Especialista en temas vinculados a empresas públicas y recursos naturales, Juan José Carbajales dirige el programa de actualización en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su experiencia y trayectoria –entre otros cargos, fue subsecretario de Hidrocarburos al principio de la gestión del presidente Alberto Fernández– lo llevó a coordinar Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020). De la centenaria YPF a las actuales SABIE, publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de José C. Paz (EDUNPAZ). La obra cuenta con el aporte de los investigadores Melina Cosso, Ezequiel Cufari, Santiago Sánchez Osés y Arturo Trinelli, que integran el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales (IIEC) de la UNPAZ, institución en la que Carbajales también da clases.

Con prólogo de Jorge Lapeña y estudio preliminar de Fernando Pino Solanas, el libro analiza el perfil de las empresas públicas en Argentina, bajo la premisa de que siempre tuvieron y aún mantienen un importante rol económico y social para el desarrollo productivo federal en sectores estratégicos como recursos naturales, energía, transporte, comunicaciones y ciencia y tecnología. El caso de estudio más destacado es el de YPF, que en 2022 cumplirá 100 años.

El Manual aborda además la participación minoritaria del Estado a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en empresas que cotizan en bolsa. “El último estadio es el de las Sociedades Anónimas Bajo Injerencia Estatal (SABIE), de formato privado, pero con el Estado adentro”, destacó Carbajales en diálogo con el Suplemento Universidad.

–¿Cómo surgió la idea del libro?

–La idea en sí no es innovadora, sino que plantea la continuidad de una línea de investigación que venimos desarrollando desde hace unos diez años. Y aquí abordamos el fenómeno desde las facetas histórica, jurídica y politológica, en un lenguaje llano y a modo de compendio exhaustivo de información. La obra es la culminación de un proyecto de investigación que duró tres años en el marco de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNPAZ. También contó con el aporte de un conjunto de estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía en temas de difusión. El trabajo profundiza la temática desde la dimensión histórica. Desde 1946 se crean empresas emblemáticas como Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica y Aerolíneas Argentinas, entre otras, y se dicta una normativa orgánica (la ley de Empresas del Estado), al tiempo que el proyecto político del peronismo le imprime una decisión estructural al tema (incluido en la reforma constitucional del ’49), lo que permite que, durante tres décadas, hasta 1976, el llamado “Estado empresario” goce de su época de auge.

–¿Qué ocurre con las empresas del Estado a partir de la dictadura?

–La última dictadura cívico-militar (1976-1983) las sobreendeuda y vacía de sentido, y ya con las privatizaciones de los ’90, las empresas estatales son vendidas o pasan a la órbita provincial. Hay casos exitosos de empresas provinciales como distribuidoras eléctricas, INVAP y el polo científico-tecnológico nuclear. También en temas como el litio y el cobre con la empresa jujeña JEMSE.

–¿Qué valor le das al prólogo de Pino Solanas?

–Es la frutilla del postre, porque nos costó convencerlo hasta que un día, en la primera etapa de la pandemia, Pino nos relata por teléfono sus experiencias y visiones sobre el tema, cuáles eran los materiales y documentos fílmicos que había producido, etc. Él fue asesor del primer presidente de Gas del Estado (Julio Canessa, que en 1958 retornó al cargo en el gobierno de Arturo Frondizi). Lo llamativo fue que se entusiasmó y nos mandó un prólogo de 15 páginas. Desafortunadamente, luego viaja a París y muere allá al contraer coronavirus (el 6 de noviembre de 2020, mientras era embajador argentino ante la UNESCO). Con orgullo decimos que este estudio preliminar queda como su aporte póstumo para disfrute de todos.

El desafío de hoy es la transición energética, que es una agenda necesaria e ineludible. Las tecnologías limpias o de bajas emisiones de carbono se imponen a nivel global. En Argentina tenemos que dar esta discusión.

–¿Cuál es el eje en el análisis de las empresas?

–Se estudian todas las empresas del Estado. No hacemos un análisis economicista, intentamos alejarnos de las posiciones maximalistas: por un lado, las tesis del neoliberalismo de que estas empresas son ineficientes y representan un costo muy alto para el Tesoro. Del otro lado, quienes plantean que hay que estatizar todas las empresas y áreas que se puedan. Nosotros matizamos esas posturas.

–¿El foco tendría que estar en el interés público?

–Hoy en día estas compañías no son como las viejas empresas públicas, el Estado no está para hacer todo. Se tiene que decidir bien en qué área actuar, dónde destinar sus recursos con inteligencia y sentido estratégico. Si el pueblo destina una parte del patrimonio público es porque estas sociedades tienen un rol de interés público que cumplir, no meramente económico, son una herramienta indispensable para diseñar y ejecutar políticas sectoriales. Seríamos peores como país si no tuviéramos Aerolíneas, YPF, Fabricaciones Militares, los ferrocarriles o INVAP. Sin embargo, debemos actualizar la mirada y exigirles que cumplan con los estándares del “gobierno corporativo”, directrices de eficiencia, integridad, transparencia y creación de valor para sus accionistas y partes relacionadas. Es un enorme desafío en el que recién estamos dando los primeros pasos.

–Si bien todas las empresas analizadas son relevantes, hay un estudio particular en torno a YPF.

–Sí, porque lo de YPF es muy llamativo por muchos aspectos. Es “el” caso de estudio. Es pionera, la primera empresa estatal que se crea en 1922 como Yacimientos Petrolíferos del Estado, con un estatuto orgánico, y fue un importante factor de desarrollo para muchos pueblos a lo largo de toda la Argentina. Luego se convierte en Sociedad del Estado. Y en los ’90, ya como YPF SA, es vendida a Repsol. Y en 2012 se expropia la mayoría accionaria y se mantiene la figura de sociedad anónima. Estos vaivenes son sufridos, luego, por muchas de las otras empresas estatales. Después viene la etapa de recuperación durante el kirchnerismo, primero como respuesta a la salida de los concesionarios de servicios públicos, y luego como una decisión orgánica del sentido estratégico dentro de un proyecto político.

–¿Cómo se plantea la cuestión de las energías limpias?

–El desafío de hoy es la transición energética, que es una agenda necesaria e ineludible. Las tecnologías limpias o de bajas emisiones de carbono se imponen a nivel global. En Argentina tenemos que dar esta discusión, pensar y debatir qué tipo de transición puede afrontar la región para potenciar los recursos que tenemos (gas natural y fuentes renovables) y adaptarlos a nuestra matriz y nuestras necesidades productivas y de consumo. La agenda de la transición nos plantea agudos desafíos, pero también nos ofrece una oportunidad para insertarnos en una discusión global, articular con Brasil (o sus estados), Colombia y México, y dar los debates (en la COP26 de Glasgow) desde una mirada propia.