Que más de 2 mil personas se congreguen en la primera tarde de febrero en el centro de Rosario, frente a Tribunales Federales, para exigir la democratización de la Justicia, el fin del lawfare y las operaciones mediático judiciales, y que ese clamor popular se replique en numerosas ciudades del país connota el deterioro de la paciencia ciudadana para con el sistema. Eso ocurrió ayer en Oroño al 900, donde una estela de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, políticas, gremiales, barriales, profesionales y estudiantiles proclamaron el Documento 1F, que condensa ese malhumor. En medio del gentío, también se colaron expresiones de rechazo al acuerdo con el FMI.

El escrito arrancó con el pedido de renuncia a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Están al servicio de la dominación imperial y fue moldeada por la derecha como una herramienta para implementar el Lawfare, asegurar la impunidad para los genocidas, no tocar a los delincuentes de la deuda externa ni a los responsables de los desastres ambientales, dedicándose afanosamente a la persecución de las y los que luchan por los derechos populares", apuntó.

El documento acusa sin dobleces de corrupción al máximo tribunal y le exige que se allane a los tratados de DDHH que Argentina suscribió. Le reprochan que no haga valer su autoridad para proteger el medioambiente, que admita aún que haya presos y presas políticas, y que "sea funcional a los poderes concentrados, proteja a los evasores y permita por acción u omisión el vaciamiento de empresas y pérdidas de puestos de trabajo". 

En un tramo que leyó Nadia Shujman (HIJOS, blanco de fiscales santafesinos en la operación que llaman "causa de espionaje ilegal"), el documento señala que los males del sistema federal también habitan el Poder Judicial de Santa Fe. "Hay sectores vinculados al crimen organizado, o que le aseguran impunidad, y a su vez se prestan como instrumento polìtico de persecución de militantes y defensores de derechos humanos, sometiéndolos a procedimientos arbitrarios e ilegales, con la complicidad de algunos medios de comunicación que son parte de esa violencia judicial y política", dice.

El paper denuncia "un pacto político multipartidario" que influye en la Justicia local y "jueces que son funcionales a fueros de privilegio para impedir la investigación de la corrupción política".

El planteo también es de género, por cuanto la Corte nacional tiene solo 4 miembros, todos varones, y en la provincial solo integra una mujer. En esa línea, el colectivo de firmantes reclamó reformas, democratización, sensibilización del sistema.

La expresión de este reclamo político y estructural de la Justicia lo integra también cada tragedia familiar, cada crimen impune en una ciudad que los cuenta de a cientos cada año. Ahí estaba Walter Mena, a quien una banda narco del Parque de Mercado le asesinó a su hijo homónimo en 2016, a la salida de un baile en Mitre y Zeballos, porque él se negaba a entregarles su casa familiar. "Vine por la corrupción de los fiscales, en mi caso Marisol Fabbro y Adrián Spelta, ellos avalaron el crimen de mi hijo, que los narcos me arrebaten la casa, y luego dejaron que se escapara uno de los asesinos, (Ariel) Teletubi Acosta. No me siento perseguido por los narcos sino por las autoridades", dijo. 

Edgardo Orellano, padre de Bocacha, asesinado en el boliche Sr. Ming River House en 2020, también denotó significado local al reclamo. "En 2020 presentamos un escrito en el Monumento a la Bandera al Presidente Fernández, ya ahí pedíamos la democratización de la Justicia, que sea elegida por el pueblo como al resto de las autoridades políticas, voto popular, basta de transa y de puestos heredados por familia, y que haya juicio por jurado", resumió. Y relacionó eso con los desaguisados recientes que dan contexto al triple crimen de Ibarlucea, del sábado pasado.

"La Corte nacional saca el cuerpo a las causas que todos necesitamos, e influye cuando cada vecino y vecina percibe que no accede a un derecho porque el servicio de Justicia no funciona. Humedales, derechos laborales, derechos de género, son ejemplos cercanos que justifican este pronunciamiento", dijo la concejala Norma López.

La diputada Matilde Bruera, ex defensora oficial federal y miembro de Justicia Legítima resumió:"Es el mensaje político de la sociedad que hay que democratizar la Justicia, donde su cabeza, la Corte Suprema de la Nación, viola permanentemente el estado de derecho".