Los diputados del Frente para la Victoria (FpV) presentaron ayer un pedido de juicio político por “mal desempeño” contra los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los legisladores no tienen duda de que la confirmación del procesamiento de Cristina Kirchner en la causa “dólar futuro”, está enmarcada en la persecución que pesa sobre la ex presidenta. “A medida que ella crece en las encuestas la persecución se agudiza”, aseguró el presidente del bloque, Héctor Recalde.

La denuncia lleva la firma, además de Recalde, de Rodolfo Tailhade, Teresa García y Juliana Di Tullio. Ellos entienden que ambos magistrados han demostrado una “manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. Incluso sostienen que en sus actuaciones dan cuenta de una “intencionalidad política que subyace al trámite de la aludida causa y a los decisorios judiciales que se adoptaron”.

En las 48 fojas que fundamental la solicitud, los diputados aseguran la decisión de procesar a CFK está teñida de “intencionalidades políticas” porque Irurzun y Farah dejaron de lado cualquier responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri “en la modificación de las condiciones de los contratos de dólar futuro suscriptos, tras la devaluación” que realizó a los pocos día de asumir la presidencia en diciembre de 2015. En ese sentido, recordaron que mientras avanzan judicialmente contra CFK, los mismos jueces “desestimaron la  denuncia contra Macri y (el presidente del Banco Central, Federico) Sturzenegger por la emisión de Lebac, a pesar de que esta maniobra posee elementos para configurar un ilícito penal”.

Los diputados definen como una contradicción el hecho de que los jueces consideren como un delito los contratos a dólar futuro, que el gobierno de CFK utilizó como una forma de “evitar corridas, proteger los salarios y resguardar el nivel de empleo”, y al mismo tiempo desechen cualquier sospecha sobre la emisión de Lebac que “fomentan la bicicleta financiera”.

Más allá de la consideración legal o política, Tailhade sostuvo que tanto la operación dólar futuro y la Lebac tienen “una estructura idéntica”. Sin embargo, los jueces imputaron a Cristina en el primer caso y sobreseyeron a Macri en el segundo: “La emisión de Lebacs es para aspirar pesos de la plaza para mantener el dólar pisado y evitar un espiral inflacionario. Entonces, ambos casos son similares y, por lo tanto, esa doble vara frente a un caso idéntico configura una causal de mal desempeño”, aseguró.

En base a este razonamiento es que en la demanda presentada ante el Consejo de la Magistratura, los diputados se permiten afirmar que los jueces “han acomodado sus resoluciones en razón del color político de los involucrados demostrando su falta de imparcialidad e independencia”.

Es más, aseguran que Irurzun y Farah “arriban a conclusiones diametralmente opuestas, mediante la elaboración de una forzada argumentación” que demuestra un “obrar arbitrario y falto de imparcialidad”.