Las tensiones históricas en el país provocaron una coincidencia: la fiscalía federal de Jujuy cerró la descripción de los muchos actos de terrorismo que se analizan en el juicio conocido como Causa Braga, en vísperas de la anunciada protesta de productores rurales. ¿Una vinculación forzada? Para nada. Las condiciones que la agrupación Ciudad+Campo añora son las que se vivían, por ejemplo, en los imperios del Ingenio Ledesma, en la zona del ramal jujeño. 

Esas condiciones de trabajo esclavo eran las que intentaban revertir muchas de las personas que fueron luego perseguidas por el aparato represivo del Estado argentino, del que formaron parte animosa las fuerzas de seguridad provinciales y empresas para cuyo beneficio se había dispuesto ese plan de exterminio de "subversivos". 

Imposible no pensar en todo eso el jueves último cuando la auxiliar fiscal Marina Cura describía la detención de Lidro Domingo Bazán y de sus compañeros de trabajo en el surco del Ingenio Ledesma. 

El caso de Bazán fue el último hecho criminal descripto por la Fiscalía, antes de pasar a analizar la responsabilidad de las personas que están siendo juzgados por actos de terrorismo de Estado. 

Lidro Bazán, quien era delegado de los obreros del surco en el Ingenio Ledesma, vivía en el campamento El Alto, en El Talar, pequeño pueblo del departamento Santa Bárbara, en Jujuy. Trabajaba en los campos de Ledesma, y sus vecinos eran otros compañeros de trabajo, Raúl Cayetano Albarracín, Miguel Farías y Coria y Marcelo López. 

Bazán fue detenido el 25 de abril de 1975, cuando todavía estaba oscuro, a las 6 de la mañana, o antes, en un operativo policial que avanzó al mismo tiempo sobre su vivienda y las de sus compañeros, que también fueron detenidos, acusados todos de infracción a la ley 20.840 que penaba actos de "subversión económica", huelgas y actos de sabotaje. 

Todos fueron llevados a la comisaría de Yuto, donde fueron interrogados. Luiego llevados a la Central de Policía, y de ahí al penal de Villa Gorriti. El 16 de mayo de 1975 la justicia federal ordenó que Bazán que fuera liberado, pero siguió preso a disposición del PEN y el 7 de octubre de 1976 fue llevado a la Unidad Penal N° 9 de La Plata, junto a otros detenidos, de donde salió en julio de 1980.

Un galpón lleno de ratas 

Los represores afirmaban que en los allanamientos les habían encontrado revistas de Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y explosivos, objetos plantados por los mismos policías. 

En el debate, Miguel Farías contó que vio cuando ponían estos elementos en su vivienda, en un relato que aportó más información sobre las condiciones en las que la familia Blaquier mantenía a sus empleados. Para dar una mejor idea del momento en que se plantaron las "pruebas", describió el lugar donde residía con su familia: una casa muy chiquita, dijo, donde estaban todos amontonados, por eso los pudo ver y los policías lo advirtieron, pero “no se pusieron ni colorados”. 

Entonces contó que todos vivían en un galpón que estaba subdividido, un pequeño espacio para cada familia. La auxiliar fiscal recordó que era "un lugar sucio, que había ratas, que había cucarachas y que ni siquiera tenían luz eléctrica”. De hecho, las requisas se hicieron a la luz de linternas y mecheros. 

También Bazán declaró en su momento que le plantaron cosas en la requisa. En su caso, el acta de secuestro enumera que en su espacio de vivienda encontraron una mecha para explosivos, tres panes de gelamón, dos fulminantes, una escopeta calibre 16, un libro titulado "Leyes del trabajo", una revista Estrella Roja del ERP, otra revista titulada Ledesma, resoluciones del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), panfletos del ERP y un panfleto con la leyenda “compañero de fábrica y lote”. 

Bazán dijo que eran suyos solo la escopeta, que usaba para cazar, el libro sobre leyes del trabajo y el material del Sindicato. Pero agregó que firmó el acta porque le apuntaron con un arma. 

La subversión de los derechos laborales 

El expediente contra Bazán se originó en actuaciones policiales iniciadas el 17 de abril de 1975. La Seccional 24 de la Policía de Jujuy, en Libertador General San Martín, recibió "un llamado anónimo” que daba cuenta “de supuestas actividades subversivas” de Bazán, Farías y López. 

Esas actuaciones fueron enviadas a la Comisaría 22, de Yuto, donde se decidió “efectuar una minuciosa investigación” teniendo en cuenta “que se trataba de un caso sancionado por la ley antisubversiva, 20840”. 

En la continuidad de las actuaciones se aclaró que esas "actividades subversivas" consistían en sindicalizarse e informarse sobre los derechos laborales. La fiscala recordó en su alegato que "se dejó constancia" de que los mencionados en el "supuesto llamado anónimo estaban vinculados con personas de extrema izquierda". "Al parecer estarían preparando, en completa reserva, algún atentado en contra de la empresa Ledesma o presumiblemente se gestaría una reunión para inducir a los obreros a concurrir a una huelga o se utilizaría a esa gente para entorpecer el inicio de la zafra”, reseñó Cura que se afirmaba en las actuaciones. 

Tan grave consideraban los represores estas pretenciones de reclamar por derechos, que la Comisaría 22 pidió ayuda a la 24 para las detenciones.

Para tener una idea más ajustada de las "relaciones" laborales en Ledesma, estos trabajadores no pudieron contar con abogados defensores, porque también los detenían, como ya se ventiló en este mismo proceso. 

Estructura paralela 

En la audiencia del jueves último, la Fiscalía comenzó a avanzar con el análisis de la responsabilidad de los 23 acusados. Con tantos hechos, tantas víctimas y tantos acusados, otra vez tuvo que darse un orden. 

El fiscal Federico Zurueta empezó por el Ejército, y ya anunció que seguirá con la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Jujuy y el Servicio Penitenciario de Jujuy.

“Se probó debidamente que el Ejército Argentino, en el cumplimiento de esta misión represiva utilizó, al igual que el resto de las fuerzas, su estructura ya existente a ese momento y también montó sobre esta misma estructura una estructura si se quiere paralela que tenía como objetivo principal cumplir estos el fin represivo que se proponían”. Sostuvo. 

“Quedó claro”, afirmó, que en Jujuy el Regimiento de Infantería de Montaña 20 tuvo a su cargo la dirección de las operaciones de represión y la conducción de la inteligencia. Y para ello se reforzaron determinadas áreas, con personal y medios. Y se organizó una “fuerza de tareas”, un “agrupamiento de carácter temporario” bajo una conducción única.

Entre las áreas que se reforzaron estuvo Inteligencia, donde “cumplieron funciones muy importantes, tuvieron un gran protagonismo, tanto Juan Carlos Jones Tamayo como Rafael Mariano Braga, ambos acusados en este debate”.

El fiscal ubicó a Jones Tamayo, que llegó al grado de coronel, “En la cúspide” de los responsables de los actos de terrorismo estatal cometidos en Jujuy. 

El militar se desempeñaba en la provincia ya desde 1972, en 1975 participó en el Operativo Independencia como jefe de “Fuerza de tareas”. El 17 de diciembre de 1975 fue trasladado a la Escuela Superior de Guerra en calidad de cursante, y el 23 de marzo de 1976, “solamente un día antes a que se produjera el golpe de estado”, regresó a Jujuy, “en comisión”. 

“Cabe preguntarnos para qué regreso Jones Tamayo a nuestra provincia, cuál era su misión. Y conforme quedó acreditado mediante la prueba reunida en este debate, no hay duda que Jones Tamayo regresó a nuestra provincia para hacerse cargo de lo que se denominó la Jefatura de la Central de Inteligencia del Área 323”, afirmó el fiscal.

Como parte de las pruebas citó declaraciones de otros represores, entre ellas, los dichos de Braga. “Todo el mundo sabía, como no van a saber en un ambiente tan chico, que había un organismo que era la Central de Inteligencia 323 y que el capitán Jones había vuelto el 24 de marzo para hacerse específicamente cargo de ese puesto”, aseguró en su momento.

A su turno, ya alegando sobre Braga, la auxiliar fiscal aseguró que “Los elementos de prueba” demuestran que "actuó como oficial de inteligencia, S2, del GAM 5 (Grupo de Artillería de Montaña 5) y fue incluso uno de los elementos de la fuerza Ejército designados a fin de reforzar el área de inteligencia encargada de ejecutar las acciones contra la subversión”, con ese fin pasó a prestar funciones en el RIM20.

En este debate se juzgan crímenes cometidos en perjuicio de 120 personas, 44 de las cuales siguen desaparecidas. Inicialmente en este proceso tambíen debía ser juzgado el  propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador de la empresa, Alberto Lemos. Pero en 2015 Casación los benefició con una falta de mérito, fallo que fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación aunque ahora se dice que Blaquier ya no está en condiciones de salud para ser juzgado.