Nadie se atrevería hoy a justificar la trata de personas. Sin embargo, cuando se habla de prostitución, las aguas se dividen y se revuelven. La problemática de la prostitución implica una serie de debates, entre ellos, respecto de si debe ser reglamentada como trabajo sexual, prohibida y penalizado su ejercicio o abolida del sistema social.

Recientemente se celebró una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde miembros de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe RedTraSex expusieron su preocupación  por el “alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves problema”. Estos abusos denunciados son reales en nuestra región. ¿Se solucionan estas injusticias reglamentando la prostitución?

Nueva Zelanda y Alemania son países que reglamentaron la prostitución y para una parte del movimiento feminista fue un avance porque promueven los Derechos Humanos de las mujeres. Ahora, si observamos los resultados de la reglamentación de la prostitución en estos dos países desarrollados, vemos que dicha reglamentación no es la solución, al contrario, agrava los problemas. En Nueva Zelanda, el Comité de Revisión de la Ley encontró que después de la reglamentación de la prostitución, la mayoría de las personas prostituidas seguían sufriendo actos de violencia y que el estigma y el acoso por parte del público en general continuaban. En Alemania, cinco años después de que entrara en vigor la ley, el Ministerio Federal alemán de Asuntos de Familia, Jubilados, Mujeres y Juventud, publicó un informe donde señaló que no existían indicios de que se redujeran los delitos alrededor de esa actividad; también que por autonomía, anonimato y a fin de no pagar impuestos, la mayoría de las 400.000 mil mujeres en situación de prostitución no tenían contratos de trabajo y tampoco los querían –sólo uno por ciento de las mujeres lo tenía–, además muy pocas “trabajadoras” se dieron de alta en el régimen de la seguridad social. A la par, más de una tercera parte de los fiscales señalaba que la reglamentación de la prostitución complicaba su labor de perseguir la trata de personas y el proxenetismo.

El modelo abolicionista, dice Mariana Pucciarello, propugna que la prostitución carezca de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico de forma tal de desalentar y erradicar la actividad, está relacionado con la defensa de la dignidad de las personas, no penaliza a la persona que se prostituya pero sí a quienes lucren con su explotación sexual como a quien consume prostitución. Para Catherine A. MacKinnon, una de las juristas feministas más reconocidas internacionalmente, la sexualidad está en la base de la desigualdad de género, por ello sostiene que con la prostitución no se compra un servicio sexual sino a la mujer misma; se compra un “you do what I say”.

El denominado “modelo nórdico” ha sido hasta ahora el más eficiente de todos los estudiados para la reducción de la práctica de la prostitución y por consiguiente del delito de la trata con fines de explotación sexual. El modelo se inició en Suecia en el año 1999 y tiene como principales características la sanción a toda persona que demande servicios sexuales, la asistencia integral por parte del estado a las mujeres en situación de prostitución, el desarrollo continuo de campañas masivas de sensibilización dirigidas a hombres y mujeres y la capacitación permanente a policías y funcionarios públicos. Esta ley a su vez se enmarca dentro de una política pública que se viene ejecutando desde hace 50 años y que tiene que ver con medidas a favor de la igualdad de género. Hoy en día, el 80 por ciento de la sociedad sueca no acepta la compra de servicios sexuales y la policía y los fiscales hoy son los partidarios más importantes de esta ley. Hoy Suecia posee bajos niveles de mujeres en situación de prostitución y por ende menores índices del delito de trata de personas.

El abolicionismo representa un progreso ético y humano decisivo en relación a los otros regímenes legales que regulan la prostitución. El abolicionismo actual tiene que estar decididamente en contra de la mercantilización del sexo, así como de la mercantilización de las relaciones sociales, donde se penalice a los proxenetas y a los mal llamados “clientes”/prostituyentes. Es necesario promover la idea de que la venta del cuerpo o el sexo es un crimen contra la humanidad.

Desde la experiencia que la Fundación María de los Angeles viene desarrollando en nuestro país desde el año 2007, consideramos que todos aquellos abusos que RedTraSex denuncia solo son posibles de ser  enfrentados con una política pública como la sueca, que ataque a la raíz de este flagelo social. El debate ha comenzado en Argentina.

* Abogado de la Fundación María de los Angeles por la Lucha contra la Trata de Personas.