Santos Centurión, que denunció a la policía de Tartagal por la muerte de su hijo Franco Centurión, el 1 de enero, sostuvo que teme por su integridad física y la de su familia luego de que el hermano de su abogado, Rambert Ríos, fuera golpeado por efectivos de la Comisaría 45 de la ciudad de Tartagal el pasado 10 de febrero a horas del nombramiento letrado. El padre destacó que no hay imputados aún por la muerte de su hijo y todavía espera el informe de autopsia.

Centurión dijo a Salta/12 que se contactó por teléfono con la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Salta, María Martínez Morales Miy, y también con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia; con el jefe de Policía de la provincia, Marcelo Ceballos, y con el fiscal de derechos humanos, Gabriel González, a quienes les hizo llegar una carta escrita de su puño y letra en la que les hace saber que "si en alguna circunstancia" le llegara a pasar algo a él o a su familia, responsabiliza a la policía. 

"Si se animaron a pegarle al hermano del abogado los policías, qué puedo esperar", sostuvo Centurión. Contó que casi no sale de su casa desde la muerte del hijo por temor a que los efectivos lo secuestren o le hagan algún daño. Y aseguró que no quiere custodia de la Policía de Salta porque desconfía de la fuerza.

La abogada de Centurión, Sara Esper, contó a Salta/12 que ella nombró como coquerellante a Rambert Ríos, "al escrito lo presento el 9 de este mes, nombrándolo a Ríos. En la madrugada del 10, un hermano resulta golpeado por miembros de la comisaría 45 en la vía pública. Lo golpearon de pie a cabeza, le pidieron el documento. Le preguntaban qué es del abogado y le cayeron a golpes. Cuando a Ríos le hicieron reportajes, él entre las posibles causales (de esa situación), menciona la causa Centurión", contó la letrada. 

La denuncia de Santos Centurión es también contra efectivos de la Comisaría 45 y del sistema de emergencias 911, por violencia institucional primero y luego por el fallecimiento de su hijo, quien era paciente oncológico (trasplantando de médula ósea). El padre acusa a los policías de haber golpeado a su hijo cuando lo detuvieron el pasado 11 de noviembre y mientras lo mantuvieron varios días privado de su libertad en la dependencia policial. Desde la Procuración de la Provincia ordenaron que se conforme una unidad especializada para investigar la muerte, compuesta por el fiscal de graves atentados contra las personas, Gonzalo Vega, de Tartagal, y el de derechos humanos, Gabriel González, de Capital. 

El padre contó que la semana pasada investigadores de la fiscalía de derechos humanos viajaron de Salta Capital a Tartagal por la causa que se abrió tras su denuncia. Sin embargo, señaló que "no hay imputados". "Seis policías están trabajando normalmente en la 45" indicó. Añadió que por una empleada de fiscalía sabe que hubo otros policías que fueron trasladados a distintas dependencias. "Me preocupa, a los policías los están desparramando no sé por qué motivo, será para que la causa quede impune. Eso es lo que yo pienso", manifestó. El Ministerio de Seguridad y Justicia había informado el mes pasado que había 11 policías sumariados. 

Esper dijo que ya hizo un pedido ante el fiscal Vega para que impute a los policías de la Comisaría 45 por haber incumplido con la orden del juez de Garantías de llevar a Franco al médico todos los días mientras durara su detención y cuando él lo precisara. Sin embargo, contó que el funcionario le respondió por escrito que ese tema todavía es objeto de investigación. "Mínimo, han cometido desacato de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público porque no se cumplió con la orden del traslado diario al hospital", sostuvo la abogada.

Además la letrada señaló irregularidades respecto a la autopsia, dijo que no le parece "normal" que la médica forense haya pedido la historia clínica de Franco a los hospitales donde estuvo internado en Tartagal y en Capital. "El informe ya le fue remitido, diga lo que diga ya es pasible de cuestionamiento desde Fiscalía y la defensa", expresó. Dijo que como en ese momento todavía ella no estaba nombrada como querellante "no hubo nadie que se oponga".

Esper dijo que teme que la causa por la muerte de Franco Centurión quede "congelada", porque ya pasó por esa experiencia como abogada cuando años antes tomó la causa por la muerte en la Comisaría 45 del trabajador desocupado Pablo Moreno, quien fue detenido después de protagonizar un piquete en 2016. Llamó la atención sobre la violencia sistemática de esa dependencia policial.

Franco fue detenido por portación de un arma. Según el padre, el joven había encontrado un arma cuando fue a juntar algarroba con un amigo y a ambos los detuvieron cuando iban de regreso a su casa. Esa causa está radicada en la fiscalía de Pablo Cabot, y el amigo de su hijo sigue imputado. Centurión dijo que pidió foto de esa arma pero no se la dieron en la fiscalía que investiga la muerte del joven y le señalaron que debía tenerla el fiscal Cabot.