La Comisión de Familiares contra la Impunidad, que lleva 10 años desde su conformación en Salta, realizó el pasado martes la última manifestación de este 2021, con el reclamo vigente de celeridad a las autoridades judiciales, ya que consideran que hubo pocos avances en los procesos abiertos. Puntualmente se refieren a delitos graves como homicidios, femicidios, muertes en siniestros viales, gatillo fácil y también causas por víctimas de abuso sexual, y de desaparición de personas.
Uno de los aspectos que la Comisión cuestiona es la realización de juicios abreviados en causas por siniestros viales, un procedimiento que acorta el tiempo de trámite, pero que no les permite seguirlos en cada instancia, como sí ocurre con los juicios orales y públicos.
Por otro lado, la morosidad de la Justicia sigue siendo uno de los grandes motivos de queja, con personas que llevan varios años a la espera de que se resuelvan los procesos judiciales. Por eso la Comisión anunció que en 2022 reanudará su lucha en febrero, con una marcha en la Ciudad Judicial para exigir celeridad en la causas y también solicitarán que les reciba la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero.
Ana Fernández, es miembra fundadora de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, empezó a marchar en 2011 para exigir justicia por el femicidio de su hija Cintia Fernández. “Yo fui la que salió a la calle denunciando al Estado" y señaló que cuando se refiere al Estado es por los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Fernández dijo además que demostró a su vez la “connivencia” policial, judicial y política que había en torno al crimen de su hija. Tras años de lucha logró demostrar que no se trató de un suicidio, tal hacia donde quisieron llevar la causa judicial en un primer momento, sino de un crimen. El juicio se realizó en 2019 y resultó condenado el policía Mario Condorí a 23 años de prisión. La causa aún sigue abierta porque hay otrxs acusadxs.
Fernández aún espera el juicio en 2022 contra la policía Gimena Nuñez, acusada de encubrimiento. Además señaló que falta que sea juzgado por falso testimonio el administrador del Complejo de Parque La Vega donde residía su hija, José Antonio Ormeño. También espera respuestas de la Superintendencia de la Corte donde ha radicado denuncias contra el juez Antonio Pastrana por “connivencia con la Policía”, dijo que eso se demostró en el juicio, y que evalúa proseguir con el pedido de un Jury.
Respecto a las causas judiciales en las que se investigan los delitos de las víctimas cuyos familiares que integran la Comisión, Fernández señaló que se ha avanzado sobre todo con las más recientes mientras que “hay varios casos de muchos años que no han llegado a (obtener) justicia”. Entre estas causas, mencionó las de desaparición de personas como las de María Cash, y Cristián Luna, a quienes siguen buscando y “que llevan más de 10 años”. También manifestó que hay más personas desaparecidas y que no llegan a tener relevancia pública, así como “hay homicidios que están sin resolver”.
“Ojalá sean más acelerados los tiempos de la Justicia, que no son los tiempos nuestros”, manifestó Fernández. Dijo que “el tiempo que se toman los jueces de garantías son eternos”, señaló que conoce los derechos de los imputados, pero que también es necesario que se cumplan los derechos de las víctimas y la ley vigente 27.372 que las ampara. “Hoy se siguen vulnerando los derechos de las víctimas, ni hablar de los niños, y adultos mayores”, expresó.
Fernández relató que cada año siguen llegando muchos familiares a la Comisión para pedir justicia. “Nosotros hacemos catarsis y de psicólogos entre nosotros, es una contención muy grande cuando nos reunimos. Todos sabemos que hemos tenido una pérdida, que hemos perdido a un ser querido”, manifestó. Desde la pandemia, esos encuentros y las marchas se han visto frenados, pero indicó que viene organizando reuniones por zoom los viernes.
En la Comisión se organizan para obtener asistencia, Fernández señaló que es difícil conseguir psicólogos especializados en los hospitales para contener a las familias en duelo.
Además, Fernández es presidenta de la Fundación Cintia Fernández, desde donde brindan asistencia psicológica y jurídica a quienes se acercan en búsqueda de ayuda y han logrado que sus abogadxs sean querellantes en varias causas. Aunque aclaró que la Fundación no lleva todas las causas de los miembros de la comisión de Familiares. “Acompañamos las causas de femicidio, cuando entramos con abogados querellantes es por decisión de las familias, respetamos los duelos, si necesitan de nuestros servicios nos presentamos con la familia”, explicó.
Contó que la Fundación logró constituirse en querellante en la causa de femicidio de la docente Rosa Sulca, porque ella no tenía familiares directos, y lucharon por ello aferrandóse a la última reforma del código procesal penal en Salta respecto a este tema, sentando un precedente de este modo, y esperan la realización del juicio para el año próximo.
Entre las causas emblemáticas, cuyo pedido de justicia fundó la comisión, se encuentra el de la muerte del niño Marco Córdoba, hijo de Raúl Córdoba, en un siniestro vial el 12 de agosto 2007. Ese día fue el elegido para conmemorar los aniversarios de la Comisión que lleva 10 años conformada.
Córdoba, también miembro fundador, contó a Salta/12 que tras una lucha de 7 años, el conductor que protagonizó aquel siniestro vial, Humberto Gabriel Morales, fue condenado por homicidio culposo a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para conducir hasta el 2022. Luego denunció el incumplimiento de esa prohibición y el conductor fue absuelto.
"Nosotros nunca actuamos por venganza, rencor, ni odio, pretendemos que se genere un nuevo escenario que no perjudique a las víctimas", expresó Córdoba en otra entrevista brindada a Salta/12 y apuntó a la necesidad de que se generen políticas de Estado para la asistencia a las víctimas.
Omar Valdez, se integró a la Comisión de Familiares, para reclamar justicia por su hijo, Mauricio Valdez, brigadista de Defensa Civil, que murió calcinado cuando lo enviaron a apagar un incendio forestal, sin los recursos necesarios, en el cerro El Acheral, en Guachipas, el 28 de octubre de 2014. Tres años después, al cartel con la foto de su hijo, sumó el de su padre, Leonardo Valdez, quien fue atropellado por un motociclista en la vereda de su casa y en circunstancias que para él no fueron esclarecidas.
"El balance de este año fue bastante negativo por cuanto en (el inicio de) la pandemia y después, se realizaron muchos juicios abreviados y es lo que no queríamos. La Justicia hizo eso con varios de los juicios. Entre esos, el de mi padre", dijo Omar Valdez a Salta/12.
Leonardo Valdez falleció el 10 de enero de 2017, a los 71 años. "Demoró bastante el juicio, iba ser oral y público y me salieron que se hacía el juicio abreviado, el conductor admitió su culpabilidad. No sé si estaría alcoholizado o drogado. Lo atropelló el 2 de enero. Aparentemente estuvo muy encubierto por la policía", recordó su hijo. Al acusado lo condenaron a tres años de prisión de ejecución condicional.
Además, en cuanto al caso de su hijo, Omar dijo que este año fue absuelto por el juez Pablo Mariño, de la Sala III del Tribunal de Impugnación, el único funcionario de Defensa Civil, Víctor Dagún, que había sido condenado a un año de prisión condicional e inhabilitación especial por dos años para ejercer funciones públicas por incumplimiento a sus deberes en 2019.
"Lamentablemente quedé solo y con poca fuerza para seguir peleando, los otros familiares se han apartado, parece que se agotaron. Se hizo una presentación para que se revea el caso. El Tribunal de Impugnación lo absolvió a Dagún. Quedó como si los chicos solos se hubieran ido a buscar la muerte", manifestó. Además, dijo que se enteró de esta decisión del juez por los medios, ya que no se notificó a los familiares. Los familiares de los brigadistas aún no pudieron cobrar la indemnización fijada por la Justicia, porque la Fiscalía de Estado apeló esta decisión de primera instancia y todavía no se resolvió en la instancia superior.
Verónica Cardozo, de 60 años, también es miembra de la Comisión de Familiares contra la Impunidad y marcha por su hijo Eduardo Rojas, quien tenía 18 años cuando fue asesinado por la espalda y a quemarropa el 4 de julio del 2000. Señaló que los implicados son 15 y solo hubo un condenado a 3 años y 7 meses de prisión, Dante Alfonso, quien le disparó por la espalda con un arma de fuego; aseguró que luego le dieron una prisión domiciliaria "que nadie controló".
Cardozo sostuvo que su hijo también murió por un disparo en la cabeza, e indicó que aún las autoridades judiciales intervinientes no determinaron quien lo efectuó. Detalló que al joven lo mataron para robarle la motocicleta y que antes ya le habían robado una bicicleta. Ese día los implicados, que según Cardozo tendrían familiares policías, estuvieron bebiendo en una plaza pública y que pese a que los vecinos llamaron a la policía para que intervenga no actuó.
"Cómo puede ser que no haya Justicia para mi hijo. Yo no voy a bajar los brazos", manifestó la mujer, quien lucha para que la causa no prescriba. Dijo que los otros implicados permanecieron mucho tiempo prófugos y que algunos fueron encontrados incluso en las últimas elecciones cuando fueron a votar.
"La justicia no es buena en Salta. Uno va, (lxs funcionarixs) están de reuniones, te dicen que viajó, que está de carpeta médica, las causas duermen ahí. Llevo 21 años luchando por justicia por mi hijo", expresó.
"Cuando marchamos no vemos calor, no vemos frío nada. Hoy gracias a Dios hemos podido cerrar el año. En febrero vamos a volver a la Ciudad Judicial con bombos y platillos recordando cada causa. Que se les grabe a los fiscales y a los jueces que las causas no van a quedar así, no se van a archivar, estamos pidiendo justicia para nuestros seres queridos", dijo Cardozo.
