El diputado provincial Carlos del Frade denunciará ante la justicia federal a los funcionarios responsables del control de puertos de la región, en los cuales fueron corridos de sus tareas los trabajadores del SENASA, el Servicio de Sanidad Animal. "La falta de controles del propio Estado ha generado evasión y subfacturación, y ha puesto en peligro el medio ambiente", aseguró el legislador. Las figuras a las que echara mano el diputado son las de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, por -entre otros- el saqueo del patrimonio público de los puertos"."Hoy las contaminaciones no son controladas mientras la falta de control permitiría ingresar desde armas hasta drogas". Por eso Del Frade imagina lo que podría configurar un delito más grave : el de traición a la patria. Los apuntados van desde el responsable local del puerto Cristian Cunha hasta el mismo presidente Mauricio Macri.
Todo comenzó mediante una resolución del Ministerio de Agroindustria por la se exceptuó del control del SENASA a las cerealeras exportadoras, "violando todo el régimen nacional e internacional de control fitosanitario al tiempo que se las eximió del pago de los aranceles por ese control de subproductos", explica el diputado del Frente Social y Popular. En rigor el control se privatizó en manos de los mismos interesados, con la única razón de agilizar el comercio, "sin considerar las cuestiones de salubridad, higiene y la responsabilidad internacional del estado que debe responder ante la presencia de alguna plaga o enfermedad no detectada" esgrimió el denunciante. Todo esto se resolvió en una reunión en Presidencia de la Nación con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales.
En rigor el control se privatizó en manos de los mismos interesados, con la única razón de “agilizar el comercio”.
En cuanto a los cargos al responsable del área local Cunha, Del Frade es planteó que estuvo más de seis meses sin nombramiento con lo cual podría configurarse el delito de "usurpación de cargo público, violación a la ley de ética pública". Desde el 1 de mayo Cunha ha sido nombrado, en un tiempo récord para la administración pública, que mantiene durante muchos años a un trabajador sin nombrarlo.
"Se está favoreciendo a los poderosos en contra de los intereses del pueblo. Es probable que haya varios delitos contra la administración pública: defraudación, nombramiento indebido. Y traición a la Patria como consecuencia de la sumatoria de estos cargos y la desprotección del patrimonio nacional.Todo esto desde lo económico a lo ambiental y haciendo hincapié en la seguridad vulnerada por la privatización del SENASA" aseguró el legislador.
En rigor también el control de las bodegas de barcos de carga quedará definitivamente en solo dos semanas en manos de los mismos exportadores, de los sectores privados que ahora se autocontrolarán en la totalidad de su cargas. Solo media una audiencia pública para la aprobación final.
"El problema es que los inspectores no serán del estado nacional sino meros peritos privados contratados por el mismo operador, que difícilmente acepte que el barco que debe cargar con sus productos pueda tener un sobrecosto por la demora en el rechazo. En la práctica se rompe la barrera sanitaria con la exclusión del inspector del Senasa que velaba por los intereses del propio país. Así nos exponemos a plagas varias que puedan llegar desde distintos lugares del mundo" dicen los trabajadores del SENASA.
Del Frade ya había presentado ante la Cámara baja un pedido de informes donde consultaba sobre "las consecuencias de la política nacional en torno a la privatización de las funciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y su impacto en el patrimonio zoofitosanitario de la provincia, como ya ocurrió con la introducción del llamado 'mejillón dorado' que está causando serios perjuicios en la fauna ictícola de la provincia".
