Producción: Javier Lewkowicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institucionalizar

Por Juan Manuel Padín (*)

Argentina tiene una larga y variada tradición vinculada a la administración de las importaciones. En la posconvertibilidad, por ejemplo, se destacan tres modalidades de distinta intensidad. La primera se produjo en consonancia con la crisis internacional de 2008, mediante el uso intensivo de un particular “kit de emergencia” conformado por las licencias no automáticas, las medidas antidumping y los valores criterios, destinado a preservar al mercado doméstico de la liquidación de excedentes de otros países.

La segunda modalidad tiene como origen la falta de disponibilidad de divisas (restricción externa) que signó los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner. En ese marco, en el año 2012 se implementaron las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), abriendo paso hacia un control más exhaustivo sobre las operaciones de importación. La iniciativa desató múltiples críticas en el frente interno pero detrás de su derogación, a fines de 2015, otro factor resultó determinante: el revés ante el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio en un diferendo impulsado por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

La tercera modalidad tuvo lugar bajo la Alianza Cambiemos, que si bien rechazaba toda medida de control sobre las importaciones, restableció y amplió el sistema de licencias; aunque lo aplicó sin la intensidad de los años previos. No obstante, luego de registrar un abultado déficit comercial en 2017 (8.293 millones de dólares) y otro resultado negativo en 2018 (3.701 millones de dólares), ya no fue necesario “administrar las importaciones”. De ello se encargó la crisis económica, que deprimió sustancialmente las compras externas en 2019.

En la actualidad, la administración comercial volvió a escena ante la escasez de divisas que aqueja a la economía nacional. Como vimos, la recurrencia a este tipo de intervención es usual dado que puede contribuir (en los márgenes) a lidiar con la restricción externa. No obstante, conlleva otros efectos colaterales, al afectar la producción (o ralentizarla), el abastecimiento y los precios, y generar malestar e incertidumbre en una miríada de actores y socios comerciales. Aunque con pericia se pueden evitar algunos contratiempos, es la propia estructura productiva nacional (y sus necesidades) la que complejiza verdaderamente esta tarea: históricamente, más de tres cuartos de las importaciones están conformadas por bienes de capital, bienes intermedios, piezas y accesorios de bienes de capital y energía.

En rigor, es preciso advertir que la dominancia de las necesidades macroeconómicas sobre la política comercial externa resulta un elemento inalterable desde el retorno de la democracia. Aquí no hay novedades. Lo que resultaría novedoso sería replantear sus objetivos y acciones bajo dos certezas: i) ningún programa económico es viable sin divisas, y ii) los compromisos externos de la Argentina producto de la política de endeudamiento macrista serán una constante los próximos tres periodos de gobierno, presionando sobre la disponibilidad de divisas.

En este escenario, el comercio exterior podría contribuir de manera virtuosa a la estabilización de la economía nacional mediante un incremento sustancial de las ventas externas. Para ello es imperioso quebrar la inercia existente y propiciar, entre otras cuestiones, la jerarquización institucional del rol del comercio exterior, incluyendo a la planificación y a la evaluación de las políticas públicas como rutinas de gestión; el incremento de los recursos destinados a las acciones comerciales y a la construcción de capacidades; la mejora en la articulación público-privada; y el fortalecimiento de la coordinación entre agencias abocadas a la temática. En suma, más allá de contar con “funcionarios que funcionen” y/o lanzar nuevos programas, es indispensable construir un sistema institucional acorde a un desafío de esta magnitud, el cual solo tendrá sentido si se enmarca en un decidido proceso de transformación productiva.

(*) Investigador UNQUI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

No enamorarse de octubre

Por Leandro Ziccarelli (**)

Durante octubre el Banco Central compró unos 500 millones de dólares en el MAE (mercado donde se liquidan el grueso de los movimientos de divisas). Si bien esto puede parecer una buena noticia, y en parte lo es, vale reconocer que octubre es históricamente un mes de saldo negativo para la autoridad monetaria en el mercado de cambios. Como sabrán, la oferta y demanda de divisas en el país tienen un comportamiento estacional que lleva a octubre a ser uno de los peores meses del año. Sin ir más lejos, el año pasado el BCRA vendió en el mismo mes más de 1.000 millones en términos netos, mientras que el promedio para “los octubres” es de ventas por 1.300 millones de dólares.

La pregunta obligada, entonces es ¿qué hizo el BCRA para lograr este resultado en 2021? La respuesta es simple, aunque sus implicancias no tanto. Afinó la regulación de importaciones. En concreto, estableció que, sólo por el mes de octubre, aquellas empresas que hayan adelantado pagos de importaciones y aún no hayan traído la mercadería, no puedan seguir adelantando el giro de divisas y deban pasar a importar “a la vista” (pagando contra documento de embarque) o diferido (pagan después de que llegue la mercadería). Si bien esto afecta sólo a un 13 por ciento de los casos y tienen duración finita (vence a fines de octubre), la medida tuvo un impacto de corto plazo muy fuerte y permitió al BCRA recuperar su posición de comprador neto de dólares en un mes atípico. Vale destacar que, aunque el descalce entre pagado e ingresado no es significativo, durante los últimos meses esa brecha se venía ampliando y el “pago anticipado” estaba ganando lugar.

Para contextualizar, es importante mencionar que la situación del comercio internacional es delicada: demoras en las entregas, desajustes logísticos de varias índoles, falta de containers, etc. Esto genera un escenario complejo, donde los proveedores globales comienzan a priorizar los métodos de pagos para racionalizar los tiempos y stocks. Con esto apunto a que la medida puede ser beneficiosa financieramente en el corto plazo, pero generando problemas de abastecimiento en el mediano.

Para ser sinceros, no estamos en un escenario en el cuál el pago diferido de una importación sea viable en todas las cadenas de valor. Remarcamos esto mirando hacia adelante, dado que a la luz de los datos que veremos a continuación, podemos afirmar que –por el momento- la política de administración del comercio no ha generado escollo alguno al proceso de recuperación económica emprendido a mediados del año pasado.

En lo que va del año, las importaciones acumulan un crecimiento de 51 por ciento. Pero los rubros que apalancan esa suba hablan mucho del tipo de estrategia comercial que está aplicando la Secretaría de Comercio (en conjunto con el BCRA): mientras que las importaciones de bienes finales o de consumo crecieron sólo un 19 por ciento en relación a 2020, las de combustibles y bienes intermedios lo hicieron en 92 y 56 por ciento, respectivamente.

Esto marca, no solo una magnitud acorde al ritmo de recuperación económica (e incluso un poco más), sino también una clara vinculación de los rubros importados con usos internos para la producción. Ante una economía que está, en promedio, un 8 por ciento por encima del nivel del año anterior, una suba de la magnitud mencionada en las importaciones permite observar que (más allá del ruido que pueda existir en algunos sectores o casos puntuales) la política comercial no está generando cuellos de botella en la recuperación económica.

En este contexto, las últimas medidas mencionadas anteriormente, acotadas a algunos importadores y por el lapso de 1 mes, no parecen haber generado mayores inconvenientes. Sin embargo, y a modo de conclusión, sostener un esquema de este tipo en un contexto internacional como el que tenemos y con una economía que también crecerá el año que viene (entre 2 y 4 por ciento, según tomemos proyecciones del FMI, REM o presupuesto 2022) puede generar desajustes relevantes hacia adelante y problemas de abastecimiento en cadenas importantes para la recuperación. Tal es así, que el BCRA ya anticipó que para noviembre estas restricciones se flexibilizarán para los rubros de insumos y bienes de capital. Y claro. Por el momento va bien, pero no hay que enamorarse de este octubre.

(**) Integrante del CEPA.