Hace un año se promulgaba en nuestro país la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina (Ley 27621), la primera en su tipo en Argentina, que había sido votada en el mes de mayo por el Senado de la Nación. Era una materia pendiente que teníamos como sociedad desde la década del 70 y el presidente Alberto Fernández tuvo la voluntad política de enviar al Congreso —en un trabajo conjunto con los ministerios de Ambiente y de Educación de la Nación y en acuerdo con las autoridades ambientales de las provincias— el proyecto que sería aprobado por unanimidad el 14 de mayo de 2021.

Esta norma salda una deuda histórica y se gesta en continuidad con las políticas establecidas por las leyes 25675 y 26206 —General del Ambiente y de Educación Nacional, respectivamente—. El hecho significa un cambio hacia un nuevo paradigma en materia ambiental. Hitos como esta sanción, junto al de la ley de cambio climático y la adhesión al Acuerdo de Escazú, colocan a la Argentina a la cabeza del liderazgo de la agenda ambiental en la región.

Temas como la contaminación de suelos, aire y agua; el impacto ambiental, la acción climática, la preservación de los bosques y la biodiversidad, el reciclado y la reutilización, por nombrar solo algunos, forman parte de las preocupaciones de buena parte de la población que demanda cambios sustantivos. En particular, son las nuevas generaciones las que empujan en esa dirección. Necesitamos entonces modificar hábitos, prácticas y políticas públicas. Para esto es imprescindible que, desde todos los sectores, las y los ciudadanos, las y los trabajadores, las y los empresarios, las y los funcionarios, cada uno desde su lugar, tomemos decisiones informadas acordes con nuestro nivel de responsabilidad.

Vale recordar que la norma busca la construcción colectiva y consensuada con todas las jurisdicciones del territorio de los contenidos mínimos y adecuados para integrarlos a las currículas de manera transversal, así como también involucra la educación no formal e informal. Esto ayudará a la formación integral de ciudadanas y ciudadanos críticos capaces de actuar a la altura de los desafíos ambientales del presente.

La implementación de esta ley implica responsabilidades compartidas y diferenciadas por parte de las carteras de Ambiente y Educación de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación (CFE). Por eso, a partir de marzo de este año, comenzamos a realizar, desde el Ministerio de Ambiente, encuentros nacionales y regionales que fomentan el desarrollo de estrategias jurisdiccionales y validan los lineamientos generales de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral.

En este momento, contamos con un documento base de esa estrategia nacional, construido de manera participativa a través del COFEMA y el CFE. El mismo expresa las orientaciones político-pedagógicas que permitirán guiar las planificaciones locales de las estrategias jurisdiccionales, dentro de un horizonte común que atienda también sus necesidades específicas.

De lo que se trata es, en síntesis, de transitar el camino para producir cambios sustanciales en nuestra sociedad, de brindar herramientas y alternativas para el uso sostenible de los bienes naturales sin hipotecar el futuro. Esto construye el mapa de una Argentina ambientalmente más sostenible, con equidad y justicia social, perspectiva de género, conservación de la biodiversidad y respeto por la diversidad cultural entre otros valores hoy fundamentales y urgentes.

A un año de su promulgación, la implementación de la Ley 27621 marca el inicio de un proceso que traerá grandes beneficios y generará conciencia sobre el cuidado de nuestra casa común desde las aulas, los barrios, los clubes, entre otros. La educación ambiental es el camino.

El autor es ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.