Germán Castelli, quien integra por un "traslado" (nombramiento a dedo) el Tribunal Oral Federal 7, el que tiene la causa de los "cuadernos", le pidió al Consejo de la Magistratura que suspenda los concursos ya iniciados para cubrir los lugares que ocupan jueces y juezas que hayan sido designados en esas condiciones. Uno de esos concursos es el que podría terminar desplazándolo a él mismo, y que está en pleno proceso de integración del jurado. El otro, que el propio juez menciona, es el que está destinado a hacer designaciones definitivas y por concurso en los cargos que hoy ocupan todavía Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi gracias al macrismo en la Cámara Federal de Comodoro Py. En este caso, el proceso de selección está en la recta final, con una terna aprobada en comisión que hasta ahora el plenario no votó por los obstáculos que pone la oposición porque pretende mantener todo como está. 

Esta semana, casualmente, el TOF 7 dio el primer paso crucial para avanzar hacia el juicio oral en la causa de los cuadernos al notificar a las partes que tienen diez días para presentar las pruebas que usarán en las audiencias. Se trata de otro expediente donde Cristina Fernández de Kirchner está acusada, junto con exfuncionarios y empresarios que actuaron como arrepentidos. Es un expediente controvertido, donde las pruebas serían los cuadernos de Oscar Centeno, nunca sometidos a un peritaje oficial y que él mismo pidió revisar, más los dichos de los imputados colaboradores, que deben ser respaldados con pruebas concretas de pagos ilegales por la asignación de obras públicas. Castelli, como es evidente, quiere quedarse para este juicio. Los otros dos jueces son Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. 

Las designaciones por el mecanismo de traslado fueron utilizadas con entusiasmo inusitado durante el gobierno de Mauricio Macri para llevar jueces que consideraban afines de un tribunal a otro sin que rindieran examen ni tuvieran nuevo acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura elaboró en julio de 2020 un informe y una resolución sobre diez jueces y juezas trasladados, donde advertía que no se había cumplido el procedimiento previsto por la Constitución. Los tres jueces que impugnaron judicialmente aquella decisión fueron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sobre los dos primeros las Corte Suprema falló en noviembre de 2020, afirmó que ningún traslado puede ser definitivo y que había que concretar los concursos para los dos cargos en la Cámara Federal. Mientras tanto, el dúo podía seguir en el tribunal de alzada, pese a lo cual recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación de Castelli quedó pendiente, ya que tuvo otro recorrido judicial, y nunca fue resuelta por los supremos, algo llamativo. Ahora presentó nuevos reclamos de definición.

Tras aquel fallo, el Consejo apuró el concurso para Cámara, que está terminado desde fines del año pasado. Lo oposición no quiere que siga el dúo B&B ni que se designe a nadie allí, por donde están pasando las principales causas contra Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno que aún no llegaron a juicio oral, entre ellas las de espionaje. En la última sesión del organismo, el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, reclamó que se avance y se cumpla con el fallo de la Corte, que el propio Horacio Rosatti, ahora también presidente del Consejo, firmó. Es ostensible, desde el primer día que el supremo asumió en el cuerpo, que éste es uno de los temas más complicados que tiene por delante. Ahora el planteo de Castelli agranda la encrucijada porque pone a las y los consejeros en posición de tener que afirmar una postura, y abre el juego a los nuevos integrantes a que hagan conocer su posición. 

La presentación de Castelli, a la que accedió este diario, acusa al Consejo de la Magistratura en su conformación anterior (la de 13 miembros que fue declarada inconstitucional por la Corte después de 15 años, para pasar a 20 miembros) de ser "el responsable" de "iniciar la causalidad hacia la remoción ilegal temporaria del suscripto y los colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi". Le endilga una decisión "caprichosa" y elogia la sentencia de los supremos que obligó a cambiar la integración del Consejo como "saludable para la democracia republicana". A los consejeros actuales, entonces, les pide "remediar" su situación y la de "el colectivo de personas trasladadas".  Entre sus argumentos dice que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que respalda el "Estatuto del juez Iberoamericano como instrumento de relevancia", que establece la "inamovilidad de los jueces trasladados". Para él, como la Corte Suprema no aplicó estas normas y dispuso la aplicación retroactiva del fallo, ahora solo se podría aplicar a futuro. 

También hace referencia a un pedido de informes por este tema del relator para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán. El Estado argentino respondió que la única forma de designar jueces y juezas en el país, establecido en la Constitución, es que concursen para el cargo al que aspiran ante el Consejo de la Magistratura, su pliego sea aprobado por el Senado y por el Poder Ejecutivo. También citan el fallo de la Corte en un tramo que dice que "los recurrentes (Bruglia y Bertuzzi en ese caso) son jueces que ocupan sus actuales cargos de modo no definitivo, por no haber cumplido con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional". Que ellos siguen ahora en esos cargos hasta que termine el concurso. Ahí podrán volver a sus cargos de origen, en tribunales orales. Bertuzzi concursó, aunque no le fue muy bien. La respuesta del Estado también recorre todos los fallos que dicen que no está afectada la estabilidad ni la inamovilidad de estos magistrados. 

Para su próxima reunión de "labor", donde se establece la agenda de temas, o antes, las y los consejeros tendrán que ver qué hacen con este planteo --al que varios no le ven demasiadas posibilidades de prosperar-- y también con el pedido del juez Alejo Ramos Padilla para que lo citen a una audiencia pública