Al presentar ayer la ordenanza para la detección del lavado de activos, el intendente Pablo Javkin dijo que el municipio "puede mejorar los instrumentos de control y de aporte de información para prevenir el delito complejo". En efecto, el proyecto que enviará hoy al Concejo para su tratamiento amplía la cantidad de rubros que se controlan actualmente y la información y documentación a presentar, a partir de la modernización del municipio de su perfil digital, generando un sistema de alertas que se activará ante actividades sospechosas. Además, se creará una Unidad de Control, integrada por representantes de la secretarías de Hacienda, Gobierno y de Modernización y un miembro del Tribunal Municipal de Cuentas. Esta unidad se encargará de recibir y procesar los reportes de alertas y evaluar en cada caso de proceder al informe ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En las primeras filas de los asientos ubicados en el salón Carrasco del Palacio de los Leones estuvieron, entre otros, el fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, el vicepresidente 1º de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, junto a sus pares Fabrizio Fiatti, Caren Tepp, Juan Monteverde, Lisandro Cavatorta, Fernanda Gigliani y Marina Magnani, y el ex concejal Roy López Molina, autor de la ordenanza vigente a la que le introducirán modificaciones.
Javkin encabezó el acto acompañado por el secretario de Gobierno, Gustavo Zignango, el de Modernización, Germán Giro, y la jefa de Investigaciones de Delitos Complejos del MPA, Marina Marsilli, quien asesoró a la Municipalidad en la elaboración de la ordenanza. La casa de la funcionaria fue baleada el 31 de enero de 2019, y 15 días antes le habían dejado la cabeza de un perro en su puerta, intimidación que reconoció Esteban Alvarado, a quien Marsilli investigaba en el juicio que se está desarrollando.
"Que los municipios cuenten con tanta información y no se la procese, sistematice y se la ponga en común es el grave problema que nos llevó a estos niveles de violencia y de crimen organizado tan creciente", dijo Marsilli. "Es una decisión política importante, de dejar de ser un Estado bobo que cuenta con la información y no se la da a nadie, para que esa información empiece a circular", agregó.
La iniciativa refiere que se solicitará permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro, en los siguientes casos: Venta y alquiler de vehículos y motos, armerías, casas de juegos, apuestas o casinos y loterías (cuando en el plan de inversiones del proyecto sea mayor a 7.3 millones de pesos, que es el monto que utiliza el municipio para llamar a licitación pública y que será actualizado por inflación). También incluye a hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, restaurantes, bares, confiterías bailables, bares con amenización musical y todos los rubros de la ordenanza de nocturnidad (también cuando la inversión sea mayor a 7.3 millones).
Además, contempla a playas de estacionamiento y cocheras, guarderías náuticas, concesiones públicas de obras y servicios, construcción nueva, ampliación y/o reforma de inmuebles de más de 500 m2 y la adquisición o tenencia de más de 2 licencias de explotación de taxis y/o de remises. "En cada uno de estos rubros hemos puesto un parámetro económico porque entendemos que es importante poner el foco en rubros pero también en montos, apuntar a cuestiones que realmente puedan tener un nivel de inversión que haga sospechosa la posibilidad de una alerta", señaló el intendente.
"Nosotros hacemos toda una definición de rubros, grandes o chicos, y cada uno tiene una mirada particular. Puse como ejemplo el de las concesionarias de autos donde uno puede claramente distinguir quiénes tienen actividad histórica y quiénes no, y a la vez es un rubro donde se puede distinguir la locación novedosa o no novedosa, y en la que hemos visto actividad delictiva e incluso conflictividad. Lo que buscamos es inteligencia a la hora de ver cómo aprovechamos los datos que tel municipio tiene", amplió Javkin a Rosario/12.
Respecto a la Información que se obtiene, la ordenanza establece, ya sea de personas físicas o jurídicas, la constancia de inscripción impositiva ante los organismos fiscales nacionales y provinciales, la declaración jurada sobre personas políticamente expuestas, el plan de inversiones del proyecto a realizar, detallando la correlación entre el presupuesto de gastos y la inversión, y la declaración jurada de origen y licitud de los fondos a invertir.
El sistema de alertas se activará ante las siguientes actividades sospechosas: Inconsistencias patrimoniales y/o fiscales, sucesivas transferencias de habilitaciones municipales, cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas y las inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique esos montos.
Las alertas se activarán también ante una actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales, la constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo, bienes inmuebles o rodados.
"Lo más importante es la idea de que la Municipalidad no puede estar completamente ajena a la discusión respecto al lavado de activos en la ciudad. Desde el caso Esperanto en el 2012, y esta ordenanza del 2014 que el intendente propone mejorar, cerramos esa discusión. El punto para analizar profundamente es cómo aplica para el caso concreto este sistema la Unidad que está propuesta como autoridad de aplicación, ya que asumirá un riesgo y me parece bien que lo asuma, pero deberá requerir condiciones específicas para sus integrantes", planteó López Molina.
