Entre 2003 y 2014, se otorgaron 1.159.446 pensiones por invalidez. El Censo de 2010 reveló que el 12 por ciento de la población (más de cinco millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad permanente. Esta claro que no todos ellos están en condiciones de recibir una pensión no contributiva (PNC). Sin embargo, la cantidad de beneficiarios no luce desproporcionada en relación al universo potencial. Como se sabe, el otorgamiento de estas pensiones estuvo frenada en los noventa. El total de pensiones no contributivas (vejez, invalidez, madres de 7 o más hijos, concedidas, especiales, graciables) concedidas en la etapa kirchnerista (hasta 2014) fue de 1.610.615.
La Ley de pensiones no contributivas fue sancionada en 1948, bajo la presidencia de Juan Perón. La norma pretendía garantizar un ingreso mínimo a las personas más vulnerables. Así, las pensiones pasaron a ser un novedoso instrumento de seguridad social. La administración Cambiemos tiene otra mirada: las PNC son una partida presupuestaria pasible de ser ajustada. Lo que está en juego es un cambio de paradigma en materia de seguridad social. Los sujetos de derechos son reemplazados por individuos merecedores de recibir una asistencia.
El ajuste comenzó en 2016 pero se fue acelerando este año. Los investigadores del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) explican que “se han registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa. Se observa que a la fecha representan más de 83.000 casos. Concretamente, entre enero y los primeros días de junio 2017 se produjeron 5713 bajas en pensiones a madres de 7 hijos que se suman a 5714 suspensiones del mismo rubro. Asimismo, hubo 19.215 bajas en pensiones por invalidez que se agregan a las 52.491 suspensiones del mismo tipo. En total, son 83.133 casos entre bajas y suspensiones”.
La negativa reacción obligó al oficialismo a ensayar algunas respuestas. La declaración más insólita fue la del presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.”Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Pueden trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, explicó Badino.
El equipo de comunicación de Cambiemos se vio obligado a redactar un instructivo para bajarle línea a su tropa. En esa línea, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, declaró que “somos un ministerio de puertas abiertas, dispuestos a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir”. Lo cierto es que esa metodología (suprimir el beneficio, después preguntar) invierte la carga de la prueba. “Estadísticamente, sólo el 30 por ciento de estas suspensiones se rehabilitan, ya que los titulares de derecho en muchos casos son personas de bajos recursos que simplemente se resignan. Además, las rehabilitaciones tardan 8 meses en resolverse, aunque la causa sea un error de sistema, solicitando al beneficiario la documentación actualizada, inclusive el CMO que ya tuvieron que presentar para el otorgamiento del derecho”, advierte el documento del CEPA.
@diegorubinzal
