La Sala IV del Tribunal de Impugnación dispuso que el diputado por Rosario de la Frontera Gustavo Orlando Orozco y 8 policías imputados por vejaciones y torturas sean sometidos a juicio. 

Impugnación rechazó un planteo de caducidad de la causa que había realizado la defensa del legislador provincial. Además, el encargado de juzgar a lxs imputadxs será el juez de Garantías del distrito de Joaquín V. González, Héctor Guzmán Salustros, tras la recusación de la jueza y de jueces de Metán, el distrito que correspondía que llevara el trámite. 

Orozco está acusado por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, por hechos cometidos cuando se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera.

Además del legislador, están imputados lxs policías Víctor Orellana, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Denis Coronel, Rubén Darío Medina, Andrea Alejandra Díaz, Víctor Alejandro Luna y Dardo Ezequiel Pérez.

Originalmente el juicio se iba a hacer en marzo de 2020, pero por la pandemia y una serie de excusaciones y recusaciones, no llegó a concretarse. 

Lo último que demoró el trámite fue un pedido de caducidad presentado por la defensa de Orozco. El fiscal de Impugnación, Guillermo Akemeier, señaló que el plazo previsto por el artículo 219 del Código Procesal Penal, referido por la defensa, no habría operado.

En su pronunciamiento, la Sala IV del Tribunal de Impugnación citó distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y especialmente, de la Corte de Justicia de Salta, y sostuvo que los plazos no habían caducado. En consecuencia, el Tribunal ordenó que el legislador y el resto de los acusados deberán ser juzgados por las imputaciones en su contra.

Por otra parte, la Corte de Justicia de la provincia determinó que la competencia para el trámite del juicio corresponde al Juzgado de Garantías 1º del Distrito Judicial Sur- Joaquín V. González, a cargo de Héctor Guzmán Salustros. El juez había intentado inhibirse esgrimiendo violencia moral pero esto no le fue aceptado, así que será el encargado de juzgar a Orozco y a los otros policías.

Orozco tiene ya múltiples causas en la Justicia. En su momento la entonces fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, también lo requirió a juicio por un hecho denunciado en 2015 en el que se lo acusa de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautor con otras dos personas. En ese momento el ahora diputado se desempeñaba como policía, al igual que los otros dos acusados, Rubén Darío Medina y Denis  Coronel, también involucrados en la primera causa. Esas actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia radicada por un vecino en la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, “debido a una agresión física por parte del oficial Orozco y personal de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera”.

El legislador también tiene denuncias por violencia de género de su expareja y por violación de las perimetrales. 

Además, en noviembre del año pasado, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, lo imputó al legislador por apología del crimen, en perjuicio de la tranquilidad pública luego de que dijera que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.

La última causa contra Orozco es por violencia durante la campaña política de este año. Simesen de Bielke y el fiscal Gabriel Alejandro González lo imputaron por coacción agravada por el uso de arma de fuego, en perjuicio de una persona, y por amenazas en perjuicio de otra. También el policía Sergio Gustavo Guzmán fue imputado por coacción agravada por el uso de arma de fuego en relación a estos hechos.

Hubo dos denuncias, la primera radicada a través del Sistema de Denuncias Web. Según lo establecido por lxs fiscalxs, el 1 de julio de 2021, cerca de las 15, mientras uno de los denunciantes circulaba con su moto por la avenida Palau a la altura de la esquina con la calle Juan Carlos Dávalos, en Rosario de la Frontera, fue interceptado por varios pegatineros, y debido a esto frenó su marcha. Orozco junto con Guzmán se acercaron al primer denunciante y lo amenazaron de muerte. 

Lxs fiscales señalaron que el policía en actividad y el legislador, que es policía retirado, le anunciaron al denunciante "un mal futuro, cierto y posible con el fin de obligar a hacer algo en contra de su voluntad", al expresarle que “iban a meterle un tiro si no levantaba las denuncias” que había presentado antes. Y para infundir temor, tanto Orozco como Guzmán "exhibieron un arma de fuego, por lo que menoscabaron la libertad o tranquilidad de espíritu al procurar crear una sensación de inseguridad en la victima", coincidieron lxs fiscales.

El segundo hecho fue cometido el 28 de julio, cuando Orozco llegó al domicilio de otra persona, en la misma ciudad, "para proferirle amenazas, al decirle 'te voy a hacer cagar, no te vas a salvar' (…) 'te voy a encontrar en la calle y te voy a matar'”.

Orozco fue recientemente reelecto como diputado, por lo que en noviembre jurará para un nuevo mandato de cuatro años. En alguna oportunidad había adelantado que pediría licencia para ser juzgado sin que los fueros fueran un impedimento.