La disputa por el uso y el aprovechamiento del agua del río Atuel lleva años. El origen del conflicto se remonta a 1947, cuando las autoridades mendocinas construyeron el embalse El Nihuil, que cortó el caudal original de la cuenca hídrica. A partir de esa fecha, La Pampa empezó un reclamo que culminó con la primera demanda contra Mendoza ante la Corte Suprema, en 1979.

El máximo tribunal tardó ocho años para llegar a una sentencia. En el fallo, la Corte consideró al Atuel como un río de carácter interprovincial e instó a ambas provincias a celebrar convenios sobre el uso de sus aguas. A su vez, la resolución permitió a Mendoza regar hasta 75 mil hectáreas antes de liberar el cauce del Atuel hacia La Pampa.

Las disputas no cesaron ni siquiera en 2008, cuando los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque, junto a los ministerios de Interior y Planificación de la Nación, firmaron un convenio macro que indicaba regular el caudal mínimo para La Pampa. El acuerdo jamás fue aprobado por las legislaturas provinciales. 

Incluso la ONU se pronunció sobre este litigio. El año pasado, dos relatores del organismo internacional exigieron al gobierno argentino que brinde una solución definitiva a La Pampa y a Mendoza y que actúe para que ambas provincias puedan hacer uso de los recursos hídricos de esa corriente natural. Sin embargo, esa disposición tampoco se cumplió.