Más policías de la Ciudad involucrados en encubrimientos y que son citados por la justicia. Al tándem de las mujeres policiales Lorena Miño y Micaela Fariña, acusadas en la investigación por el asesinato de Lucas González y de cuya saga este diario va dando cuenta, ahora se agregan citados a indagatoria tres policías más, de otra causa, muy anterior a la del fusilamiento de Barracas. Se trata de los uniformados acusados de encubrir al motociclista policial, Esteban Ramírez, quien seguramente en los medios no será denominado como "motochorro" aunque le haya robado la vida a Jorge Martín Gómez de una tremenda patada en el pecho para "amedrentarlo", golpe que lo desplomó y mató al chocar su cabeza contra el cordón de la vereda.

La patada de Ramírez quedó registrada en los videos de las cámaras de la Ciudad en la calles Carlos Calvo entre Saavedra y Alberti, de San Cristóbal, durante la mañana del 19 de agosto de 2019. En aquel momento, el secretario de Seguridad porteño (hoy ministro) Marcelo D'Alessandro, salió en defensa del uniformado asegurando a los medios sobre la peligrosidad de Gómez que había sido alertada por una mujer policía al señalar que "estaba interrumpiendo el tránsito y amedrentando a la gente con un cuchillo. Cuando la oficial le pidió deponer la actitud -dijo D'Alessandro-, el hombre se le fue encima de forma amenazante con un cuchillo, por eso pidió apoyo". En el video, sobre el que este diario informó en su momento, nada de lo dicho por el entonces secretario se puede constatar. Al contrario, se ve a un hombre aparentemente desarmado que avanza tambaléandose, controlado desde atrás a distancia una mujer policía, un policía motociclista que deja su moto contra la otra vereda y Ramírez que llega a la escena por detrás de la cámara. Antes de que Gómez atine a hacer nada, Ramírez le descarga un tremendo golpe con su pesado borceguí, que da de lleno en el tórax de la víctima que cae sin reflejos hasta golpear en el cordón.

La misma actuación policial habitual: una acción violenta con consecuencias, seguida del mismo reflejo protocolar de justificar esa acción con la supuesta peligrosidad del "enemigo", peligrosidad a la que conviene adornar con un arma, para el caso un supuesto cuchillo, para facilitar a investigadores, jueces y periodistas el acceso a la realidad.

Los tres citados a declarar en indagatoria son Héctor Alejandro Fébula, Lorena Alejandra Luna y Sergio Daniel Sendra, para los días 21, 22 y 23 de febrero próximos. Los tres participaron del operativo de control a patada limpia de una persona en absoluto estado de indefensión, tal como se lo ve en el video, caminando por la calle con serias dificultades para sostenerse. Los tres citados y Ramírez conformaron el grupo de 4 uniformados, preparados para el combate, que rodeaban a la víctima, y que sostienen la jocosa versión de lo peligroso que lo percibieron.

Los tres están acusados de "encubrimiento agravado, falso testimonio agravado y falsedad ideológica" debido a que, como lo indica el protocolo-policial-bajo-cuerda, la llamada a la fiscalía de turno la hicieron los citados más de una hora después de la patada voladora, dando tiempo a que Ramírez se fuera a cambiar los borceguíes, e informando a la fiscal, en aquel momento Ana Yacobucci, que se habían topado en la calle con un "óbito NN." Los uniformados saben que al denominar óbito están diciendo que desconocen las causas de muerte, y dan la idea de que llegaron al lugar porque pasaban de casualidad. La versión que apoyó D'Alessandro debió silenciarse rápidamente porque el video, que no figuraba en el norte de los acusados, echó por tierra  la historia oficial. También había salido en apoyo la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se encontraba en plena campaña de su doctrina Chocobar.

Lo llamativo de esta causa conexa es eso, que resultó conexa pero desconectada porque los familiares no tenían acceso por "no ser parte". Es decir, no formó parte de la misma acusación porque Yacobucci se negó en aquel momento a aceptar incorporarla y la investigación del encubrimiento se detuvo, se debatió si debía pasar a otro fuero, a otra fiscalía, volvió luego tras la apelación, en el preciso momento en que Yacobucci renunció por inconveniencia para desarrollar sus investigaciones luego de que Alberto Fernández anulara las jubilaciones de privilegio, en abril de 2020, con lo que la causa por encubrimiento pasó junto con el inicio de la pandemia, a la absoluta virtualidad en aislamiento.

Hasta que en su reemplazo, como subrogante, la conexa desconectada quedó a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella (el mismo que investiga el asesinato de Lucas González), y la investigación se empezó a mover. Habrá que ver hasta donde la dejan.