A comienzos de agosto pasado Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio fueron condenados a 10 años de prisión por haber integrado la patota de la Triple A que, desde la Universidad Nacional del Sur y bajo las órdenes de su interventor Remus Tetu, amedrentó persiguió y asesinó a militantes entre 1974 y 1975. Sin embargo, permanecieron en libertad hasta esta semana, que fueron determinados a cumplir arresto domiciliario por orden del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. La Fiscalía apelará la decisión e insistirá en que sean trasladados a una cárcel común.

Los represores condenados transitaron el juicio en su contra en plena libertad, luego de que en 2018, la justicia diera de baja la prisión preventiva que habían cumplido durante tres años a la espera del avance de la investigación y del inicio del debate. En aquel momento la decisión fue apelada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, con la asistencia de los auxiliares fiscales Pablo Fermento y José Nebbia, y el expediente inició un tránsito por diversas instancias judiciales que culminaron el lunes pasado, con la determinación del TOF.

Así, con el fallo condenatorio de filtro, cuyos fundamentos se conocerá este viernes, y a sabiendas que tal decisión aún no está firme, los jueces Roberto Daniel Amábile, Marcos Javier Aguerrido y Pablo Díaz Lacava dispusieron ponerle fin a la excarcelación de la que gozaban Forcelli, Pallero y Curzio, y beneficiarlos con el cumplimiento domiciliario de sus penas a 10 años de prisión. El encierro será controlado con una pulsera de vigilancia electrónica, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Desde la acusación pública adelantaron que trabajan en el recurso de Casación para discutir la decisión del tribunal e insistir, acorde lo formularon al momento de la excarcelación y en su alegato de juicio, en que los represores deben cumplir sus condenas en una cárcel común.

Entre los argumentos figura no solo la responsabilidad que tiene el Estado de “velar por la realización de los juicios de lesa humanidad en tiempo y forma y hacer cumplir las condenas” otorgadas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sino también el comportamiento que tuvieron los represores mientras estuvieron en libertad “cuando se produjeron amenazas a testigos del juicio y que fueron la demostración concreta del riesgo en el que se encuentra el proceso si ellos (los condenados) no están presos en un penal”, aseguraron en el entorno fiscal.

Curzio fue denunciado a principios de 2020 por una de las testigos en el juicio en su contra, quien contó que el represor la llamó antes de que prestara testimonio. “¿Soy yo, Juan Carlos, no te acordás de mí?”, dijo la mujer que escuchó al otro lado del teléfono.