Desde la de Comisión Salud Rosario del Instituto Patria, y en el marco de la visita a la ciudad del Director Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) del Gobierno de Cambiemos, Andrés Blake, "queremos denunciar lo que viene ocurriendo desde diciembre de 2015 con las políticas de salud mental, y el horizonte proyectado por la Cobertura Universal de Salud (CUS)", dicen en un comunicado. Sostienen que es de conocimiento público que, en los últimos años, "el pueblo argentino avanzó en inscribir el Cuidado de la Salud Mental desde la perspectiva de los Derechos Humanos, de la Salud Colectiva, y de una clara reinvindicación de la Voz de los usuarios, marco mucho más amplio que los tradicionales abordajes individualizantes y psiquiatrizantes", afirma el documento del Intituto Patria.

También señalan que esta situación fue posible "gracias a la lucha y al trabajo de colectivos de trabajadores de salud, de usuarios y familiares, del movimiento de los derechos humanos, de referentes académicos, judiciales y otros actores sociales".

Y enumeran que así la salud mental es concebida como:

  • Inescindible de la salud integral, y como tal, un derecho a ser garantizado por el Estado.
     
  • Un proceso de salud‑enfermedad‑atención‑cuidado, determinado por procesos sociales, económicos y culturales, y que se expresa a nivel colectivo e individual como padecimiento subjetivo, sufrimiento psíquico, acompañado históricamente de estigmatización y exclusión social.
     
  • Un proceso donde la atención y la promoción incluyen al cuidado disciplinar y muy especialmente al interdisciplinar y a las diferentes estrategias tendientes a construir y reconstruir vínculos (familiares, comunitarios, laborales, etc.).

"Esta concepción da relevancia central al rol de los usuarios, quienes organizados en distintas experiencias constituyen un actor central en la implementación de la ley de Salud Mental, formando parte del Órgano de Revisión, del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, participando activamente de espacios de formación dirigidos a los profesionales en pos de afirmar un paradigma que hace eje en los derechos humanos, desplazando las construcciones sociales ligadas al tutelaje y la peligrosidad social. Una lógica diferente a la manicomial y biologicista, que vulnera derechos humanos básicos, y asume a la salud mental como un problema individual, depositando su confianza de un modo casi excluyente en la farmacología y el aislamiento asilar", aseguran.

Pero advierten que en 2016, y a solicitud del mismo, el CCH fue recibido solamente en una oportunidad por el doctor Blake. Y que el compromiso verbal asumido en dicha oportunidad "no se vio reflejado en lo acontecido desde entonces, donde el incumplimiento con el proceso de implementación queda expresado en: La baja de contratos de trabajadores del Estado pertenecientes a la DNSMyA. La baja de programas de salud mental, en especial aquellos programas con fuerte inserción territorial y que asisten a población de barrios pobres. La baja de contratos profesionales que conformaban los equipos interdisciplinarios para causas relativas a la determinación de capacidad jurídica. Implicó la devolución a los juzgados de origen de más de 800 expedientes en curso". También apuntan la "desactivación de las Casas SIS Salud e Inclusión para personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal. La baja de proyectos de formación y capacitación en salud mental. En 2015, desde la Escuela Nacional de Gobierno en Salud Pública "Ramón Carrillo" del Ministerio de Salud de la Nación, se comenzaron a dictar diplomaturas destinadas a trabajadores de salud, entre ellas salud mental. Toda la propuesta académica quedó interrumpida con el Decreto 358/2016 que derogó la Escuela de Salud Publica".