Hace unos días, la diputada Amalia Granata, en un móvil del programa que conduce Carmen Barbieri, reprodujo un mensaje transodiante dejando en evidencia su ignorancia sobre las problemáticas de la población trans. Yo no creo que sean ingenuos estos dichos: buscan el aplauso de su público votante y fomentan la discriminación que todavía sufre el colectivo.

La diputada no solo dejó en claro que desconoce las bases del reclamo de las personas trans, sino que también hizo alarde de su limitada capacidad de análisis acerca de las consignas que convocaron a la marcha del #8M. «¿Qué quieren? ¿Más derechos para las mujeres? ¿Por ser mujeres, un privilegio y tener otro tipo de derecho que un hombre no tenga? ¿O por ser trans tener un privilegio? Ante la ley somos todos iguales», sostuvo Granata.

En un acto que no colabora tampoco para frenar la continua discriminación, la conductora acompañó los dichos de la diputada simplificando nuestro reclamo a la demanda de un sueldo: «Creo que tienen un sueldo. Les pagan por ser trans, decime si estoy equivocada». La diputada no respondió esa pregunta y agregó que dado que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad está involucrado en las luchas de las mujeres, entonces el colectivo trans «pide». Según Granata, en la legislatura ingresan proyectos para darnos más derechos y redujo el pedido a la fórmula básica: porque son trans, entonces hay que darles viviendas gratis o pagarles desde el Estado el tratamiento de hormonas.

Detengámonos en este diálogo por un minuto y vayamos desmenuzándolo por partes, así reconstruimos lo que está detrás de todo este discurso que, como ya habrán advertido, desprende odio en cada letra. En primer lugar, la respuesta impulsiva de Barbieri ante la pregunta «¿qué quieren?», me resulta reveladora: un sueldo. ¿Estaría mal que deseáramos tener un sueldo? No alcanza con eso, porque el prejuicio se exhibió inmediatamente: un sueldo por ser trans. Es decir, nos están sumando a otra figura que también es sujeto de antipatía: la persona desocupada que vive del Estado y no tiene ninguna intención de progresar o de trabajar. El famosx planerx.

Esta es la base que ratifica inmediatamente la diputada: el colectivo «pide». El del colectivo no es un reclamo social y político, sino un «pedido». Usa el término como quien se refiere a lo que hacen los chicos o los pobres: ¡pedir! ¡Como si se tratara solo de dinero eso que los grupos trans en toda la lucha de tantos años vienen demandando! Qué gran ninguneo a esta gesta.

La desinformación tampoco ayuda si, ante semejante simplificación, Carmen Barbieri responde que, como hoy hay libertad, las travestis hoy sí pueden ir a trabajar. Que hoy se contrata a personas trans cuando antes tenían que prostituirse para poder vivir. ¡Que hoy eso no pasa! Por suerte Pampito, panelista de Carmen, tuvo una reacción ante esta afirmación con forma de deseo más que de realidad: «En el interior hay mucha discriminación», respondió. Y nuevamente la diputada mostró su gran capacidad para reducir todo a soluciones sencillas: se resuelve con educación. Buena idea. La comparto y quisiera que esa educación la recibamos todxs. Por ejemplo, si para desacreditar las políticas resarcitorias para con el colectivo trans, Granata apela al argumento bajo de sostener que en Argentina hay niños con hambre, sospecho que le está faltando también educación a ella sobre el tema: el acceso a la salud figura en la declaración universal de Derechos humanos. El hambre infantil en Argentina es una deuda enorme que aún no ha sido saldada y claramente no tiene relación directa con el presupuesto de acceso a la salud para nosotrxs.

La señora Amalia Granata habla con tanta liviandad porque quizás desconozca que estamos hablando de un colectivo que tiene un promedio de vida entre los 35 y 40 años cuando para el resto de la población ese número llega a los 75 años. ¿El deber del Estado no es atender las necesidades de sus ciudadanxs? ¿O por ser trans no lo merecemos? ¿Atender los derechos que nos fueron negados durante décadas no forma parte de la emergencia sanitaria?

Yo no sé nada de presupuestos del Estado o de ministerios, de lo que sí sé es sobre las enormes dificultades que atraviesan las personas trans en esta sociedad. En un 80% de los casos, el primer problema es la exclusión de hogar. Ligado íntimamente con esto está el tema de la educación: según un informe de 2014, el 70% de las mujeres trans no terminó el secundario por discriminación. A menor nivel educativo, mayor es la posibilidad de ejercer la prostitución. Un 90% de las mujeres trans ejercen la prostitución. Según la encuesta, las que no terminan el secundario comienzan con el trabajo sexual antes de los 19 años. Por último, un porcentaje bajísimo de mujeres trans tuvo trabajos precarizados, en negro y mal remunerados.

Por eso el activismo y las organizaciones impulsaron la sanción de la Ley de cupo laboral travesti trans. El origen de esta y otras sanciones se dio al comprobar que la supuesta igualdad ante la ley no alcanzaba para conseguir la igualdad real. Se trata de medidas que, dirigidas a un grupo determinado, aspiran a suprimir o prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras que existen.

Estoy convencida de que los dichos de la diputada van en línea con el pensamiento de muchas personas que consideran estas acciones como un fomento a la «vagancia». Por más que muchos no quieran verlo, son políticas públicas que buscan atender la histórica desigualdad que sufrimos la población travesti trans. Las leyes para nuestro colectivo tienen una función reparadora. Reparadora del daño que por acción u omisión el mismo Estado ha provocado a nuestro colectivo.

El Estado no está privilegiando a un sector. Es todo lo contrario: se está haciendo cargo de los años de abandono.