Desde Medellín

En la recta final de los comicios presidenciales en Colombia, la violencia no da tregua. Justamente la paz y la guerra, y la vida y la muerte, son las apuestas antagonistas de los principales candidatos presidenciales: Gustavo Petro, ex guerrillero y líder de la alianza de izquierda Pacto Histórico, quien encabeza las encuestas; y Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, y el ungido de la derecha y del cuestionado grupo político del uribismo que dirige la Casa de Nariño desde 2018.

Masacres y desplazamientos

Las masacres, los desplazamientos forzados, los combates entre grupos armados, las amenazas, los homicidios, los atentados con explosivos, el confinamiento y el terror son cada vez más comunes y preocupantes no solo para quienes padecen los sufrimientos en carne propia en los territorios rurales que siguen en el olvido estatal, sino para la comunidad internacional que descree de los éxitos anunciados por el gobierno de Ivan Duque porque la trágica realidad lo contradice: Cada cuatro días, en promedio, ocurre una masacre en el país. Solo en los últimos dos años se han registrado 179 masacres. Tan solo en 2022 se suman 33 masacres que incluyen 122 víctimas, de acuerdo con cifras de Indepaz.

La muerte con su señorío e impunidad se pasea por la Colombia profunda materializándose también en asesinatos selectivos que han cobrado la vida de 1270 líderes sociales y 314 firmantes del Acuerdo de Paz. Este mismo sábado Jhony Fabián Ortiz Jiménez, defensor de derechos humanos, era enterrado en el cementerio de Tame, en la convulsionada provincia fronteriza de Arauca. Mayerli Briceño, su esposa y coordinadora de la red colombiana de líderes juveniles, aseguró en sus redes sociales que seguirá clamando junto a su aporreada comunidad por la paz para su tierra.

Fronteras peligrosas

Tanto en la frontera con Venezuela, como en las zonas fronterizas del sur del país, en el sufrido Pacífico colombiano, y el centro andino caucano, antioqueño y en territorios del Caribe, las confrontaciones entre nuevos grupos paramilitares, disidencias de las antiguas Farc, la guerrilla del ELN, Fuerza Pública y grupos armados al servicio del narcotráfico arrecian tras la dejación de armas de la ex insurgencia fariana que firmó un acuerdo de paz en 2016 a cambio de participación política y una serie de transformacione que aún no se materializan. Acceso a la tierra, garantías para la reincorporación económica y política, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con apoyo de gobierno y verdad de todos los sectores responsables en el conflicto en las instancias de justicia transicional, son algunos de los compromisos incumplidos por el Estado.

Desde la llegada de Duque al poder y su aplicación parcializada del Acuerdo de Paz, los combates armados regresaron al campo colombiano en una disputa por controlar los territorios abandonados por Farc y sus economías ilegales. Y desde entonces ni el clamor de las comunidades que viven en medio del fuego cruzado ni el llamado de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, o bien, las múltiples alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, han sido escuchados.

Temporada electoral

En temporada electoral que atraviesa el país desde inicios de año en plena campaña por las legislativas que se celebraron en marzo, y ad portas de las presidenciales que serán en mayo y junio, en caso de ballotage, la situación humanitaria y de derechos humanos se ha deteriorado drásticamente. Esto, en contraste con las pasadas elecciones del mismo orden, cuatro años atrás, cuando se realizaron los comicios menos violentos en la historia del país. Recién se había firmado el Acuerdo y habían cesado los fusiles: en 2017 Farc desarmó a 13 mil guerrilleros, guerrilleras y milicianos entregando 1.5 armas por combatiente a las Naciones Unidas, posicionándose así como uno de los procesos de desarme más exitosos del mundo. Y en 2018 Iván Duque y su promesa de campaña de hacer trizas el Acuerdo de Paz llegaron al poder.

“No se puede negar que a cinco años de la firma del acuerdo de paz permanece el sufrimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afros a lo largo de todo el país. Así como la exclusión y la falta de oportunidades, especialmente para mujeres y hombres jóvenes, muchos de los cuales vienen exigiendo su incorporación política, económica y social a través de la movilización”, seguró Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y educación Popular Cinep durante la presentación del preocupante balance de derechos humanos y violencia política el pasado 21 de abril en Bogotá.

Estigmatización

El informe señala que el Estado ha incorporado la estigmatización como política para responder a la protesta social nacida el año pasado tras la inconformidad del pueblo por las medidas económicas y el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y que el paramilitarismo avanza a grandes pasos en todo el territorio nacional. Según el informe de la Revista Noche y Niebla No. 64 que presentó Cinep, la Policía Nacional (con 1102 hechos registrados) y los grupos paramilitares ( con 286 victimizaciones)son los mayores responsables de violaciones a derechos humanos en el territorio nacional en el año 2021, siendo Santander (321), Bogotá (205) y Cauca (191), los departamentos con más casos en total. La violencia política afectó principalmente a Cauca, Norte de Santander, Valle de Cauca cuya capital Cali fue epicenetro del Paro Nacional, y Huila, Nariño y Antioquia, siendo los hechos victimizantes más abundantes los asesinatos, las amenazas y las lesiones físicas. Por su parte, los grupos guerrilleros (ELN, EPL y disidencias) fueron los principales infractores del derecho internacional humanitario en 2021 con 188 hechos, seguidos de los paramilitares con 74 y los combatientes sin identificar con 54. También Cauca fue el territorio más afectado en esta categoría.

Para el jesuita Javier Giraldo, fundador de la revista Noche y Niebla, lo que más preocupa del balance de 2021 se mantiene en el año en curso: el avance del paramilitarismo en connivencia con agentes del Estado y la persecución a la protesta social. “Se está dando al traste con la credibilidad de la justicia en Colombia” aseguró el padre Giraldo al referirse a la persecución también jurídica contra jóvenes integrantes de la llamada Primera Línea que han sido apresados por liderar las movilizaciones sociales que, entre otros asuntos, rechazaba justamente el derramamiento de sangre en el gobierno de Duque y el regreso de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Operativos

Justamente, a finales de marzo, el Ministro de Defensa presentó como un exitoso operativo la masacre de 11 civiles en Puerto Leguízamo, Putumayo, un lejano departamento al sur del país plagado de cultivos de hoja de coca, grupos armados y falta de oportunidades para sus pueblos indígenas y campesinos. En la apartada vereda Alto Remanso, los habitantes celebraban un bazar cuando miembros del Ejército dispararon por doquier, asesinando al líder indígena del sector, varios menores y mujeres, incluyendo una en estado de gestación, para un total de 11 víctimas fatales que, en su momento, el ejército presentó falsamente así en su cuenta de Twitter: "En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)". En dicho territorio, en Magdalena Medio y en Cauca, así como en Chocó, se denunciaron también durante esta semana el desplazamiento masivo de cientos de campesinos por temor a los combates armados y tras amenazas o atentados como el ocurrido con una moto bomba a los ex guerrilleros firmantes del Acuerdo en Argelia, Cauca. 

Mientras avanzan las campañas presidenciales que presentan propuestas radicalmente opuestas Colombia muestra una de las peores caras de su frustrada historia de paz, donde política y sangre siguen siendo un matrimonio rodeado de pobreza, ausencia de oportunidades para el campo y los jóvenes urbanos y populares, desigualdad social, desempleo, hambre y cada vez menos necesidades básicas satisfechas agravadas tras la pandemia del Covid 19.