Un relevamiento de la asociación de consumidores Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESyAC) indicó que, en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo (matrimonio y dos hijos) de clase media, que vive en una casa alquilada, necesita más de 1.000 pesos por día. Según este estudio, en abril la canasta básica de alimentos de un matrimonio porteño con dos hijos se situó en 32.422 pesos. 

En contraposición a las estimaciones oficiales del INDEC y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que miden las familias propietarias de viviendas, este sondeo toma en cuenta los consumos de una familia inquilina e incluye otros gastos que no están ponderados en la medición oficial. Así, cuando el gobierno porteño entiende que la canasta básica en abril llega a los 18.686 pesos, el CESyAC lo ubica un 1,59 por ciento por encima de los $31.933, que habían registrado en marzo.

Esos gastos, según los datos de las mediciones, se desglosan de la siguiente manera: el 21 por ciento (7.082 pesos mensuales en promedio) se destina a los productos de consumo masivo, y el restante 79 por ciento 25.359 pesos) a los servicios que demanda el hogar y sus habitantes. 

A su vez, los servicios se dividen en cuatro grupos: el primero engloba los gastos del alquiler e impuestos de la vivienda (expensas 19 por ciento, ABL 3 por ciento y alquiler 78 por ciento). El segundo rubro, los servicios para la vivienda (internet 36 por ciento, agua 8 por ciento, luz 7 por ciento, gas 8 por ciento, cable 38 por ciento y telefonía fija, 3 por ciento). El tercer grupo está vinculado al gasto en los servicios de las personas, como las cuotas de un colegio privado subvencionado (32 por ciento), medicamentos (2 por ciento), cuotas del club para los niños (17 por ciento), medicina privada (45 por ciento) y celulares (4 por ciento).

Por último, están los gastos de transporte. Entre ellos, taxis (8 por ciento), colectivos (10 por ciento), combustible (28 por ciento) y seguros (54 por ciento) teniendo en cuenta una familia con auto de 10 años de antigüedad.

El estudio fue encargado por el Ente Regulador de Servicios Públicos porteño.