El niyat (cacique) Celedonio Torres, de la comunidad San Luis, en Santa Victoria Este, anunció que realizarán medidas de fuerza consistentes en cortes de la ruta provincial 54, de acceso a esa localidad, si es que no reciben una ayuda urgente para acondicionar la costanera del Pilcomayo, dado que año a año, con las crecidas, este río "se come la tierra". 

“Nosotros siempre tenemos paciencia. Y siempre dialogamos. Pero no cumplen y entonces vamos a cortar la ruta a la entrada (de Santa Victoria Este), el martes sobre la ruta 54”, adelantó Torres. La medida de fuerza es también por la falta de registración de la identidad de niños y niñas de esa comunidad luego de que en la pandemia se levantara la oficina del Registro Civil del hospital público de la ciudad de Tartagal, donde son atendidas la mayoría de las parturientas de esta población. 

Torres detalló que desde la comunidad habían propuesto a los responsables de la Secretaría de Recursos Hídricos hacer un canal en el medio del río con el fin de evitar que el agua llegue a golpear la costa con cada crecida. “Pero nos dijeron que eso no servía y que iban a hacer otros trabajos. Pero no los hicieron”. 

Al describir la situación el niyat sostuvo que desde el año pasado el río está solo a 20 metros de las últimas viviendas de la comunidad. “Hace unos años estaba a unos 500 metros. Y desde los inicios de la comunidad estaba a dos kilómetros”, comentó para dar cuenta del avance de las aguas sobre la costa. Precisamente, ayer el río tuvo una nueva crecida. 

“El año pasado se realizaron los trabajos en la comunidad de Celedonio”, respondió el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Mauricio Romero Leal. Añadió que a mediados de diciembre se espera poder reforzar la costanera para evitar que el agua del río siga desgastándola. Pero sostuvo que si hay demoras es porque existe un plan de trabajo para “todas las comunidades, y todas tienen necesidades”.

“El efecto de las crecidas en el lugar se da entre febrero y marzo”, añadió. Y recordó que el año pasado se realizó el refuerzo sobre la barranca, pero que el río igual se la llevó.

Seis bebés indocumentados 

“Yo acá tengo 6 chicos sin partida de nacimiento ni documento”. Celedonio Torres manifestó así su preocupación por la falta de documentación de niños y niñas que aún no superan los dos años. En ese caso, el problema radica en que, además de otros múltiples inconvenientes que esta falencia provoca, sus familias no pueden ser beneficiarias de las asignaciones que les corresponden, dado que en lo formal, sus hijos e hijas no existen.

Así se dio con uno de los tantos problemas que deben afrontar las comunidades que viven alejadas de los servicios más importantes. En este caso el Registro Civil de las Personas.

Tras los dichos de Torres se pudo corroborar con la ex titular de la Dirección del Registro Civil de Salta y diputada provincial electa, Verónica Saicha, que la oficina que funcionaba en el Hospital Juan Domingo Perón, en la ciudad de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, fue levantada hace dos años, cuando se inició la pandemia. “Nos pidieron que la desocupemos para ocuparla por la covid y aún no nos dan otra”, dijo la legisladora a Salta/12. “Estamos buscando el lugar para reponerla”, contestó por su parte el actual gerente del Hospital norteño, Santiago Payo.

La mayor complicación para las familias pasa por el hecho de que deben recorrer más de 160 kilómetros desde San Luis, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, hasta Tartagal, y eso implica dinero. “Pierden su última platita con eso”, dijo el cacique al sostener que por ello precisan que la oficina del Registro Civil vuelva al Hospital, a donde son derivadas la mayoría de las parturientas a dar a luz a sus hijos e hijas.

El niyat aseguró que además necesitan que se realicen operativos de documentación en el territorio para poder inscribir a niños y niñas que quedaron sin ser registrados oficialmente por el Estado argentino. 

Viviendas y red de agua

La comunidad también espera la construcción de viviendas. “En gobiernos anteriores no llegó ninguna vivienda acá”, dijo, y comparó la situación con otras comunidades “que sí recibieron” obras de construcción de casas.

En su comunidad pidieron unas 40 pero “primero nos dijeron que sí y ahora no contestan el teléfono”, afirmó al apuntar contra el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Carrizo.

“Son 300 las viviendas que están previstas a construir sobre la costa del Pilcomayo y más de 80 comunidades las que viven en la zona”, dijo Carrizo al ser consultado por este medio. Afirmó que se hace el análisis necesario para poder realizar una mejor distribución de casas que serán construidas con el financiamiento que otorgará el gobierno nacional. Sin embargo, reconoció que las obras comenzarían recién en 2022. Torres, por su parte, manifestó que el gobernador Gustavo Sáenz quiere reubicarlos,“Pero nosotros no vamos a ir a ningún lado que no tenga vivienda, agua potable y escuela”.

La comunidad cuenta con tres pozos de agua y necesita una red de distribución actualmente sostenida por “mangueras que ya están viejas”, sostuvo el niyat. Afirmó que si bien la empresa proveedora, Aguas del Norte, llevó hasta el lugar unos 1500 metros de las nuevas cañerías para distribuir el agua y que la comunidad puso su fuerza de trabajo gratis para realizar las excavaciones, por el momento no hay novedad de la instalación final. El problema, dijo, es que si bien son tres pozos, quienes viven más alejados de las perforaciones a veces se quedan sin agua. “Lo que queremos es una solución para toda la comunidad”, sostuvo.