Sobre el recorte de las políticas de asistencia social
Las pensiones como materia de ajuste
Imagen: Arnaldo Pampillon

Opinión

El derecho a la asistencia 

Por Norberto Alayón *

La asistencia es un derecho. Toda sociedad que, por las características que adopta para su funcionamiento, primero pauperiza y excluye a buena parte de sus miembros, debe asumir maduramente su responsabilidad por el daño ocasionado y disponerse a adoptar profundas medidas reparatorias. Y debería hacerlo por la vía del derecho pleno, o bien –mientras tanto– mediante políticas sociales que tiendan a neutralizar el deterioro de las condiciones de vida de la población, a la par de ir creando las condiciones para contribuir a la consolidación de un orden social más justo y equitativo.

El derecho a la asistencia no cambia la naturaleza de las relaciones sociales vigentes en la sociedad. Pero sí debilita la lógica de quienes defienden la continuidad de sociedades inequitativas y, a la vez, ética y estratégicamente contribuye a la reparación de los problemas sociales, en la perspectiva de ir construyendo alternativas más sólidas para un funcionamiento social más digno y más humano.

Reconocer el derecho a la asistencia implica la aceptación de que las personas a ser asistidas básicamente carecen –por las condiciones del funcionamiento social– de posibilidades para un adecuado despliegue de sus potencialidades que, entre otras cosas, les permita satisfacer autónomamente sus necesidades. Familias sin los medios suficientes para la reproducción de su vida, con problemas de empleo, con ingresos degradados, con problemas habitacionales, de salud, de escolaridad, no pueden más que tender a repetir esas condiciones en las generaciones siguientes.

Interferir e interrumpir ese proceso social negativo constituye una responsabilidad ética impostergable, pero –además– implica asumir una imprescindible opción de fortalecimiento de la democracia, en tanto una verdadera democracia no puede reconocerse como tal con graves niveles de pobreza y exclusión.

Además, las propias contingencias de la vida pueden conducir a cualquier persona a padecer accidentes que le generen discapacidades puntuales, cuya atención y protección posterior es menester que sea asumida por las instituciones específicas de todo Estado moderno. 

En 1961, el médico argentino Regino López Díaz, director nacional de Asistencia Social, afirmaba: “Es nuestra aspiración común que este país no tenga necesidad de un organismo encargado de la asistencia social”. ¡Cómo no coincidir con esa aspiración! Pero resulta que, a 56 años de haber sido formulada, todavía no sólo no se concretaron los cambios que hicieran innecesaria la asistencia, sino que se produjo un significativo aumento de la pobreza y de la desigualdad social.

También el economista sueco Gunnar Myrdal, que obtuvo el premio Nobel de Economía en 1974, manifestaba en 1968: “Mi ideal es que se lleven a cabo reformas sociales tales –en los vastos campos de la distribución del ingreso, la vivienda, salud pública, educación, el enfrentamiento de la delincuencia, etc.– que el Servicio Social se vuelva más bien innecesario o se transforme en algo muy especial, algo individualizado y especializado, mientras no sea simplemente la administración de la legislación social.” Pero esas “reformas sociales” (que también nosotros deseamos, profundas y lo antes posible) no se cristalizaron a cabalidad. Y la asistencia, entonces, continúa siendo necesaria.

Las políticas de asistencia son insuficientes, pero hay algo mucho más insuficiente aún: la ausencia de políticas de asistencia. Desconocer el derecho a la asistencia es precisamente el posicionamiento que asumen los gobiernos conservadores, que tienden a recortar los recursos destinados a la acción social, desertando de esta responsabilidad estatal o bien transfiriéndola hacia modalidades de beneficencia y de voluntariado, optativas y además escasas, a ser encaradas por sectores privados (empresariales, religiosos, filantrópicos).

Defender la idea de la asistencia como derecho exige también diferenciar esta concepción de aquellas alternativas que, con lamentable frecuencia, transforman la asistencia en un recurso para la construcción de relaciones clientelistas, generando dependencia y sumisión. Toda persona o grupo que recibe algo (por la vía del no derecho) siempre queda en deuda con el que se lo da. En ese caso, el que recibe debe a quien da. Por el contrario, los derechos implican el reconocimiento de ciudadanía plena para toda la población, fortaleciendo la autonomía y neutralizando la discriminación y la diferenciación social.

Comprender esta ecuación nos debe impulsar a revalorizar la concepción de derechos, que es la que construye democracia en serio. Y nos podrá ayudar a alejarnos de la desgraciada descripción que contiene aquel proverbio africano que afirma que “la mano que recibe está siempre debajo de la mano que da”.

* Profesor consulto de la UBA.


Opinión 

La “sensibilidad social” en política

Por Cecilia B. Díaz * y Cristian Secul Giusti **

A partir de las decisiones del macrismo de recortar descuentos en medicamentos de jubilados y, sobre todo, la suspensión de pensiones a los discapacitados se sucedieron expresiones de indignación, críticas e interpretaciones sobre la impronta de su gobierno. En ese coro de discursos, una de las frases condenatorias y recurrentes fue “no tienen sensibilidad social”, pronunciada por representantes de distintos partidos de la oposición y del periodismo. En este sentido, el empleo del enunciado sirve como explicación de la causa por la cual la alianza Cambiemos tomó –y sostuvo por una semana– una medida impopular en el inicio del año electoral.

La trampa en torno a esa frase refiere a la efectividad que presenta como slogan o latiguillo de campaña y también destaca la funcionalidad que articula en relación con el discurso del proyecto neoliberal. El enunciado, señalado en una tonalidad grave, adusta y de apariencia crítica, encubre la finalidad deshumanizadora del Estado al cuantificar cada ámbito de lo social y medir la vida en lógica de rentabilidad. En ese plano, señalar la falta de “sensibilidad social” de los políticos oculta la política programática dirigida a robustecer el capital financiero internacional. 

Por esto, no es casual que las decisiones que más han generado resistencia hasta en el propio electorado macrista, como el 2x1 y los recortes a la pensiones de los discapacitados, sean aquellas vinculadas a los derechos humanos. De algún modo, su carácter universal y cierto consenso construido en los últimos años sobre la inclusión forjan una muralla al avance neoliberal.

No obstante ello, genera extrañeza que quienes se refieren a la “sensibilidad social”, omiten otros enunciados más amplios como justicia social en la que encuadran tanto la protección sanitaria a los adultos mayores como las pensiones por discapacidad. En este caso, lo sensible se acerca a la lástima y se despega de la noción de protección de un Estado que persiga el bienestar. Este enunciado se vuelve más grave cuando es expresado por aquellos dirigentes que se reconocen peronistas y dicen pregonar aspectos de justicia social. Lo cierto es que la indignación pierde sustento cuando se denuncia sobre lo emocional y no sobre la racionalidad neoliberal. Es allí donde se legitima el discurso al que se pretende cuestionar en tanto se habla dentro de su campo semántico y se contribuye a su principal propósito: la despolitización. 

Por otro lado, aquellos panelistas o voces influyentes en las redes sociales que suelen interpretar y justificar al oficialismo sostenían la medida de quita de subsidios señalando el gasto excesivo en una minoría o bien, ensombrecen actualmente aquel derecho con la sospecha de corrupción sobre la adjudicación. Sin embargo, en otra derrota del cerco mediático por parte de los focus groups, aquellos que defendieron la medida denostando el aspecto de protección social quedaron desfasados al momento del –ya común– reconocimiento del error y del “dolor” que produce en los ministros del ajuste.

Es que ante el reproche de “falta de sensibilidad social”, los funcionarios Pro evitan enunciar razones de política económica: sus epítetos y sus respuestas se vinculan con aparentes muestras de humanidad, donde cualquiera puede cometer un error y lamentarse por las consecuencias. De hecho, la victoria discursiva diagramada y amplificada por los medios se relaciona con esa cuestión, es decir, con el hecho de reconocer un error y demostrar cierta acción humana. 

En este contexto, cobra relevancia otra estrategia de la alianza Cambiemos a la que su mejor figura política, la gobernadora María Eugenia Vidal, recurre a menudo: el retiro espiritual para el gabinete. De esta manera, se destaca la alusión mediática del breve descanso y el respiro por fuera de las oficinas gubernamentales. Dicha situación expone una plausible reflexión sobre la dirección política del oficialismo, profundiza una construcción de imagen de rostro humano y femenino –dócil, cortés y sencillo– y evita pensar en la aplicación de políticas tan excluyentes y destructivas como las actuales. Allí la sensibilidad exigida no parece hacer la diferencia.

Otro aspecto preocupante de la reacción opositora es su mirada ingenua que se demora en señalar el traspié político y desatiende las medidas preocupantes que pasan inadvertidas. Es decir que no se toma nota de la propia confesión desarrollada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien destaca didácticamente la estrategia de desguace que debe interpretar y efectuar el actual gobierno. Por tanto, y con todas las deficiencias, el macrismo sostiene una iniciativa política de la que ninguna sensibilidad social opositora se ha sabido percatar. 

Sin dudas, la acusación de carencia o posesión de “sensibilidad social” despolitiza la discusión en torno a los derechos y la dirección de las políticas públicas. Por esta razón, la aplicación del discurso hegemónico en la oposición habilita una reacción funcional que viabiliza las intenciones del proyecto de estirpe neoliberal y permite continuar con una estrategia deshumanización y eficiencia para el daño social. 

* Doctoranda en Comunicación Social, Lic. en Comunicación Social, docente (Unlam, Untref, Iunma).

** Doctor en Comunicación, Lic. en Comunicación Social, docente (UNLP). 

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