Cambiemos busca socios en el Congreso para transformar lo que era una política social en un gran negocio. Un negocio, bien a su estilo, para ellos mismos. La trampa la esconde el proyecto presentado por el diputado nacional Daniel Lipovetzky para regular el mercado de alquileres. Esta es la respuesta del oficialismo a otro proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que vienen cajoneando en la Cámara de Diputados desde hace seis meses.

El texto que votaron los senadores a fines del año pasado regula el mercado de alquileres con beneficios para los inquilinos como el mínimo de tres años de contrato, el precio atado a los incrementos salariales y a la inflación para todos los alquileres o que los gastos legales del contrato los pague el propietario. La propuesta de Lipovetzky no sólo recorta estos beneficios sino que incorpora, en forma subterránea, una grandiosa serie de privilegios impositivos para las empresas que construyan edificios de departamentos para alquilar. Un botón de muestra para la Nación de la política que el macrismo viene llevando adelante hace diez años en la ciudad de Buenos Aires.

Lo explican de forma lineal: ampliar la oferta de inmuebles para bajar los altísimos y descontrolados precios que hoy pagan quienes acceden a su vivienda a través del alquiler. Una explicación mentirosa y fácilmente desnudable. En la Ciudad de Buenos Aires, cuna de poder del macrismo, desde 2007 hasta la actualidad se construyó el equivalente a 250 mil departamentos de dos ambientes, según datos de catastro del propio Gobierno de la Ciudad. Durante ese lapso, la cantidad de habitantes de la Ciudad se mantuvo en los niveles históricos, rondando los 2,9 millones. ¿Ese esquema sirvió para regular los precios? Ni por asomo: si algo caracterizó el mercado de alquileres en esos años fue la especulación, el aumento de precios y los abusos de las inmobiliarias.

Lo que buscan, en realidad, es transformar una ley para los inquilinos en una ley para las grandes constructoras. Grandes constructoras como, por ejemplo, Caputo S.A., una de las que más edificios levantó durante la gestión PRO y propiedad de Nicolás “Nicky” Caputo, el “hermano de la vida” de Macri. O la empresa IRSA, la mayor propietaria de la ciudad, accionista del Banco Hipotecario, la más beneficiada por la privatización de tierra pública y de la cual el hermano del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, era gerente.

El macrismo muestra en esta discusión sus más profundas convicciones. La incorporación de este “Régimen de fomento” a la construcción pretende agregar un millonario negocio en una ley que tenía por objetivo, justamente, poner límites a otro negocio, el de los agentes inmobiliarios. Donde se buscaba la intervención estatal en beneficio de los ciudadanos, Cambiemos ve una ventana para incorporar un gesto hacia sus amigos del sector privado. El espíritu PRO en su máxima expresión.

Lo que necesitan los inquilinos es una ley que le ponga freno a los abusos de las inmobiliarias y del mercado. Esto como primer paso hacia una planificación urbana pensada de manera integral y gestionada democráticamente, que coloque el derecho a la vivienda y el acceso a la ciudad por sobre la generación de ganancias extraordinarias de las grandes empresas mediante la explotación del suelo urbano.

Una ciudad moderna no es una ciudad llena de torres, accesible sólo para quienes pueden pagarla. Una ciudad moderna es una ciudad que permita el buen vivir de todos sus habitantes, sustentable, segura e integrada, con espacios públicos que se puedan disfrutar y movilidad eficiente, extensa y articulada. No nos resignamos a creer que esto es un sueño imposible. Nos damos la tarea de construir una alternativa política para hacerlo realidad.

* Referente de Ahora Buenos Aires.