La Defensoría de Casación bonaerense informó que durante el 2016 se registraron 673 casos de torturas y tratos inhumanos en dependencias penitenciarias y comisarías de la provincia, de las cuales sólo 340 fueron denunciados, mientras que los restantes 333 solicitaron la reserva para evitar represalias. Del total de los casos, un veinte por ciento de las víctimas fueron mujeres y niños menores de 18 años. Según el informe, en 307 casos se trató de episodios de brutalidad policial mediante golpes de puño, patadas, duchas frías y otros tormentos. La defensoría de Casación, que denunció “el grado de deterioro de las instalaciones penitenciarias y policiales”, requirió a los poderes del Estado provincial la creación de un mecanismo de prevención de torturas; y que la policía judicial y que la Salud penitenciaria dependan del Ministerio de Salud provincial.