El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa en la que cinco efectivas del Servicio Penitenciario de la Unidad Carcelaria 4 fueron imputadas por haber incurrido en el delito de "severidades calificadas" contra una interna de 30 años. El fiscal señaló que este no es un hecho aislado sino que corresponde a prácticas sistemáticas de violencia institucional en la provincia que hay que desterrar.

Consultadxs, integrantes del Comité Provincial para Prevención de la Tortura coincidieron en que hay un sistema que permite estas prácticas y en ese marco, el gobierno provincial sigue sin garantizar que funcione el organismo que tiene como función el monitoreo en cárceles y comisarías, y otros lugares de encierro.

Las imputadas, la sargento María José Guzmán, la cabo primera Cristina Arancibia Peñaranda y las cabos María Alejandra Gutiérrez y Jésica Judith Maza, están acusadas de haber agredido físicamente con patadas en los brazos, piernas y rostro a una interna en la medianoche del 25 de julio de 2021. "En la noche el grupo especial de la división de custodia y traslado, supuestamente entra al interior de una celda de castigo y aprovechando de su altísima vulnerabilidad, la golpean", sostuvo el fiscal según lo referido por la denunciante.

En el requerimiento a juicio, el fiscal señaló que otras internas prestaron declaración, "no solo pudieron escuchar los gritos y ver las lesiones sufridas por la víctima, sino que también situaron a las acusadas en el lugar del hecho y las señalaron como las agresoras".

González precisó que la víctima de este hecho de violencia institucional logró comunicarse por vía telefónica con la Fiscalía de Derechos Humanos y que también lo hicieron otras tres internas del penal que son testigos en la causa. De esta forma empezó la investigación.

"Hasta ahora tengo la probabilidad de que esto sucedió, cuando vaya a juicio se puede dictar una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Hay elementos de convicción que me indican que probablemente sucedió como dice la detenida y los elementos así lo avalan", manifestó González.

El fiscal precisó que las lesiones fueron constatadas mediante un examen médico realizado por el CIF. También explicó que pidió medidas cautelares como la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia como medida de protección a la denunciante. Las imputadas se encuentran en libertad. 

El fiscal entendió que las medidas de restricción fueron cumplidas porque la víctima no ha vuelto a informar hechos de violencia de parte de las penitenciarias imputadas. Señaló la gravedad de la situación al tratarse las acusadas de funcionarias públicas que eran las encargadas de la custodia y vigilancia de la interna.

Salta/12 consultó al Ministerio de Seguridad si las efectivas fueron sumariadas en el Servicio Penitenciario de la Provincia, y también sobre cómo se garantizó el cumplimiento de las cautelares pero no hubo respuesta. 

En un primer momento también fue imputada la sargento Ana Elizabeth Rodríguez, pero la investigación permitió determinar que ella no ingresó a la celda de la víctima, por lo que el fiscal pidió su sobreseimiento.

Práctica sistemática e intolerable

En lo que va de este año "tenemos abiertos 46 legajos, 46 investigaciones en curso, de las cuales 42 tienen requerimiento a juicio", detalló el fiscal González respecto a causas contra personal policial y del Servicio Penitenciario por violencia institucional. Indicó que hay 175 efectivos imputados de ambas fuerzas de seguridad de la provincia, mayormente de la Policía. De esa cifra, 154 efectivos ya fueron requeridos a juicio. 

"Entiendo, como muchísimos autores, que esta es una práctica sistemática, que no son hechos aislados y que reproduce una violencia intolerable para un estado de derecho", afirmó González. 

"Estas prácticas se tienen que desterrar (...) es una deuda pendiente (...) sobre todo luego de haber recuperado la democracia en el 83", señaló el fiscal. Dijo que cuesta erradicar la violencia institucional y consideró que implicará un largo camino porque "en cierto modo" una parte de la sociedad la tolera y hay discursos que la legitiman. Sin embargo, dijo que esas prácticas son delitos que van contra la dignidad del ser humano. "Esto nos lleva a los años más oscuros de nuestro país", manifestó.

Por su parte, la militante de derechos humanos Cristina Cobos razonó que el sistema admite estas prácticas, porque "no hay control, la cabeza de este sistema perverso lo permite. El sistema habilita a los policías a golpear. Hasta matar en algunos casos que hasta ahora no se han aclarado. Esa violencia institucional todavía esta avalada por el gobierno. Lo mismo pasa en la Policía como en las cárceles". Cobos es comisionada designada por los organismos de derechos humanos para integrar el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Consideró que las guardiacárceles denunicadas deberían haber sido apartadas de sus cargos.

González advirtió que "hay muchísimos casos que quedan en cifras oscuras o negras" porque las víctimas no logran hacer las denuncias. "Las personas que son víctimas de violencia institucional en su gran mayoría no llegan a dimensionar que son víctimas. Soportan golpes, torturas, como parte del castigo por lo que quizá hicieron en otra faceta, u otro título del Código Penal. La gente que está alojada en cárcel tolera esto como parte del padecimiento que tiene que sufrir o pagar, es la primera barrera que tenemos en la Fiscalía de Derechos Humanos", explicó. 

El Código Procesal Penal contempla las figuras para los delitos de violencia institucional que ejercen las fuerzas de seguridad: "apremios ilegales, severidades, vejaciones y el delito más grave es la imposición de tortura", explicó González. El submarino seco, el torniquete, los azotes, los castigos que obligan a permanecer largas horas arrodillados, son algunos de esos actos ilegales que las fuerzas de seguridad siguen cometiendo como prácticas normalizadas. 

"La Fiscalía tiene personal policial detenido en Orán por imposición de torturas", informó González. En esa causa se requirió la elevación a juicio para once integrantes de la Brigada de Investigaciones 2, de Orán, imputados por privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos, 2 están con prisión domiciliaria, medida que fue apelada por la Fiscalía, y uno con una detención efectiva.

González señaló que las víctimas de violencia institucional son diversas, pero "generalmente provienen de grupos vulnerables, ya hay vulnerabilidad en los contextos de encierro. Hay otras (condiciones) dadas por razones de género, por la pobreza. Pueden provenir de grupos migrantes, del colectivo LGBTIQ, también hay víctimas que son niños y niñas". Respecto a esto último, dijo que requirió también elevación a juicio para dos policías del 911 de Joaquín V. González por haber golpeado a un niño de 13 años en 2020. mientras jugaba a la pelota con otros chicos en la canchita de una plaza, un lugar de esparcimiento al que según le contó un testigo, los chicos no volvieron por miedo.

"Son las mismas prácticas de la dictadura, me retrotraigo 50 años atrás. Los policías levantaban a chicos en alguna esquina, en los carros de asalto, adentro los golpeaban tremendamente, era peor porque algunos no aparecían más. Los que aparecían, eran todos golpeados. Hoy tenemos derechos. La policía tiene que respetar los derechos humanos y civiles", manifestó Cobos.

"Si no se produce una denuncia formal o un motín no se sabe nada de lo que pasa adentro de las cárceles", sostuvo por su parte el comisionado designado por la Cámara de Diputadxs para integrar el Comité Provincial, Ramón Corregidor. El ex preso político y militante peronista en los 70, consideró también que las prácticas de violencia institucional no se han erradicado y respecto a las cárceles dijo que no hay voluntad política de crear unidades habitables, que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse en la sociedad.

El Comité Provincial tiene entre sus facultades el monitoreo de los lugares en que están alojadas las personas privadas de la libertad como cárceles y comisarías. En Salta se lo creó por ley 8024 en 2017, se la reglamentó en 2018, entre 2019 y 2020, se realizaron los concursos, están casi todos sus miembros ya designados, salvo por la Cámara de Senadores que nombró un miembro interino y debe formalizar el concurso. También hubo en 2021 un presupuesto, pero falta un decreto o resolución que habilite el funcionamiento.  

Corregidor apuntó contra la falta voluntad del gobierno salteño. Señaló como principal obstaculizador al exministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. Las expectativas están puestas ahora en el nuevo ministro, Abel Cornejo, que siendo procurador se pronunció por el funcionamiento del Comité. 

González, Corregidor y Cobos se refirieron a los anuncios de Cornejo spbre mejorar la capacitación de las fuerzas de seguridad. El fiscal consideró que debe hacerse con perspectiva de derechos humanos y de género. "Garantizar a las víctimas que puedan acceder a los servicios de justicia, adoptar las debidas diligencias de las investigaciones penales, y de protección necesaria para la víctima implica comenzar a deconstruir lo tolerado. Hay que avanzar con las investigaciones y buscar que estos hechos sean sancionados para erradicarlos", consideró el fiscal. No obstante, señaló que no todo depende del sistema penal, también se requiere "mayor educación en el respeto a los derechos humanos".

Canales de denuncia

Las denuncias por violencia institucional se pueden radicar mediante el teléfono del conmutador del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, solicitando la derivación con la Fiscalía de Derechos Humanos: 03874258000. 

Tammbién por el sistema de denuncias web https://www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial. Las personas privadas de la libertad pueden informar a los jueces de la causa, y también a sus abogadxs defensorxs privadxs o públicxs. 

Para quienes no están en esa condición, pueden acudir a la Fiscalía de DDHH en la Ciudad Judicial o a la Oficina de Orientación y denuncias, en el interior también pueden recurrir a las Fiscalías que hay en distintas localidades.