“Estoy frente a la vida o la muerte. Y no exagero”. Eso fue lo primero que comentó a PáginaI12, Laura Leal, una mujer con discapacidad de 44 años que, esta última semana, dejó de recibir la pensión por discapacidad que entregaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La explicación que le dieron fue que la obra social de su esposo puede afrontar los costos de su enfermedad. Laura sufre una “disfunción neuromuscular de la vejiga”, no puede comprar las sondas vesicales necesarias, se separó de su pareja y él se quedó sin trabajo.
A los 3 años, los médicos le detectaron a Laura Leal una enfermedad crónica en la vejiga. Pocos tiempo después, la mujer pasó por primera vez al quirófano. “Ese fue el comienzo de un viaje con quince cirugías, donde me extirparon la vesícula y el útero, a causa de cuatro tumores que sufrí”, explica Leal. Cuando decidió pedir el certificado por discapacidad, ocho años atrás, Laura debió cumplir con la burocracia estatal y entregar todos sus estudios a una junta interdisciplinaria para que emitieran un certificado de discapacidad. Al llegar la certificación, el 6 de cada mes, la mujer cobró el subsidio, sin una día de retraso.
“Recibía, todos los meses, 4.100 pesos. Esa plata era el sostén para mantener a mis dos hijas y tener las cinco sondas que necesito por día”, sostuvo. A Leal ya no le pegarán más el subsidio, cuenta ella, “porque Desarrollo Social considera que mi exesposo me puede mantener”. Ella se separó hace unos años de Juan Manuel, aunque no se divorciaron para que Leal y sus hijas pudieran seguir con la obra social. Semanas atrás, su ex esposo se quedó sin trabajo. Y ella, sin pensión. “Por todo lo que pasé, sé lo que es vivir al límite. Pero ahora me quedé sin solución, que me expliquen cómo voy a hacer para vivir. Cada medicamento que debo tomar cuesta alrededor de 500 pesos. Las sondas diarias, casi 3500. Y no quitan la única ayuda que puedo tener. Ya no sé que hacer”, cerró.
Informe: J. B.
