Un video insólito bajado de YouTube que dura 12 segundos y muestra cómo se saludan Cristina Fernández de Kirchner y un directivo de la empresa Odebrecht en el momento en que ella lo recibe para una reunión, se convirtió en el título catástrofe de los portales de Clarín y La Nación ayer a la tarde. La noticia decía que el fiscal Federico Delgado se lo había enviado al juez Sebastián Casanello para que evalúe su relevancia en una causa en la que investiga la contratación y los sobreprecios en la construcción de una planta potabilizadora en Paraná de las Palmas, que se inició cinco años antes que la filmación, de 2013. Semejante escándalo lograba desdibujar la noticia tantísimo más relevante que decía que el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidió colaboración vía exhorto a Brasil para desentrañar si, tal como declaró la semana pasada el arrepentido del Lava Jato y operador de Odebrecht Leonardo Meirelles, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas recibió por lo menos diez transferencias por 850.000 dólares en una cuenta en Suiza, y para poder detectar otros eventuales funcionarios que pudieron haber recibido dinero de esa constructora brasileña, u otras contratistas de obra pública.

Meirelles declaró la semana pasada ante Rodríguez y el fiscal Delgado como testigo pero sin estar bajo juramento de verdad. Fue taxativo al mencionar las transferencias a Arribas y dijo que no recordaba otros nombres. Sólo mencionó a la empresa Iecsa también, de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Le nombraron a ex funcionarios como Julio De Vido, pero no lo recordaba. De todos modos dijo que le había dado al juez de Brasil Sergio Moro, quien investigó la trama de sobornos y obra pública en ese país, toda la documentación sobre las cerca de 4000 operaciones de coimas en las que había participado él mismo. Señaló que había hecho un viaje a Hong Kong, donde operaba la cuenta desde donde hacía transferencias, y había traído de allí todos los comprobantes, que es información pública y el juez Moro debería aportarlo. La fiscal que estaba presente en la audiencia a distancia ofreció colaboración e incluso tomar una nueva declaración a Meirelles si hacía falta. Esa es la información que pidió ayer por un exhorto que tramitará a través de la Cancillería y que deberá responder la justicia del país vecino.

Es la información que el juez Rodolfo Canicoba Corral no tramitó y, sin embargo, decidió cerrar la causas contra Arribas con un sobreseimiento y el argumento de que no tenía pruebas para imputarle coimas o lavado de dinero; a lo que sumó que la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo que depende de Hacienda y que está focalizado en atacar al gobierno anterior y limpiar a los funcionarios actuales– informó que Arribas sólo había recibido una transferencia de 70.000 dólares, que era la versión que le propio funcionario había dado. Ahora la reapertura de esta causa está en discusión en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con el agregado de que existe la declaración de Meirelles.