lucila De Ponti). Más, jefes o representantes de los bloques: Joaquin Blanco (PS), Julián Galdeano (Juntos), Carlos del Frade (Frente Popular-Ciudad Futura), Nicolás Mayoraz (Somos vida), Mónica Peralta (GEN), Fabián Palo Oliver (UCR), Marcelo González, Agustina Donnet (Igualdad) y Matilde Bruera (PJ).