La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, continúa sumando reclamos por la decisión de dar de baja 170 mil pensiones a personas discapacitadas —sin consulta previa y aplicando un decreto de 1997—. El defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, exigió que el Gobierno dé marcha atrás con la medida, bajo advertencia de recurrir a la Justicia, y pidió la creación de una comisión de revisión de las pensiones canceladas, tras indicar que recibió más de 100 mil consultas. Por su parte, el titular de la Ufises, Gabriel De Vedia, abrió una investigación preliminar y solicitó un informe detallado sobre las bajas. 

"Pedimos que la respuesta oficial sea inmediata, porque hay mucha gente que está recibiendo un tratamiento y no puede esperar", advirtió el defensor porteño al exigir al Gobierno que suspenda el recorte de pensiones asistenciales no contributivas y que restituya las asignaciones. Amor subrayó que los afectados "deben saber que su derecho será restituido. Y de no ser así, desde la Defensoría del Pueblo vamos a recurrir a la Justicia". 

Por su parte, De Vedia requirió a la cartera de Desarrollo Social un detalle de la cantidad de prestaciones que fueron dadas de baja durante 2017 y los criterios que motivaron tal decisión “a los efectos de investigar la posible existencia de irregularidades en el trámite de baja de las pensiones".  "Es necesario determinar cuáles fueron los criterios aplicados y si estos tienen sustento en la normativa aplicable o, por el contrario, fueron definidos a discreción del organismo”, advirtió el titular de la unidad fiscal para temas de seguridad social, organismo al que el Anses decidió dejar de financiar a principios de mes.  

Amor adelantó, asimismo, que solicitará a Stanley que conforme una comisión de revisión de pensiones que esté integrada por las defensorías del Pueblo de todo el país y las asociaciones que nuclean a los beneficiarios, porque "si ha habido algún tipo de manipulación política en la asignación de las pensiones, debe ser juzgado y condenado por la Justicia".

"Si vos tenés un derecho, tenés que tener la posibilidad de defenderlo. Por lo tanto se tiene que dar un plazo para demostrar las razones del beneficio, cuándo te lo dieron, quién fue la persona que lo firmó y en qué carácter te lo dieron. Esto no sucedió", denunció el defensor porteño, quien solicitó la creación de un "padrón único y público que agrupe a los beneficiarios" y un "plazo de notificación fehaciente para que las personas afectadas puedan cumplir con su legítimo derecho a defenderse".. 

De Vedia, a su vez, reclamó las notificaciones mediante las que se comunicó la suspensión de la pensión y las constancias respectivas. “Toda resolución administrativa debe respetar el procedimiento vigente. Ello implica, entre otras cuestiones, la obligación de notificar al beneficiario en forma previa a la suspensión de la pensión", advirtió el fiscal.