La joven de 21 años que denunció por acoso y abuso sexual al dueño de la cervecería en donde trabajaba, presentó una nueva denuncia el viernes en Fiscalía. Esta vez, señala que por el trauma vivido, se había ido a vivir a Córdoba, pero el sujeto acusado se presentó en su lugar de trabajo en la vecina provincia y la amedrentó. El expediente está estancado hace 10 meses en la fiscalía de instrucción 8 a cargo de Miriam López.

En diálogo con Catamarca/12 el representante de la joven, Carlos Rosales Vera, confirmó la nueva denuncia y el pedido de restricciones para el gastronómico. “El hecho sucedió en el mes de julio, pero mi defendida, por el miedo que tuvo ante el amedrentamiento del que fue víctima no se animó a contarme. Sin embargo, apenas pudo verbalizarlo radicamos una nueva denuncia por violencia psicológica de género y también pedimos que le dicten restricciones”, contó.

La denuncia  por el abuso sexual fue radicada en diciembre del año pasado. En aquel momento y tras trabajar casi dos meses como barwoman de una reconocida cervecería ubicada sobre Avenida Illía, pudo relatarle a su padre los acosos a los que era sometida por su patrón y dueño del local.

Ese mismo día, se dirigieron a la Unidad Judicial en donde la víctima relató al menos 8 episodios en donde el sindicado, además de hacerle comentarios impúdicos sobre su cuerpo, la tocó en sus zonas íntimas en repetidas oportunidades. El último y más grave de los abusos, sucedió los primeros días de diciembre de 2020 y fue el que decidió contarle a su familia.

Ante la justicia, confesó que no se animaba a hablar porque necesitaba ese trabajo. En tanto, admitió el miedo que le producía la figura de ex jefe. Según su relato, los acosos del empresario serían constantes con ella y también con las demás empleadas del local.

Pedido

Para Rosales Vera, la demora de 10 meses en la causa “se debe principalmente a medidas dilatorias interpuestas por parte de los defensores del acusado. Cuando el Ministerio Público Fiscal decretó las pericias psicológicas para mi defendida y para el acusado, sus abogados se opusieron argumentando que el escrito violentaba el derecho de defensa de su pupilo”.

“Estamos hablando de que dijeron que ese pedido, que es una formula repetida que utilizan la mayoría de los fiscales al momento de solicitar las pericias psicológicas y psiquiátricas, fue apelado. Algo que nunca vi”, manifestó al abogado. Por esta apelación la causa fue al Juzgado de Garantías, quien luego de tres meses decidió no hacer lugar al pedido de los defensores y devolver el expediente para que prosiga la investigación.

“Desde ese momento, el expediente está en una parálasis que me parece sugestiva. Entiendo las demoras de la pandemia, pero es ilógico el tiempo transcurrido”, planteó Rosales Vera.

Con el expediente en sus manos, la fiscala López debió haber continuado con el pedido de las pericias que quedaron pendientes. “Pasaron casi tres meses desde aquel momento y diez meses en total desde la primera denuncia. Me parece que ya se tendría que haber citado, sino estamos hablando de un retardo en causas que deberían tener una mayor celeridad”, concluyó.