“Todos los días encuentran mujeres muertas.” La frase sale de la boca de Mónica Ferreyra, la madre de Araceli Fulles, en las vísperas del juicio por el femicidio de su hija ocurrido en 2017, y atraviesa como rayo. Araceli era una piba de 22 años de las barriadas populares de José León Suárez, en el partido de San Martín. Anhelaba trabajo estable, ranchar con las amigas, que no le faltara la música, compartir los mates con su madre, vivir la vida sin temores y siempre abrazada a su autonomía. Se lo impidió un pacto de machos cuando intentó rebelarse contra el poder que pretendieron imponerle hasta matarla. La impunidad, las probabilidades de connivencia policial y un deficiente sistema de Justicia hicieron el resto: tardaron 25 días hasta encontrar su cuerpo; el único detenido en la causa, Darío Badaracco, murió tras ser atacado por dos presos en el penal de Sierra Chica. Siete imputados llegan al juicio en libertad gracias a la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró ineficiente la investigación y porque no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para constatar sus participaciones en el femicidio. El presidente de la Sala, Carlos Hermelo, argumentó el sembrado de pistas falsas y una mala conservación de las pruebas recolectadas donde hallaron a Araceli. Como Candela Sol Rodríguez, María Angélica Andrada y Melina Romero, su nombre es emblema de uno de los territorios bonaerenses con mayor tasa de denuncias por violencia familiar y de géneros. El veneno se extiende por todo el conurbano: en apenas tres días de fines de agosto, ocurrieron los femicidios de Aída Oviedo y de su hija, Luzmila Gauto, en Tres de Febrero; el de Karen Bustamante, en Moreno, y el de Yamila Araujo, en San Miguel. No fueron hechos aislados, como ya se denunciaba en las movilizaciones por Úrsula Bahillo en febrero, o como aún se reclama por los femicidios de María Emilia Barrios y de Analía del Rosario Martínez, arrojadas en basurales al costado de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Desde el 1° de enero al 31 de agosto, en el país se cometieron 173 femicidios, 9 transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones, según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro. La vivienda sigue siendo el lugar más inseguro: un 61 por ciento fueron asesinadas en sus hogares y el 59 por ciento de los agresores eran parejas o exparejas. Un total de 186 hijxs quedaron sin madre, de lxs cuales el 64 por ciento son menores de edad. Unas 25 víctimas habían realizado al menos una denuncia antes, 11 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención y 18 eran agentes o ex agentes de alguna fuerza de seguridad. Buenos Aires es la provincia con el registro más alto de crímenes por razones de géneros, con un 59 por ciento, seguida por Córdoba y Santa Fe, con el 14 por ciento, y Tucumán, con un 12 por ciento. Durante 2020, la Línea 144 atendió 48 mil llamadas para denunciar situaciones de violencias de géneros; de esa cifra, la provincia de Buenos Aires recibió 18.307 consultas. A seis años del primer NiUnaMenos, la violencia machista no cesa y cada 30 horas ocurre un crimen por motivos odiantes de géneros, que ejecutan varones conocidos o del entorno, en una comprobación extrema de las desigualdades. El “me mandé una cagada”, que expresan toda vez que cometen femicidios, lesbotransfemicidios o travesticidios, también es político, porque esas cuatro palabras siguen encontrando cobijo en un sistema judicial prejuicioso y revictimizante, que sostiene la lógica rancia del atenuante y el crimen pasional. Nuestras demandas no cambiaron, porque urge reponer el debate por una reforma judicial transfeminista, con paridad en los puestos de toma de decisiones, con mirada y escucha transversal, no punitivista, antirracista y decolonial, descentralizada, accesible, y con registros públicos y transparentes en aquellos casos relacionados con violencias de géneros.