El Censo Policial 2020 –del que Rosario/12 dio cuenta en su edición del lunes– muestra una tropa en el ámbito de la Unidad Regional II que asume como ineludible la desconfianza que buena parte de la población siente para con el uniforme. Esa autopercepción que los y las policías tienen de sí mismos se explica, en su mayoría, por el nivel de corrupción, y un grado de presencia en la calle y de respuesta a la demanda que no es el suficiente para la expectativa social. 

El Observatorio de Seguridad Pública ministerial y el programa Delito y Sociedad, de la UNL, divulgaron los resultados de esa encuesta que contestaron 19000 policías de toda la provincia. Entre más de 200 preguntas, los encuestadores indagaron acerca de cómo los policías se perciben respecto de la ciudadanía. Más de ocho de cada diez (81,1%) contestaron que perciben poca o nada de confianza, lo que se ve a su vez ratificado por el bajo nivel de adhesión a la opción más positiva: sólo 2,2% señaló que la ciudadanía tiene mucha confianza en la policía. 

Al consultarles sobre cuáles podrían ser las razones de esos bajos niveles de confianza, casi cuatro de cada diez respondieron que se trata de “la corrupción policial”. Le siguieron como razones más escogidas “la falta de presencia policial en las calles”, seleccionada por un quinto de los policías encuestados, y “la falta de efectividad en la detención de quienes cometen delitos”. Con un porcentaje menor aparece la “demora en la respuesta a los llamados de emergencia”.

En consecuencia, 77% respondió que la sociedad está poco satisfecha o insatisfecha con relación al trabajo policial.

En el sondeo, ocho de cada diez policías dijeron no haber disparado sus armas en el último año en actos de servicio, y poco más de un décimo asumió haberlo hecho menos de cinco veces. Los que admitieron haber disparado más de 20 veces resultaron el 2,3%. Es decir que, si bien casi la totalidad de las personas de la URII definieron las armas de fuego como "importantes o muy importantes" para sus trabajos, ocho de cada diez no las usaron para disparar en el último año. Aquí podrían proponerse dos interpretaciones: o bien las armas reglamentarias no son tan centrales para el trabajo policial como sí perciben sus usuarios, o esa centralidad no está dada por el empleo efectivo de las mismas para realizar disparos.

Por otra parte, se consultó a los miembros de la fuerza en Rosario sus opiniones respecto de la incorporación en la institución policial del uso de armas no letales. Más de siete de cada diez personas (76%) contestaron que sí, que sería de utilidad. Poco más de una de cada diez, por el contrario, respondieron que no están de acuerdo porque no la consideran útiles. Y entre los que están de acuerdo, hay quienes reparan en que "les resulta difícil imaginar su utilidad".

Otro tópico en el que la encuesta avanzó es en la obligatoriedad de portar armas las 24 horas, estén en servicio o no. Esto fue modificado por la ley 12.521, y si bien más del 70 por ciento se declaró en contra de la obligación de vivir con la pistola reglamentaria a mano, más de la mitad contestó que porta armas de fuego incluso en días franco. En el 25% de los casos dijeron que "siempre" lo hacen. Esto demuestra el arraigo de esa costumbre policial de vivir armado. 

Una de las facultades del trabajo policial en la ciudad está asociada con la posibilidad de privar de la libertad, en forma temporal, a cualquiera y por averiguación de identidad. Esta atribución es blanco de rechazo de instituciones y también a nivel popular, dado que suele propiciar violaciones a los derechos individuales. Al consultarse a los policías sobre esta facultad, una amplia mayoría (83,3%) la consideró como “bastante útil” o “muy útil”. Lo cierto es que en la actividad cotidiana, la mitad contestó que esas "averiguaciones de identidad" se hacen "de vez en cuando", y un cuarto de los encuestados respondió que ocurre "frecuentemente".

La derogación de esta atribución policial de demorar a una persona por averiguación de identidad es un largo reclamo de entidades defensoras de derechos humanos. El 75% de la policía rosarina se opone a ese cambio.

El tema que mayor consenso reúne refiere a la función de carceleros que deben afrontar quienes trabajan en comisarías y dependencias policiales operativas. El 93% se declaró en desacuerdo con que haya detenidos en espacios policiales. La mayoría argumentó que no ha sido capacitada para tratar con presos. Y en el 64% de los casos, los propios policías afirmaron que las condiciones de detención que ofrecen son malas.