Desde Santa Fe

El plan de cierre y desguace de la planta Dow en Puerto San Martín, que es la única en el país que produce poliuretano, volvió a escalar esta semana en la agenda de la Legislatura. La Cámara de Diputados expresó su apoyo a la medida de “no innovar” que dictó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y le pidió a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, que la ratifique en una causa que investiga a la compañía por supuesto “abuso de posición dominante”. Mientras que el Senado sorprendió al votar en quince minutos un proyecto de ley –de solo cinco artículos- para expropiar la fábrica con todos sus “activos productivos” que metió más presión en el conflicto, pero causó cierto desconcierto en el gobierno de Omar Perotti porque los senadores más cercanos a la Casa Gris no lo acompañaron. Las dos iniciativas salieron sobre tablas, la primera por unanimidad, y la segunda con los dos tercios del grupo de los 13 (los seis senadores de Armando Traferri y los siete radicales que lidera Felipe Michlig). En la Cámara baja, la diputada Cesira Arcando dijo que la cautelar de “no innovar” no soluciona el problema, pero es un “puente” hacia ese objetivo. Y su colega Carlos del Frade advirtió que el caso Dow es un “hecho político social” de alto impacto porque demostrará “si una multinacional puede pasar por encima de los intereses del Estado nacional y de la provincia de Santa Fe”.

El apoyo al dictamen de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia fue propuesto por Arcando y votado por Diputados sobre tablas y por unanimidad. El pleno expresó su “beneplácito” por el pedido a la secretaria de Comercio Interior Paula Español para que ordene a Dow “no innovar, no alterar, ni modificar sus activos productivos” en la planta de Puerto San Martín hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la investigación sobre supuesto “abuso de posición dominante”. El expediente se inició por iniciativa del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas.

Arcando dijo que el caso Dow “merece la atención específica” de la Legislatura, no sólo porque están en riesgo 120 puestos de trabajo directos, sino también por la “pérdida” para Santa Fe y el país de una industria base, que es “la única que produce poliuretano en la Argentina”. “Si la planta de Dow Chemical cierra en Puerto San Martín vamos a tener que importar ese insumo, que es estratégico” para la industria automotriz y las fábricas de colchones y electrodomésticos. Con todo lo que eso significa en la dolarización de costos y la salida de divisas, explicó.

La medida de “no innovar” no significa la “solución del conflicto”, pero “tiende un puente” hacia ese objetivo. “Sirve para ganar tiempo y poder reconducir la situación”, dijo la legisladora. Y recordó que la cautelar se dictó en el marco de la ley de Defensa de la Competencia porque Dow es investigada por supuesto “abuso de posición dominante”.

Cuando la empresa se anotició de esta medida –contó Arcando- pidió un cuarto intermedio en el proceso de conciliación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. “Esperemos que ahora se siente a negociar seriamente, porque hasta ahora las negociaciones han sido infructuosas. Esperemos que este conflicto pueda llegar a buen puerto y podamos defender no sólo los 120 puestos de trabajo, sino también toda la industria nacional”.

El diputado Del Frade recordó la tensa audiencia del 1° de octubre en la Legislatura con cuatro directivos de Dow: el gerente de Recursos Humanos Raúl Sheridan, el gerente de Asuntos Públicos Matías Maciel y los abogados Ángel González del Cerro y Pablo Mastromarino. El plan de Dow revela “un fenomenal desprecio a los trabajadores”, dijo el legislador. “Para que quede claro. Les dicen a los trabajadores que los van a despedir en mayo del año que viene, que van a cerrar la empresa y que, además, se van a llevar los equipos que tienen un interés específico, como nos dijeron varias veces. Lo que significa que nadie más va a producir poliuretano en la Argentina”. “Esto es afectar la paz social con 120 despidos” y hacerlo “con premeditación y alevosía”.

El gerente de Asuntos Públicos Matías Maciel llegó a decirnos –reveló Del Frade- que “la productividad de la empresa había caído el 50% por culpa de las asambleas que hacen los trabajadores. Es un grado de cinismo enorme. Es acusar a las víctimas, a quienes les dicen: ‘ustedes ya tienen condena, en mayo quedan en la calle y si hacen asambleas tienen la culpa de bajar la productividad un 50%'. Un cinismo enorme. Una gran impunidad”, alertó Del Frade.

“Nosotros vamos a intentar desde nuestro lugar que ni siquiera se puedan llevar un tornillo de la Argentina”, planteó el legislador. El plan de cierre y desguace de Dow “es un hecho político social” en el país porque revelará si “una multinacional puede pasar por encima de los intereses del Estado nacional y de la provincia”.

“Algunas vez habrá que empezar a sancionar a las empresas internacionales que después de hacerse grande gracias al trabajo argentino tiran a la calle a decenas de trabajadores para que el Estado se haga cargo de darles un subsidio. ¡No puede ser que se vayan con esa impunidad!”, concluyó.