En febrero de 2016, tras la sentencia de la CSJN, Camuyrano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interviniera para conseguir una revisión de la sentencia y pedir una medida cautelar hasta tanto fuera resuelta la investigación por el presunto abuso sexual. “La cautelar era para evitar que las nenas viajaran a Estados Unidos, pero la CIDH siempre se demora”, dijo Acosta. La presentación solicitó “la nulidad del pronunciamiento de la CSJN por resultar contrario a las cláusulas establecidas en la Convención de la Haya de 1980, art.13 inc. b; párrafos 4, 8 y 9 del Preámbulo y artículos 3:1; 3:2; 12:1; 12:2; 19:1, 19:2, todos de la Convención sobre los Derechos del Niño; ello en función del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e inste un nuevo pronunciamiento que respete los derechos elementales de mis hijas a vivir en un ámbito saludable” y “que ellas sean oídas”.