El proceso para la posible expulsión de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón del Parlasur entra en etapa de definiciones. Los parlamentarios argentinos Cecilia Brito (Frente para la Victoria) y Jorge Vanossi (Unidos por una Nueva Alternativa) presentarán este jueves ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del cuerpo el dictamen que podría convertirse en la antesala de su remoción. El operador judicial macrista cumplirá la semana próxima un año desde que huyó a Uruguay, adonde se fue para evitar rendir cuentas ante la justicia y pedir asilo político. Esta conducta "deliberada", dice el planteo en su contra, "revela un menosprecio por la justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público" y "atenta contra principios y valores morales" que "hacen al respeto y la confianza que la sociedad desposita en sus respresentantes". 

Rodríguez Simón fue declarado en rebeldía y tiene pedido de captura internacional de la jueza María Servini, quien lo había llamado a indagatoria en una causa en la que se investiga una supuesta asociación ilícita y a él se le adjudican los delitos de amenazas y extorsión sobre los accionistas del Grupo Indalo ( que abarca los medis C5N y Radio10, entre otros medios), Cristóbal López y Fabián de Sousa. En el mismo expediente están imputados Mauricio Macri, su exjefe de asesores José Torello, el exvicejefe de gabinete Mario Quintana, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova, entre otros. 

Uno de los argumentos de Rodríguez Simón para fugarse fue que es un perseguido político y corría peligro de quedar detenido. Una de las cuestiones que plantea el dictamen de los parlamentarios del Mercosur es que "no hay un solo funcionario u operador judicial del gobierno anterior con prisión preventiva en la República Argentina, tampoco hasta el momento del llamado a indagatoria había indicios de su posible detención, puesto la orden de detención decretada por la Jueza Servini se produce ex post de la fuga del aquí denunciado". Una detención arbitraria, dicen, hubiera consistido en apresarlo primero y luego tomarle la indagatoria. El texto, al que accedió Página/12 es categórico: Rodríguez Simón, a sabiendas de que debía presentarse a declarar como sospechoso "decidió fugarse de la Justicia Argentina con el fin de entorpecer la investigación, hasta tanto la causa se encuentre prescripta o un Gobierno le garantice impunidad".  "La persecución política --dicen Brito y Vanossi-- no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país a un ciudadano" 

"Pepín" pidió refugio en Uruguay el 6 de mayo de este año y, si bien la Comisión de Refugiados del país vecino dictaminó en contra de otorgarle ese beneficio, la decisión de extraditarlo o darle cobijo está en manos de la jueza Adriana Chamsarian. Aunque le presidente uruguayo en su momento pareció deslizar que el trámite se haría con celeridad, no es lo que está sucedido. A un año de la salida de Rodríguez Simón del país, otro de los parlamentarios, Oscar Laborde (Frente para la Victoria), advirtió que la jueza "tiene una incomprensible e injustificada demora" y dijo que espera que "la derecha" deje de proteger al operador, que en teoría vive en Montevideo pero pasea y toma cafés por Punta del Este, y que hasta ahora logró que el paso del tiempo no tenga para el mayores consecuencias. 

"El Pleno del Parlamento del Mercosur no es ni juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan al Sr. Rodríguez Simón, sin embargo, tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros (...) la conducta desplegada por el denunciado en cuanto revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público atenta contra los principios y valores básicos que deben caracterizar a la institución y al comportamiento de sus miembros, en donde la conducta basada en los principios éticos y morales que respondan a los valores de transparencia, integridad y honestidad entre otros, hacen al respeto y la confianza que la sociedad deposita en sus Representantes y en la Institución de la cual forman parte", dice uno de los tramos claves del pedido de remoción. 

El dictamen podría ser votado este mismo jueves en comisión y de ahí pasaría al plenario. Si alguien presenta un dictamen de minoría, podría demorar un poco más la deliberación final. De todo el Parlamento del Mercosur harán falta 86 votos, es decir, dos tercios de 129 miembros.