Desde Santa Fe
La diputada Matilde Bruera reveló en la Legislatura que la operación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jimenez en el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre, se realizó sin orden de allanamiento, sin orden de requisa fundada, sin testigos y sin control de ningún magistrado y hoy, a 23 días del hecho, no hay ningún juez de garantías que intervenga en el proceso. Uno de los "blancos" fue la abogada Nadia Schujman. “Un abierto operativo de pesca que está absolutamente prohibido en materia procesal", lo calificó la legisladora. "Los fiscales están obligados a precisar qué investigan, qué hechos van a atribuir, solicitar las órdenes de requisa y de secuestro y llamar testigos ajenos al procedimiento y a la fuerza que lo realiza. Eso no existió. Acá hay una clara intención de sustraerse al control judicial”. El ataque a Schujman “es un hecho más de violencia institucional”, que deja a la vista “un preocupante manejo institucional” y “un atropello a los derechos fundamentales que no se merece una persona tan respetada como Nadia, que es reconocida por las distintas gestiones de gobierno”, porque fue subsecretaria de Derechos Humanos de Miguel Lifschitz.
Bruera cerró la sesión del jueves, en Diputados, con un alegato en defensa de su colega, militante de Hijos e histórica defensora de los derechos humanos. Antes, había propuesto a la Cámara que declare “su preocupación por el secuestro de los teléfonos celulares” de Schujman y “la requisa de su cartera, sin orden judicial previa”, el 26 de noviembre. Pero el proyecto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales. En la iniciativa, la acompañaron dos integrantes de su bloque: la diputada Lucila de Ponti y Ricardo Olivera, que es presidente del Partido Justicialista y el diputado Carlos del Frade, del Frente Social y Popular.
Ya en el recinto, Bruera denunció la “arbitraria persecución” a Schujman, “una conocida y valiente abogada, muy respetada en el foro rosarino y por los organismos de derechos humanos”. Y repasó su trayectoria “en la lucha por memoria, verdad y justicia” y los juicios de lesa humanidad, su paso por el gabinete de Lifschitz como subsecretaria de Derechos Humanos y su tarea en el equipo de Marcelo Sain, al frente de la Agencia de Control Policial, “una institución históricamente deteriorada” que muchas veces “se dedicó a encubrir y hacer impunes los crímenes de violencia institucional”. “Obviamente, la trayectoria de una persona no la exime de ser investigada, pero dice mucho de ella. Y la forma en que se manejan las instituciones también dicen mucho de esas instituciones”, advirtió.
En un silencio cruzado por algunos murmullos y sin nombrar a los fiscales Hernández y Jiménez, la diputada del PJ dijo que el procedimiento en el Ministerio de Seguridad fue “absolutamente irregular”. Y marcó los requisitos legales que no se cumplieron:
1) Sin orden de allanamiento. “Ingresaron en el Ministerio de Seguridad sin orden de allanamiento” firmada por un juez. “Atropellaron a un montón de personas que trabajaban ahí”, pero fue “un atropello selectivo” porque eran las que ya habían renunciado a sus cargos, en el equipo de Sain, entre ellas Schujman.
2) Sin orden de requisitoria documental. Si los fiscales “buscaban documentos públicos, no dijeron qué documentos buscaban, ni para qué. Ni qué delitos investigan. Hasta hoy, todavía no lo sabemos, a 23 días del operativo no hay atribución de ningún hecho”, dijo Bruera.
3) Sin orden de requisa fundada. “Ningún fiscal se puede sustraer de ninguna manera (de una autorización judicial previa) para requisar objetos personales como son las carteras, los teléfonos celulares, las agendas y otras cuestiones personales que le fueron arrebatadas a Nadia y violadas en su privacidad sin orden judicial. Sin orden judicial -insistió Bruera- porque a dos semanas (del atropello) todavía no hay juez”.
4) Sin testigos. “Los fiscales están obligados a llamar a testigos ajenos al procedimiento” y “a la fuerza que lo realiza”. “Eso no existió”. “Por eso digo que es una persecución arbitraria sin ningún requisito legal”, alertó la legisladora. “En estos días circuló por los medios un whatsapp en el que los fiscales supuestamente dicen que sí hubo testigos y que eran los funcionarios del Ministerio de Seguridad. O sea, ¿que los testigos que ellos invocan son los propios allanados? Esto es absolutamente escandaloso en la provincia, como hemos visto en otras intervenciones (del MPA) que también he criticado por la gravedad”.
5) Sin control judicial. “No hubo órdenes judiciales, no hubo testigos y hasta ahora tampoco hay juez”. “Los fiscales se siguen manejando sin control judicial. Se están sustrayendo del control” de un magistrado, enfatizó Bruera. Ya pasaron 23 días del operativo. “Sería muy sencillo si hubiera un juez" que tomara decisiones. Ahora hay "una parte que atropella" y "la otra que está indefensa porque no hay nadie que controle el procedimiento”.
6) Fiscales a la pesca. “Fue un abierto operativo de pesca, que está absolutamente prohibido en materia procesal. Los fiscales están obligados a precisar qué investigan, qué hechos van a atribuir, pedir las órdenes de requisa y de secuestro y llamar testigos ajenos al procedimiento y a la fuerza que lo realiza. Eso no existió”, reveló Bruera. “Este fue un procedimiento con una clara intención de sustraerse al control judicial”.
7) La pata mediática. “Lo que más llama la atención es que todo esto se hizo con una fuerte campaña mediática. Todo este atropello se promocionó por los medios hegemónicos con una fuerte carga de imputación arbitraria ya que aún no se conoce porqué se hizo el procedimiento y quién lo controló”. “Llama la atención que algunos fiscales del MPA se manejen de esta manera, con supuestos comunicados cuyo origen no está verificado. Y salen en la tapa de los diarios, que los fiscales dijeron tal o cual cosa, cuando se desconoce el origen legítimo de esas manifestaciones”.
La persecución a Schujman “es un hecho más de violencia institucional” –dijo Bruera- que deja a la vista “un manejo institucional” y “un atropello a los derechos fundamentales” de las personas. “Por eso, pedí esa declaración de repudio (de la Cámara) a este procedimiento arbitrario. Espero que pronto intervenga un juez para que esto se aclare y quiénes son perseguidos puedan ejercer la defensa de sus legítimos derechos y las instituciones de Santa Fe empiece a funcionar de acuerdo a las reglas de la democracia y el sistema republicano de gobierno”, concluyó.
