En una audiencia de formalización de la investigación penal, el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta, a cargo de Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación presentada por la Unidad Fiscal Salta contra el ex diputado nacional Juan Emilio Ameri por el delito de “estorbo de acto funcional”, previsto en el artículo 241 del Código Penal.

La acusación fue presentada por el fiscal general Francisco Snopek, en una audiencia realizada el pasado 10 de este mes. 

La acusación es porque el 24 de septiembre de 2020, en plena sesión virtual de la Cámara de Diputados de la Nación, Ameri protagonizó un acto erótico con su pareja frente a la computadora, que estaba conectada. 

En la audiencia de imputación el fiscal Snopek precisó que a las 17.20 de esa jornada, cuando el diputado Carlos Heller exponía sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio: “Desde la pantalla del entonces diputado nacional por Salta, Juan Emilio Ameri, sucedieron escenas impropias con la tarea legislativa", describió el fiscal. "Se podía ver al acusado junto a una mujer, a quien -de pronto- le bajó parte de la ropa y lo que siguieron fueron escenas totalmente inapropiadas”, completó.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, interrumpiera la sesión y planteara la situación a todo el cuerpo legislativo "la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la supensión inmediata del diputado Juan Ameri”.

Ameri quedó suspendido de inmediato y poco después presentó su renuncia. Pero sus tribulaciones no terminaron ahí, sino que poco después fue denunciado penalmente. Ayer afrontó la audiencia de imputación. La Fiscalía le atribuye el delito de “estorbo del acto funcional”, previsto en el artículo 241 del Código Penal con una pena de 15 días a 6 meses de prisión para quien “perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de Justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones”.

En la audiencia el fiscal encontró adecuada esta figura a la conducta llevada a cabo por el ex legislador, aunque no descartó que la calificación legal pueda variar, a medida que se avance con el caso. Además, resaltó la calidad de funcionario público que tenía Ameri al momento del hecho.

Snopek solicitó un plazo de investigación de seis meses, atendiendo a que se deben tomar varias declaraciones testimoniales, entre ellas a legisladores que también fueron parte de la sesión en la que sucedió el episodio en cuestión. También requirió que se imponga a Ameri la obligación de informar su domicilio, o cualquier cambio al respecto, con el fin de garantizar el normal trámite de las diligencias procesales.

Ameri concurrió a la audiencia de imputación asistido por dos abogados defensores. Y decidió declarar. Insistió en que todo lo que pasó fue en momentos en que creía que la conexión de red estaba cortada. “Creí que se había caído la red y en esos momentos me distraje”, afirmó. “Estoy seguro de no haber cometido ningún delito”, finalizó. Sus abogados no objetaron la calificación legal. 

Una larga discusión

Contrariamente a lo que viene sucediendo con los nuevos procesos penales en la provincia, esta causa está bastante demorada, dado que se inició con una denuncia presentada el 25 de septiembre de 2020 por el abogado Federico Alejandro Dávila ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, por el delito de exhibiciones obscenas.

Luego, a esta denuncia se le acumuló otra similar radicada por Fernando Miguez ante el Juzgado Federal N° 12, que se declaró incompetente en razón del territorio y la remitió al fuero federal de Salta.

La demora se debió a que antes de avanzar en la investigación se dirimió a qué juzgado le correspondía actuar, hasta que finalmente se determinó que la competencia era de la Justicia Federal de Salta. 

Aquella declaración de incompetencia de los juzgados de Buenos Aires fue tratada y rechazada tanto por el Juzgado Federal de Garantías 2 como por el juez de Revisión Augusto Castellanos, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, y la causa fue nuevamente girada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6.

Pero el 8 de abril de este año, el litigio de competencia finalmente fue tratado por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña, tribunal que decidió que el caso sea llevado adelante por el fuero federal de Salta, con intervención de la Unidad Fiscal de esta jurisdicción.