La Ley Antiterrorista cumplió un año. ¿Cuál es su alcance?
–El proyecto, enviado al Congreso a mediados de 2015 y aprobado a principios de 2016, fue presentado con urgencia constitucional y evitó el debate con la sociedad civil y con los movimientos sociales; no pasó por comisiones especiales y audiencias públicas. Deja un amplio margen para que los operadores de justicia interpreten quién es terrorista y quién no. Para la ley el terrorismo es la práctica de ocasionar terror y pánico generalizado, conceptos no del todo definidos. Es un instrumento de espíritu estigmatizador y penas altísimas (establece de 12 a 30 años de cárcel). Es una gran posibilidad para que el sistema político y jurídico procese y criminalice a los movimientos sociales.
–¿La Ley Antiterrorista se aplicó? ¿Qué otros rasgos presenta?
–Aunque no tengo conocimiento de su aplicación, su existencia inhibe la libertad de expresión y la participación de movimientos sociales. Hay un proyecto de ley que busca la tipificación de apología del terrorismo para personas que apoyan protestas en Internet. Otra iniciativa pretende incluir en la definición de terrorismo la motivación político-ideológica.
