El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que la actividad energética “es una actividad de riesgo” y que “el Estado no debe estar para atenderlo”, sino que “la recuperación energética” debe venir de la mano de “la inversión privada”. En el mismo tono, el ministro defendió la suba de tarifas y prometió que  “las empresas están empezando a hablar de lo que van a hacer en los próximos cinco años”. 

Durante el Foro Argentina-Unión Europea, Aranguren habló de "recuperar los marcos regulatorios" para contar "con mayor oferta de energía y menores costos de generación”. Respecto de los costos, el ministro indicó que con las subas de las tarifas de gas y electricidad para los usuarios, hasta el momento, se alcanzó "el 45 o 50 por ciento de la recuperación de los costos de generación”, que hasta el año pasado subsidiaba el Estado y continúan a precios atractivos para los privados. Así, confirmó el programa de incrementos tarifarios que continuará hasta 2019.  

El exCeo de Shell, que coordinó un acuerdo intersectorial para la explotación de Vaca Muerta que modificó el convenio colectivo de los trabajadores, aseguró que “cumpliendo con la ley y recuperando los marcos regulatorios, la Argentina tiene los recursos para pasar de ser un país importador a ser exportador de energía”.

Respecto al panorama internacional, Aranguren subrayó que en la actualidad "hay precios internacionales mucho más bajos que en la década pasada, pero vemos la posibilidad de recuperar la posición exportadora que teníamos anteriormente, en los próximos años”. Además, pronosticó que en 2019, “el nueve por ciento de la matriz energética será de forma renovables y que en 2025 ese nivel llegará al 20 por ciento”.

“Hoy el 87 por ciento de la matriz energética (de la Argentina) es de origen fósil”, comentó el funcionario, quien consideró que en los últimos años se aplicó “una política de parches” en materia energética.

A principios de abril, el fiscal federal Franco Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello que avance con la investigación sobre el presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren por un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho. La denuncia pide indagar si el aumento de tarifas en el servicio del gas aplicado en 2016 buscó favorecer a empresarios del rubro energético cercanos al Gobierno, entre los cuales figuran Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin.