"Me llama la atención que no quiera defender lo que sucede en su territorio y haga una declaración buscando una repercusión, cuando su rol debiera ser impulsar las acciones judiciales". De esta manera, el intendente Pablo Javkin cruzó ayer al fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, quien había asegurado que su provincia no tiene ninguna responsabilidad jurídica por las quemas intencionales en la zona de islas, luego que la Multisectorial Humedales Rosario entregara este martes un pedido al gobierno provincial y al municipio exhortando a formular una denuncia contra Entre Ríos y el municipio de Victoria por la devastación que impera en el delta del Paraná. "Estamos de acuerdo, como municipio iniciamos querellas penales y seguimos instando el camino judicial", reforzó el intendente, para quien la situación es "gravísima, con afectación de humo pero sobretodo por la destrucción de una gran parte del humedal".
El intendente Javkin dijo ayer no compartir las declaraciones del fiscal Rodríguez Signes respecto a las responsabilidades por las quemas en el Delta del Paraná. Sin medias tintas, el jefe del Palacio de los Leones señaló en LT8: "Necesitamos que los funcionarios que tengan responsabilidades en la investigación de estos hechos busquen a los responsables y no se dediquen a realizar declaraciones periodísticas polémicas, si no esto va a seguir sucediendo".
"Hay un planteo de organizaciones ambientales, entiendo que fue en respuesta a eso, reclamándonos a los estados que hagamos la denuncia. Nosotros estamos de acuerdo, hemos iniciado ya hace un año querellas penales", planteó el intendente. "De nuestra parte ponemos todo lo necesario para proteger al humedal. En este momento estamos con muchos focos en la zona de San Nicolás, frente a la provincia de Buenos Aires, pero es en Entre Ríos. ¿Eso también es responsabilidad de los rosarinos?", ironizó Javkin.
Desde la Multisectorial Humedales también salieron a responderle a Rodríguez Signes. Lo hicieron a través de un comunicado en el que describen, adjuntando fotografías, algunos ejemplos de "múltiples irregularidades" que, según consideran, constituyen situaciones "concretas de impunidad". Entre ellos, un emprendimiento ganadero ubicado a la altura del kilómetro 43-44 de la ruta nacional 147 que une Victoria con Rosario en el que se aprecian terraplenes ilegales de varios metros de altura y kilómetros de largo, lo que ocasiona múltiples intervenciones en los cursos de agua.
"Han sido denunciadas en diversas oportunidades a lo largo de sus casi 10 años de existencia. Ni las autoridades ni la justicia de Entre Ríos puede alegar desconocimiento", plantearon, para luego precisar que el emprendimiento está dentro de una reserva de usos múltiples donde solamente se permiten actividades de bajo impacto ambiental, y que el control lo ejerce la municipalidad de Victoria.
También denunciaron lo que viene sucediendo en la zona del Paraná Viejo y lo que el Estado entrerriano habilitó en los últimos años: terraplenes, movimientos de suelo, desmonte, remoción de la vegetación costera, loteos y construcciones irregulares (mayormente muelles, obradores y casas de fin de semana), apertura de calles, ingreso de vehículos, contaminación lumínica y sonora, presencia de basura y descartes, caza ilegal, ingreso de flora y fauna exótica (algunas de especies sumamente invasivas) y actividades ganaderas con alto impacto ambiental".
Además, se refirieron al caso de la multinacional holandesa Bema Agri. "Durante muchos años mantuvo la explotación ilegal en la isla Irupé sobre el Estévez y Los Laureles, Entre Ríos, jurisdicción Victoria, y frente a Villa Constitución. Desde el año 2008 intervino el humedal con un doble terraplén de 19 kilómetros y un drenaje, levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. Todas las acciones de intervención de esta empresa arrasaron con la naturaleza del humedal", subrayaron.
Tras recordar que luego de años de batallas legales, la máxima instancia judicial entrerriana "le bajó el pulgar a esta empresa ecocida", desde la Multisectorial Humedales cerraron diciendo que "más allá de la importancia de esta intervención de la Justicia, la misma suele llegar muy tarde. No se comporta a la altura de las necesidades del ambiente y no demuestra acciones de reparación en el lugar ni por parte del gobierno de Entre Ríos y ni por ninguno de sus cómplices".
Por otra parte, la Cámara de Diputados provincial aprobó un proyecto de la diputada Mónica Peralta pidiendo al Ejecutivo santafesino que informe si se están llevando acciones ante el gobierno nacional y el entrerriano para controlar los nuevos focos frente a Villa Constitución y San Nicolás. Además, que informe sobre las acciones que realiza dentro del Comité Interjurisdiccional de Emergencia Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y qué posturas tienen respecto a "las reiteradas e incesantes quemas intencionales".
Finalmente, la legisladora provincial solicita si se radicaron denuncias ante la autoridad judicial competente a fin de identificar y sancionar a los responsables de los incendios provocados y/o investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.
