La noche húmeda y lloviznosa junto al río no impidió que ayer se movilizaran hasta el Monumento a la Bandera numerosas familias afectadas por la quita de pensiones graciables por discapacidad que vino ejecutando el gobierno nacional en los últimos meses y que, también ayer, resolviera restituir ante la estridente reacción popular en contra.

Cientos de padres con sus hijos, con diferentes cuadros de invalidez, mezclados entre los bombos y los carteles de instituciones afines y partidos políticos, y estudiantes y vecinos en general, todos movilizados por la indignación. "Ya sabemos que la ministra (de Desarrollo Social) dio marcha atrás, pero igual hay que estar acá porque es inaudito. No se puede creer que se hayan animado a tanto, como si no fuera poco la cruz cotidiana de esta gente, encima le quitan esa ayuda que ya de por sí no es suficiente", tradujo Mariela, que no fue afectada en lo personal por el recorte pero que se sintió ofendida como todos allí.

Detrás de cada pancarta había una historia de angustia nueva sobre la angustia cotidiana. Como la de Andrea, que vino desde Granadero Baigorria: "Este mes, a mi nena le quitaron la pensión sin previo aviso. Tengo familia numerosa, chicos menores. Con la pensión que tenía la nena, y la obra social que le cortan, ahora yo le tengo que comprar la medicación. Eran 4.000 pesos y este mes fui a cobrar y no tenía nada depositado. Fui a calle San Lorenzo (al 1000, sede local de Desarrollo Social) y me dijeron que como mi esposo está trabajando en blanco me lo quitaron. ¡Y él gana una miseria: 15 mil pesos! Así una familia no puede seguir", sollozó.

Una de las madres de chicos con autismo expuso: "Para una familia con discapacidad es impagable si no tenemos una ayuda, son tratamientos muy caros, leches especiales, alimentos especiales, y son 300 o 500 pesos por día para que un chico pueda vivir. Esperemos que el gobierno muestre sensibilidad, cosa que no hizo hasta ahora", dijo.

Jorge de barrio Cero, llegó con sus tres hijas adoptivas y discapacitadas. "Como tengo Iapos, tengo miedo que a ellas le quiten la pensión. Han querido hacer una prueba, y por la reacción recularon. No somos conejillos de India", dijo.

A un costado estacionó un puñado de combis en representación de las 350  licencias nucleadas en la Asociación de Transportistas Especiales. Su titular, Pablo Bolego, repudió: "Este gobierno actúa sobre causa y error y no le importa recortar siempre y cuando sea en sectores de trabajadores. Esto demuestra su insensibilidad".

Unas horas antes, el Concejo Municipal había aprobado en sesión ordinaria el proyecto de declaración de repudio al recorte dispuesto por Nación que Rosario/12 adelantó el miércoles. Todos los bloques lo votaron, menos el de los concejales del PRO, incómodos, que se abstuvieron. "La protección estatal para las personas con discapacidad ya es un derecho inalienable con rango constitucional", enfatizó Daniela León, autora de la iniciativa.

Poco antes de que el gobierno recule, desde Rosario surgió uno de los primeros reveses judiciales: el juez federal Aurelio Cuello Murúa hizo lugar a la medida cautelar que presentó Silvia Settetrombe, patrocinada por Roberto Sukerman como abogado constitucionalista. El magistrado ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que restituya en lo inmediato la pensión no contributiva por invalidez y le pague los haberes no abonados desde mayo último.